Luis Planas: “Pretender fijar los precios de los alimentos es inviable”

En su despacho en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas tiene cuatro fotografías enmarcadas. Junto a Felipe VI, dos ministros socialistas que también han sido comisarios europeos de Asuntos Económicos y Monetarios, Pedro Solbes y Joaquín Almunia; y junto al expresidente del Congreso de los Diputados, el fallecido Manuel Marín, de quien fue director de gabinete mientras ocupó la vicepresidencia de la Comisión Europea.

Un despacho, con vistas a la madrileña estación de Atocha, que ocupa desde junio de 2018. Cuatro años marcados por la gestión de la pandemia y, en los últimos meses, sobre todo, por las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Ucrania, el aumento de los costes, las tensiones por la falta de materias primas y el miedo a un posible desabastecimiento. “No hay ningún riesgo, pero solo hace falta que haya un movimiento de pánico o alguna información para que la gente crea que hay que acumular”, reconoce el ministro.

Hace unos días anunció un paquete de medidas, de ayudas, a todos los agentes del sector. ¿Son suficientes para superar la difícil situación por el alza de precios, falta de materias primas…?

El Gobierno aprobó un paquete de medidas que supone 430 millones de euros para el sector primario. Ahora estamos negociando cómo repartirlos con las comunidades autónomas. Dos tercios de estas ayudas son presupuesto español y un tercio es financiación europea. Creo que es un paquete de medidas sólido, que pretende dar una respuesta puntual a la situación actual.

¿Serán necesarias más ayudas?

La previsión es que alcancemos el techo de incremento de inflación en el primer semestre del año. A continuación, el conjunto de los insumos se van a ir estabilizando e irán disminuyendo. Hasta el 30 de junio, estas medidas deben surtir efecto. En el tema ganadero hemos aprobado 169 millones de euros de apoyo directo para vacuno de leche, ovino y caprino. De ellos, 124 millones son para vacuno de leche que, ahora mismo, es el sector más vulnerable, porque han subido mucho los piensos y eso ha provocado una caída de la rentabilidad muy peligrosa. Como comparación, en el año 2015, cuando se produjo la gran crisis láctea, se estaba pagando al productor a 0,15 euros el litro y se dieron 45 millones. Ahora damos el triple. 

El sector primario también se queja de las subidas de otros productos. ¿Por qué se han disparado de precio los fitosanitarios o los fertilizantes?

La relación de los fertilizantes con el gas es directa. La producción de amoniaco, los nitrogenados, fosfatos o potasas se importan de terceros países. Estamos hablando de 'commodities', de materias primas, donde juegan mucho los mercados internacionales. El gas influye en en el coste y la fijación marginalista del precio de la electricidad, pero también influye en otros insumos del sector agrario.

En las últimas semanas hemos hablado en elDiario.es con los responsables de COAG y UPA y nos decían que no se sabe cuántos cereales hay en España. ¿De verdad no se sabe?

En lo que se refiere al maíz y a la alimentación animal lo que dicen los fabricantes de piensos es que disponemos de unas reservas de dos meses, aproximadamente. Pero, gracias a las medidas de flexibilización que hemos adoptado, porque están en curso envíos hacia España de otros mercados alternativos al mercado ucraniano o ruso, no va a haber ningún problema de abastecimiento en cantidad, sí que, probablemente, haya una afectación en materia de precios.

Un tema distinto es que hemos pedido a la Comisión Europea, y lo hemos obtenido, una flexibilización en las normas de aplicación de la PAC para conseguir que parte del barbecho o de las superficies de interés ecológico se puedan utilizar. En España tenemos 21,5 millones de superficie agraria útil y unos 2 millones de barbecho. De ellos, parte son tierras que tienen una baja rentabilidad, por ejemplo, secano muy poco productivo. 

Entonces, se va a cultivar en tierras que no son las más productivas.

No, no lo son, pero desde el Ministerio hemos calculado que, teniendo en cuenta los precios del cereal y del girasol en este momento, se pueden poner en producción unas 600.000 hectáreas, que pueden producir unos 300 millones de euros de ingresos suplementarios para el sector. ¿Es suficiente para cubrir todas nuestras necesidades? No, tendremos que seguir importando, pero es una medida favorable en este contexto.

