2022 cierra con la crisis energética extendida a toda la economía y convertida ya en una histórica crisis de inflación. En 2023, dos modelos convivirán en la lucha por aliviar el daño de las subidas de precios. Por un lado, los incrementos de los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo (BCE) que buscan provocar una recesión y ahogar la demanda. Por otra parte, las medidas centradas en los más vulnerables y los límites como el tope al gas del Gobierno que han servido en los últimos meses para reducir el IPC (Índice de precios de consumo), del techo del 10,8% interanual de julio al 5,8% de diciembre.
Algo más de un año después de los primeros sustos en las facturas de luz y en las gasolineras, la inflación es ya un problema estructural. Las subidas de precios han pasado de ser un acontecimiento temporal, focalizado en el gas y los carburantes por el impacto de la invasión rusa de Ucrania, a extenderse a la mayoría de la cesta de consumo, propiciando un golpe formidable al poder adquisitivo de las familias.
La escalada de la energía ha ido calando en todos los bienes y servicios. Y, en diciembre, el IPC subyacente, que excluye de su cálculo precisamente electricidad, gas, carburantes y alimentos frescos (considerados los elementos más volátiles, que sufren las subidas y bajadas más bruscas), alcanzó el 6,9% y superó en 1,1 puntos al IPC general, como se observa en el gráfico.
Este IPC subyacente incluye precios que tardan en subir, pero que también tardan en bajar. Y que haya superado al índice general se explica por la caída de los precios energéticos en las últimas semanas, mientras el resto de precios ya se habían contagiado del incremento de los costes, que las empresas han ido trasladando durante toda la crisis a los precios finales de ventas. El último vagón de este tren desbocado que es la inflación está siendo la alimentación, especialmente exacerbada en la campaña de Navidad.
La dimensión estructural de la inflación actual se entiende bien con los siguientes datos: más de la mitad del conjunto de la cesta de consumo respecto a la que el INE (Instituto Nacional de Estadística) calcula el IPC general subió más de un 6% interanual (respecto al mismo mes del año pasado) en noviembre, el último periodo del que se conoce el detalle del índice. Solo bajó un 14% de esta cesta en este mes, entre ellos la electricidad o la gasolina.
No en vano, Funcas ha elegido el IPC energético “como 'el dato del año' en tanto que el mercado de la energía ha sido unos de los principales determinantes de la marcha de la economía en 2022”. Según repasa el equipo de economistas del centro de análisis, “el índice que agrupa los componentes energéticos del IPC se ha incrementado un 28,7% en 2022 (con datos hasta noviembre) tras haberse encarecido un 21,2% en 2021. No se veían incrementos tan abruptos desde la crisis del petróleo de los años 70”.
Ante esta crisis energética, “había que reaccionar no solo con medidas de amortiguación, sino de diseño del mercado, y ahí ha sido muy importante el mecanismo ibérico”, reflexionaba recientemente Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Este límite al precio del gas para abaratar la factura de la luz y el descuento general a los carburantes, que ha expirado al cierre de este año, han sido las principales medidas que han moderado la inflación en los últimos meses. Hasta el punto de que las subidas de precios en España son las más bajas de la eurozona.
Esta moderación respecto al resto de los socios que comparten el euro no es solo un eslogan político. Significa un menor daño para las familias en un contexto de contención de las subidas salariales. Y, por otro lado, mejora la competitividad para las empresas de nuestro país. Además, muchas de las compañías, sobre todo las medianas y las más grandes y de sectores como la energía, la banca o la alimentación, están aprovechando la inflación para incrementar sus beneficios, al estar manteniendo o mejorando márgenes (la capacidad de convertir en ganancias los mayores ingresos).
El “machete de pescadería” del BCE
En este situación, especialmente complicada para las familias, la respuesta de la política monetaria que maneja el BCE está siendo la de “un machete de pescadería”, como admitió el propio Óscar Arce, director general de Economía de la institución. El BCE llevó los tipos de interés hasta el 2,5% en su reunión de este mes de diciembre, en el ciclo más rápido de aumentos del precio de su historia.
Y su presidenta, Christine Lagarde, anunció más aumentos en los próximos meses, a un ritmo de 0,5 puntos al menos en los encuentros previstos en febrero y en marzo del consejo de gobierno de la institución. Lagarde sorprendió por su determinación en mantener la estrategia de asfixiar la economía para luchar contra la inflación, que el BCE no ve normalizada “hasta 2025”. Y la principal consecuencia para las familias es la escalada del Euribor, que hace solo un año estaba en negativo.
El riesgo de una espiral de precios y salarios es la principal justificación del BCE para subir los tipos de interés oficiales, y así encarecer las hipotecas y el resto de préstamos para asfixiar la demanda y la capacidad de inversión y contratación de las empresas. Si en el presente no hay evidencias para incidir en la amenaza de “los efectos de segunda ronda”, que implicarían bucles de aumentos de salarios, ahora muy limitados, el FMI constata en un informe publicado recientemente que en el pasado tampoco es fácil encontrarlas.
Medidas quirúrgicas
Para compensar el doble golpe que ejercen las subidas de tipos junto al daño de la inflación, que encima es más sangrante para las familias con menos renta, la mayoría de instituciones, incluso el BCE, piden medidas quirúrgicas. En ese sentido, en el último Consejo de Ministros del año, el Gobierno aprobó un nuevo plan de choque de 10.000 millones, más focalizado en las familias y empresas vulnerables respecto a los anteriores.
El paquete incluye una rebaja del IVA en los alimentos que pretende aliviar el asfixiante incremento del coste de llenar el carrito de la compra. Una medida que sería retirada en mayo si la inflación subyacente cae por debajo del 5,5% en marzo y que está puesta en cuestión por la amenaza de los que los supermercados la trasladen a sus beneficios.
Respecto a los tipos y el Euribor, el Ejecutivo reaccionó a la agresividad del BCE con un plan para limitar las subidas de las hipotecas y ampliar sus plazos para quienes tengan hasta 29.400 euros de renta.
La resiliencia del consumo por la fortaleza del mercado del trabajo tras la reforma laboral de 2021, el despliegue de los fondos europeos, y el incremento de los beneficios de las empresas son los principales diques de contención de estas consecuencias de la crisis de inflación. Y, de momento, garantizan que España lidere las previsiones de crecimiento económico en la eurozona.