No son la mayor fuente de ingresos de las comunidades, pero sí la que más atención y debate suscitan. Sucesiones, Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y Juego son los cuatro tributos que componen la cesta de impuestos cedidos de las comunidades. Sobre ellos, tienen el control absoluto y pueden aplicar las rebajas o bonificaciones que consideren. Algunos gobiernos han acudido especialmente a estas potestades del Estado autonómico y han iniciado con ello una guerra de rebajas que genera grandes diferencias entre territorios.
Esta cesta de impuestos generó para las comunidades más de 15.720 millones de euros en 2021, último año con datos definitivos de recaudación recogidos por el Ministerio de Hacienda. Se trata de un pastel importante para las comunidades que, pese a la carrera a la baja de los últimos años, no ha dejado de aumentar sus ingresos para las arcas autonómicas.
Ahora, 12 de las 17 comunidades reeligen a sus parlamentos autonómicos tras una legislatura donde los distintos modelos fiscales territoriales se han enfrentado, especialmente durante la crisis de la inflación. Estos impuestos, de ámbito estatal pero con la gestión cedida a las comunidades, tuvieron un claro protagonismo en la confrontación de estos modelos.
La clave de la gestión de estos impuestos no se encuentra en cuánto recaudan sino en cuánto se deja de recaudar. Para muestra, los presupuestos de 2023 que han aprobado todas las comunidades, salvo Madrid. Estas cuentas estiman una recaudación por estas figuras de casi 17.500 millones de euros. Sin embargo, los beneficios fiscales (reducciones, bonificaciones, etc.) suman 11.300 millones de euros. Es decir: por cada euro que se recauda se dejan sin ingresar 65 céntimos.
Madrid, la gran abanderada de las rebajas fiscales tras más de 20 años, ha sido acusada por otros territorios de ‘dumping’ fiscal. Los datos muestran la importancia que tienen los beneficios fiscales en la región. Acumula más de cuatro de cada 10 euros que las comunidades perdonan por estos cuatro impuestos y deja de ingresar más del doble de lo que recaudan. Su memoria de beneficios fiscales, que deben presentar todas las administraciones junto a sus presupuestos, no contemplan el impuesto sobre Patrimonio, que perdona a los más ricos. Sirve de referencia los 992 millones que, según la Agencia Tributaria, dejó de recaudar Madrid en 2020. En el lado opuesto se encuentra Catalunya.
El impuesto sobre Patrimonio ha sido el claro protagonista del debate fiscal entre el Estado y las autonomías el pasado año. Madrid encabezó hace años esta batalla al bonificar el 100% de este tributo que pagan quienes tienen más de 700.000 euros, la clara minoría del total de los contribuyentes. Andalucía se le sumó con una bonificación idéntica, que empieza a aplicar este año, y Galicia amplió la suya hasta el 50%. La Agencia Tributaria se encarga de las declaraciones de este impuesto y al comienzo de la campaña, que coincide con la de la renta, estimó que este año se perderán 7.000 contribuyentes por las nuevas rebajas en Andalucía y Galicia.
El Gobierno respondió con la creación de un nuevo impuesto que contrarreste estas bonificaciones. El tributo temporal sobre las grandes fortunas gravará el patrimonio de aquellos que tengan más de 3 millones de euros. Así, una parte de los beneficios fiscales que aplican Andalucía, Madrid o Galicia, revertirán en las arcas del Estado gracias a este impuesto. Allí donde no existen bonificaciones, la mayoría de las comunidades, no se realizará un cobro por este nuevo tributo.
La deriva de recortes en este impuesto que plantea la derecha en España contradice las inercias que tras la pandemia se están produciendo en otros países de nuestro entorno. La OCDE publicó a finales del año pasado un informe en el que ponía el foco en los impuestos sobre las propiedades de los más ricos. “Las últimas reformas del impuesto sobre la propiedad generalmente han aumentado las cargas fiscales sobre los contribuyentes más ricos y los inversionistas inmobiliarios, con el objetivo de promover la equidad en los sistemas de impuestos sobre la propiedad”, señalaba el organismo que engloba a las economías desarrolladas.