Se pueden poner en producción unas 600.000 hectáreas, que pueden producir unos 300 millones de euros de ingresos suplementarios para el sector

¿Hay actores que han especulado con los cereales? ¿Se han guardado cereales esperando a que suban más de precio?

Los mercados funcionan como funcionan. No es solo el principio de oferta y demanda. En el marco de las materias primas y los mercados internacionales de cereales y oleaginosas lo que funciona son los mercados de futuros. En función de las previsiones de las cosechas, de las previsiones de oferta y demanda, se fijan los precios internacionales. Ahí hay diversos actores y cada uno trata de obtener el máximo beneficio. Frente a ello, pocos remedios quedan. Pongamos el ejemplo de Egipto, que es uno de los grandes compradores mundiales de trigo y que se abastece habitualmente de Rusia, pero que ha tenido que pedir un préstamo al FMI para poder asegurar sus compras de trigo y de petróleo. Estamos en una situación difícilmente controlable.  

¿Cómo se puede frenar, limitar o acotar esta especulación con los alimentos?

En esta situación, Europa es casi un oasis. Han subido los precios pero no tenemos ningún problema de abastecimiento. Sin embargo, hay países donde el pan es un producto de primera necesidad, que está hipersubvencionado, donde se paga por él la décima parte de lo que cuesta producirlo, o la mitad. Pienso en algunos países mediterráneos y en la primavera de 2011, en las revueltas del pan. Estamos en una situación grave. Tenemos un mecanismo de coordinación, a nivel de FAO y de G20, que se llama AMIS [Sistema de Información sobre Mercados Agrícolas] donde hacemos un seguimiento. Pero de hacer un seguimiento a poder decir que controlamos los mercados es ilusorio en este momento.

¿Y no es planteable, como ocurre con el gas, tener unas reservas estratégicas de alimentación?

Es un tema muy importante, porque una de las razones por las cuales en estos dos años de pandemia no hemos sufrido dificultades adicionales a nivel de alimentación mundial, es porque a principios de 2020 había stock suficiente de cereales y de oleaginosas. Eso lo han analizado tanto la FAO como la Comisión Europea. Ahora la situación no es la misma, derivada de muchos factores: la salida de la pandemia, los problemas del transporte, el crecimiento de la demanda en China… Ha vuelto a subir la cifra de personas que pasan hambre en el mundo. Somos 8.000 millones y hay 800 millones de personas en el mundo que pasan hambre. Eso es muy grave. Hay que intentar de todos los modos posibles, a nivel internacional, coordinar nuestra actuación para que los sectores más vulnerables no se vean afectados en su propia supervivencia.

Apoyaríamos que constituyésemos unas reservas estratégicas, por ejemplo, de trigo o productos que son necesarios para la alimentación humana

Garantizar, entonces, la soberanía alimentaria de todos los países, sean desarrollados o no.

Evidentemente. Vuelvo a las reservas. Hay reservas en materia energética, hay obligaciones a nivel de la UE, directivas que implican que los Estados miembros tienen que tener reservas de petróleo y de gas. No las tenemos en materia alimentaria, pero hemos dado el primer paso. No solo hemos creado un mecanismo de supervisión europeo, sino que, por primera vez, la Comisión nos plantea a los Estados que facilitemos estadísticas de disponibilidad de productos y bienes fundamentales. De ahí no hay más que un paso a constituir unas reservas y yo no descarto que lo hagamos en un futuro próximo.

¿Serían reservas europeas, no españolas?

Sí, a nivel europeo, que será la suma de lo que tengamos los Estados. España lo apoyaría. Apoyamos que se intercambien las estadísticas de disponibilidad de productos básicos y, evidentemente, apoyaríamos que constituyésemos unas reservas estratégicas, por ejemplo, de trigo o productos que son necesarios para la alimentación humana.

¿Vamos a tener que importar cereales transgénicos que hasta ahora no estaban permitidos en la UE? ¿Son seguros?

Estamos comprando maíz a otros países. Podemos abastecernos de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá o Australia y no necesariamente tienen que ser transgénicos. Solo importamos aquello que está autorizado por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. No hay absolutamente ningún tipo de riesgo.

La Comisión Europea ha publicado un borrador de la directiva de emisiones industriales donde establece que una granja de 150 vacas es una instalación sometida a las mismas normas que una industria química. Usted ha declarado que esta propuesta “está absolutamente fuera de lugar”. ¿Por qué?

Nadie discute la preservación del medioambiente y la lucha contra el cambio climático. Soy un firme defensor de que hay que mantener el rumbo ambiental de la Política Agraria Común (PAC). Sin embargo, en estos momentos, es necesario adaptar el orden de prioridades de la agenda política a la realidad del contexto derivado de la guerra en Ucrania. En este sentido, la revisión de la directiva sobre emisiones industriales, ampliando su aplicación a más explotaciones ganaderas de pequeña dimensión, no puede ser la prioridad en este momento. 

Europa está sufriendo una guerra a sus puertas, con unas terribles consecuencias para la población ucraniana, pero también con unos efectos económicos muy negativos sobre algunos sectores como el agrario. ¿Por qué señalo que la Comisión Europea no está siendo coherente o incluso contradictoria? Pues porque nos pide a los Estados miembros que tengamos en cuenta las consecuencias de la guerra en Ucrania a la hora de atender sus observaciones a los planes estratégicos nacionales de la PAC para mejorar la suficiencia alimentaria y disminuir el grado de dependencia exterior de nuestra agricultura y ganadería. Y, esta semana, nos ha sorprendido con la publicación de este borrador para revisar la directiva sobre emisiones industriales. No discutimos el objetivo de reducción de emisiones, pero las decisiones deben ser sensibles y coherentes con el contexto actual.

Y en el momento en el que estamos, con todas las incertidumbres que hay, ¿no es el momento de cambiar el rumbo de la PAC?

La PAC, para el 2023-2027, tiene una significación más ambiental que en el pasado. Al menos un 40% de los fondos de la actual PAC tienen que tener relación con objetivos ambientales o de cambio climático, pero, al mismo tiempo, no hay que olvidar la rentabilidad de las explotaciones. Es un equilibrio. No hay sostenibilidad sin rentabilidad. Hablando de sostenibilidad, en este semestre espero poder llevar a Consejo de Ministros el proyecto de Ley sobre pérdida y desperdicio alimentario. 

¿Ahí entrarían las cadenas y empresas de distribución?

Entra todo, porque hay pérdida y desperdicio en la producción primaria, en la manipulación, en la distribución y en el consumo. El alimento más caro es el que se echa a la basura, porque es un producto desperdiciado ambiental, económica y moralmente.

Entre el 20% y el 30% de la producción de alimentos se tira. Es una cifra insoportable porque hay productos que están en buenas condiciones

¿Cuántos alimentos desperdiciamos?

Es una cifra estimada, porque también tenemos que mejorar la transparencia y las estadísticas de las que disponemos; pero hay estudios de FAO, de la UE y del Ministerio que sitúan en casi 30 kilos o litros por habitante y año de pérdida y desperdicio alimentario. FAO llega a decir que entre el 20% y el 30% de la producción de alimentos se tira. Es una cifra insoportable porque hay productos que están en buenas condiciones.

En cuanto a las relaciones entre productores, fabricantes y la distribución, desde diciembre está en vigor la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe vender por debajo de lo que cuesta producir. ¿Se está cumpliendo la Ley? 

Está cumpliendo su papel pero está muy lejos de la altura y de la velocidad de crucero. En situaciones de crisis, los ajustes son siempre a la baja y presionan sobre el más débil, en este caso el sector primario. La existencia misma de la Ley ya es un factor de protección. ¿Hemos conseguido la plenitud de su aplicación? Aún no, por una razón muy sencilla: porque es un cambio de cultura de 180 grados en las transacciones en el sector. La primera obligación es que tiene que haber un contrato por escrito en todas las operaciones por encima de 1.000 euros, eso ya es un elemento de transparencia. Hemos introducido un registro electrónico de contratos, que estará en funcionamiento a principios de 2023, que gestionará este Ministerio y donde habrá una obligación de depósito de estos contratos de cara a su posible verificación.

La Ley prevé sanciones y las aplicaremos, porque el precio de venta no puede estar por debajo de los costes de producción. Si alguien tiene la tentación de aprovechar el actual incremento de precios para hacerlo a costa de otros no lo va a lograr. La Administración tiene capacidad de denuncia y de actuación.

El sector primario se queja de que sí sigue sucediendo...

Si sucede, no tienen más que denunciarlo y la Administración actuará. El sector más crítico, el más vulnerable desde el punto de vista de la cadena de valor, es la producción de leche porque se ha identificado, por la distribución y por los consumidores, como un producto reclamo, a costa del productor primario.