Sin embargo, es otro impuesto el que se lleva el grueso de la pérdida de recaudación por los tributos cedidos. El de Sucesiones y Donaciones, que se paga por las herencias principalmente, ha protagonizado la carrera a la baja de los últimos años. Tal es así que si es un hijo quien hereda, ya está ampliamente bonificado en toda España. Este impuesto deja de ingresar más de lo que recauda, a tenor de los presupuestos de 2023 de las comunidades. En concreto, por cada euro recaudado, se dejan de ingresar tres.
Este impuesto ha sido muy denostado en España durante los últimos años, pese a que los organismos internacionales lo han mostrado en repetidas ocasiones como un tributo que ayuda a la redistribución de la riqueza. Sin embargo, desde la derecha española se ha cargado contra este tributo al tildarlo de “confiscatorio” o plantear que mucha gente en España tiene que renunciar a herencias por tener que pagar este tributo. Este mantra, sin embargo, se ve contrastado por las estadísticas y expertos, que aseguran que las renuncias se deben más a las deudas que conllevan que a los impuestos.
Sucesiones y Patrimonio han centrado el debate, pero no son las principales figuras de este apartado de impuestos cedidos a las comunidades. Son los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados las figuras más relevantes sobre las que tienen el poder casi absoluto las comunidades. Se espera que las comunidades recauden por este impuesto 12.350 millones de los 17.000 millones previstos por las figuras cedidas a los territorios. Sin embargo, los beneficios fiscales vigentes en las comunidades para estos gravámenes son mucho más bajos. Unos tienen la fama y estos impuestos cardan la recaudación.
La carrera a la baja de los impuestos cedidos no tiene visos de terminar. El PP promete en su programa electoral que avanzará en “la reducción del impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares directos, así como en la del impuesto de patrimonio”. A lo que responde el PSOE en su propio documento marco que “existen razones más que suficientes para defender los impuestos sobre el patrimonio y sobre sucesiones y donaciones”. Estos dos partidos están llamados a repartirse la práctica totalidad de las comunidades que acuden a las urnas este 28M.
Esta batalla trajo sobre la mesa durante el último año la palabra armonización. Es decir, que el Estado central fije un mínimo común para todas las comunidades que evite estas fuertes diferencias entre territorios. El Gobierno recibió incluso el respaldo para ello del comité de expertos que diseñó la reforma fiscal que ha quedado finalmente en el cajón. Con ese espíritu nació la idea del impuesto para las grandes fortunas, una figura que tendrá en julio su primera campaña de recaudación y que se va a aplicar en la práctica solo en las comunidades que bonifican el impuesto sobre Patrimonio.
La guerra competencial se dirimirá en el Tribunal Constitucional. El alto tribunal tendrá la última palabra tras los recursos presentados por Madrid o Andalucía y marcará quién tenía razón en esta batalla legal sobre las atribuciones que tienen las comunidades. Mientras tanto, su recaudación sigue adelante, estando vigente este año y el próximo.
Ingresos más allá de los cedidos
Las cuatro figuras fiscales que se encuentran en la cesta de los impuestos cedidos no son las únicas de las que se favorecen las comunidades. Existen numerosos impuestos propios en todas las comunidades salvo en Madrid, que anunció su eliminación. Se trata de figuras que pueden crear cada uno de los territorios dentro del margen que les concede su autonomía. Sin embargo, estos solo aportan un 2% del total de la recaudación, según el reciente Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral realizado por el Consejo General de Economistas.
Las comunidades gobernadas por el PP han utilizado durante el último año la fiscalidad para hacer oposición al Gobierno central, que alcanzaba unas tasas de recaudación nunca vistas antes en España. Esta batalla se prolongará, a tenor del programa electoral del PP para estas elecciones autonómicas. “Los impuestos bajos representan un incentivo para la recuperación y el fortalecimiento de la actividad económica, así como para la generación de empleo”, defiende el documento marco del partido.
El discurso encabezado por el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando afrontaba el asalto a la presidencia del partido llegó a acusar al Gobierno de “forrarse” con la subida de la luz o la gasolina. Sin embargo, esta subida de recaudación también recae en las Comunidades. Los territorios se benefician de un 50% del IRPF o el IVA o del 58% de algunos impuestos especiales como el de hidrocarburos, contra el que los populares hicieron una importante batalla.