¿Hacen falta más inspectores para que se actúe de oficio en estos casos de abusos?

Hemos aumentado notablemente el presupuesto, los medios materiales y humanos de la Agencia de Control e Información Alimentaria, la AICA, y, si es necesario, lo continuaremos haciendo en los próximos años. Pero hay una actuación en red. La AICA es el elemento central, pero tiene que estar en coordinación con las comunidades autónomas que también deben poner medios materiales y humanos para complementar la actuación en su ámbito territorial. El año pasado se produjeron más de 1.000 inspecciones de la AICA. 

¿A día de hoy, todo el mundo está dando el do de pecho con la Ley de la Cadena? Pues no. Hay comunidades que lo tienen muy claro y están cooperando mucho y otras que están teniendo dificultades

El sector dice que, cuando se trata de los problemas del campo, las comunidades autónomas se ponen de perfil. ¿Coincide con esto?

Es una realidad más cierta en algunas que en otras. La Ley de la Cadena es una reivindicación histórica del sector agrario y ganadero. ¿A día de hoy, todo el mundo está dando el do de pecho? Pues no. Hay comunidades que lo tienen muy claro y están cooperando mucho y otras que están teniendo dificultades. Nuestra visión desde el Ministerio y desde el Gobierno es que vamos a incentivar y a llamar la atención a las comunidades, sobre esto vamos a volver, con sucesivas reuniones a lo largo de 2022, para que se responda a las demandas del sector.

Tener dificultades no es lo mismo que ponerse de perfil. ¿Hay comunidades más reacias a la hora de aplicar la Ley?

Yo no he escuchado a nadie decir que esté en contra de la Ley de la Cadena Alimentaria. A quienes dicen que no se cumple no tienen más que poner los medios para echar una mano en el cumplimiento, es un momento claro de unión de fuerzas y de coordinación. Esto no es una cuestión política, sino de gestión, que es clave para la rentabilidad del sector agroalimentario.

Mencionaba el precio de la leche, lo hemos visto en los últimos meses con diferentes productos. ¿No se pueden plantear precios mínimos en bienes y productos de alimentación que son esenciales para que no se vendan por debajo de un precio?

Esa pretensión es inviable, desde el punto de vista legal. Ni nuestra Constitución, ni nuestro sistema jurídico, ni los tratados comunitarios permiten la fijación de precios. Cosa distinta es –y de ahí nace la Ley de la Cadena– que las reglas de competencia en el sector agroalimentario, el tratado de funcionamiento de la UE, los califique como una situación singular, porque hay un gran desequilibrio entre el agricultor, la industria y la distribución. De lo que se trata es de buscar transparencia y equilibrio, pero la fijación de precios es incompatible con el funcionamiento del mercado único. 

¿Creen que si se alarga la guerra habrá problemas con el abastecimiento de determinados productos? ¿Dónde cree que puede haber más tensiones?

La producción agraria y ganadera tiene una singularidad. En la producción industrial puedes hacer previsiones, delimitar la producción en función de lo que esperas vender. Pero aquí hay elementos aleatorios, por ejemplo, las heladas. Hay cosechas importantes seguidas de otras menores y eso influye en la fijación de precios. Ahora el aceite de oliva tiene buenos precios. Conseguimos que, en los años donde haya una gran producción, se pueda almacenar. Hablamos de alimentos con una vida útil y larga, que no se aplica en otros como frutas, hortalizas o frescos.

En las últimas semanas nos hemos vuelto locos comprando aceite de girasol…

Es un efecto colateral. Me contaron que ha comprado aceite de girasol gente que no lo utiliza solo porque todo el mundo lo estaba comprando. Son movimientos peligrosos. De ahí que en el Real Decreto, en el plan de choque, el Gobierno haya establecido la posibilidad de limitar la venta en determinados momentos, no porque haya un riesgo de desabastecimiento generalizado. Lo mismo pasó en la pandemia. Estamos en contacto diario con el sector productor, con la industria y con la distribución. No hay ningún riesgo de desabastecimiento pero solo hace falta que haya un movimiento de pánico o alguna información para que la gente crea que hay que acumular.

Hay actores del sector que creen que la reforma laboral no ha tenido en cuenta al campo, por ejemplo, con la dependencia de contratos temporales en picos de cosecha, que cambian de un año a otro y no tienen por qué encajar con los fijos discontinuos. ¿Se escuchó al campo al diseñar la reforma?

La reforma laboral es muy positiva. Lo estamos viendo, desde el punto de vista de la estabilidad, junto al incremento del salario mínimo. Nadie puede estar en contra de la dignidad del trabajo y de las remuneraciones. La reforma laboral es un pacto nacional apoyado por CEOE, por Cepyme, por CCOO y por UGT. Tiene peculiaridades en relación con los sectores productivos. Creo que se trata de aplicar la norma que ha sido acordada y a partir de ahí ver su funcionamiento. Si hay cualquier dificultad, se examinará. En estos momentos el balance provisional es muy positivo y no tendremos una perspectiva de conjunto hasta que, al menos, pase un año concreto de su aplicación.

El ministro de Agricultura no es un 'urbanita' y este Gobierno tiene sensibilidad y alma rural. Urbana y rural

También se critica que la política del campo se suele diseñar con ojos urbanos, por 'urbanitas' que no conocen la realidad del campo.

El ministro de Agricultura no es un urbanita y este Gobierno tiene sensibilidad y alma rural. Urbana y rural. El 84% de nuestro territorio es rural y tenemos que tener esa visión. Yo lo he dicho en voz alta, hace falta combinar cómo se ven las cosas desde el campo y desde la ciudad. 

¿Qué le pareció la manifestación del mundo rural del pasado 20 de marzo?

Dije que el Gobierno tomaba nota. Fue una manifestación con intereses diversos y no siempre coincidentes, organizaciones agrarias, caza, sectores ganaderos. Esa manifestación dijo “queremos ser escuchados” y yo estoy de acuerdo como ministro. Siempre intento trabajar de la mano del sector agrario y ganadero y del mundo rural. Soy muy sensible a cuestiones que, en ocasiones, para algunos sectores de la sociedad, pueden resultar polémicas, no para mí, como el mundo de la caza.

¿Por qué?

Porque creo que forma parte de nuestro mundo rural y la caza sostenible, entendida como aquella que no es un elemento de depredación, sino un elemento de regulación, es absolutamente necesaria. Pongamos el ejemplo de los jabalíes. Durante la pandemia, se vieron en ciudades o pueblos buscando alimentación y tuvimos que dictar una resolución para que las comunidades autónomas pudieran autorizar batidas. Estamos en un ciclo natural de vida y de sociedad y hay que admitirlo como tal y reconocerlo. La práctica de la caza es la tercera actividad más federada de España después del fútbol y el baloncesto. Es una realidad en toda España. A uno le puede gustar la caza o no, es un tema diferente, pero es una realidad.

¿Y la polémica del lobo?

También está en el punto de equilibrio entre la preservación de la biodiversidad y la protección de los intereses ganaderos. Yo, como ministro de Agricultura, estaré siempre más cerca de la protección de los intereses de los ganaderos, desde el punto de vista de la seguridad. Más allá de las indemnizaciones, quien sufre el ataque del lobo sufre un estrés y una preocupación muy grave. No es solo una cuestión española, ocurre en Finlandia o en Rumanía. Yo entiendo que es algo que preocupa a los ganaderos.

La caza sostenible, entendida como aquella que no es un elemento de depredación, sino un elemento de regulación es absolutamente necesaria

¿Cómo convencería a los jóvenes de que hay futuro laboral y vital en el campo?

Es diferente en cada sector. En la agricultura y ganadería, se les convence con explotaciones rentables y que se pueda tener acceso a los medios, a la tierra, que haga posible un futuro de proyectos de vida y de trabajo, Hay mucha gente que se siente atraída por el mundo rural, por volver a las raíces, pero esto no es literatura pastoril, no es un medio idílico. Trabajar en el campo es muy duro y hace falta sobre todo rentabilidad; y factores como la disponibilidad de servicios públicos. 

En el sector pesquero hay peculiaridades. Estoy defendiendo y empezando a convencer a la Comisión Europea de que no solo sean necesarios medios para modernizar los barcos pesqueros. No podemos hacer la pesca del siglo XXI con barcos del siglo XX, me refiero a selectividad de las capturas, eficiencia energética, que sean más confortables, más seguros, porque acabamos de ver que el riesgo es muy alto. Todo sector que no tiene relevo generacional tiene un futuro más difícil.