Carreteras cortadas en Francia, agricultores bloqueando las principales calles del corazón de las instituciones comunitarias en pleno Consejo Europeo, tractores bloqueando vías en Portugal, Bélgica o Alemania y, ahora, también en España. El campo y su malestar se han convertido en los protagonistas de la última semana. Una crisis que mete en la misma coctelera la situación económica que viven los agricultores, la burocracia de la política que diseña Bruselas y la competencia de países con precios más económicos. También, la politización por parte de la extrema derecha que aspira a capitalizar este clima en vísperas de las elecciones europeas de mayo.
La realidad es que los problemas del campo vienen de lejos y las soluciones, critican los agricultores, tardan años en aterrizarse, si llegan a hacerlo. Ahora está en marcha una nueva etapa de la Política Agraria Común (la PAC), a repartir entre más países que en el pasado, y con la perspectiva de que Ucrania, el granero de Europa en guerra, acabe integrándose en la Unión, aunque aún no haya un calendario a la vista. Prueba de que el malestar viene de lejos es que, hace dos años, agricultores y ganaderos convocaron una gran manifestación en el centro de Madrid donde las reivindicaciones no fueron muy diferentes a las que se han escuchado esta semana.
Lo que sí han entrado en juego en estos últimos meses son factores que han acrecentado los problemas del mundo rural. Por un lado, los costes de los agricultores y ganaderos se han disparado, primero por las consecuencias de la pandemia, luego por el impacto de la guerra en Ucrania y el despegue del precio de la energía, de los fertilizantes y los fitosanitarios. Por otro lado, en España, Portugal y casi todo el sur de Europa, la sequía y el cambio climático están cambiando la realidad del campo, con cosechas que menguan y variedades de cultivo que comienzan a abandonarse por otras que dan más rendimiento en secano. Basta con ver lo que ocurre con el precio del aceite de oliva, que no tiene perspectivas de bajar en el corto y medio plazo.
En los últimos días han resonado las protestas de buena parte del campo europeo en casi todos los Estados miembros. Unas quejas, en parte, compartidas y, al mismo tiempo, locales, pero donde el marco es común. “Buena parte de lo que hablamos es competencia de Bruselas, la PAC es compartida”, aseguró el viernes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras reunirse con las principales organizaciones agrarias.
En ese caldo de cultivo se ha hecho fuerte el nacionalismo y la solución fácil de echarle la culpa al vecino. Cada uno, al suyo. “Siempre existe la tentación de buscar culpables fuera”, reconocía en una entrevista radiofónica la exvicepresidenta del Gobierno y actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño.
Ese señalamiento al vecino lo ha hecho el primer ministro francés, el recién nombrado Gabriel Attal, quien cargó contra los sectores agrícolas de España e Italia, a los que acusó de competencia desleal, pero sin mostrar ningún tipo de prueba. También la exministra de Ecología y Desarrollo Sostenible, Ségolène Royal, cargó en una entrevista en televisión contra los productos españoles, en concreto contra los tomates ecológicos. Una crítica –los calificó de incomibles– que desató una crisis diplomática. No es la primera. En los últimos meses ha habido acusaciones que han puesto en duda, por ejemplo, la calidad de los frutos rojos de Huelva.
En España, los tomates se han convertido en el epicentro inesperado de esta crisis del campo, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saliendo en su defensa tras el Consejo Europeo. “Creo que no ha tenido la fortuna de probar el tomate español, le invito a que venga a España a que pruebe cualquiera de las variedades de tomate español y verá que es imbatible”, afirmó el jueves en Bruselas.
Horas después, la ex ministra socialista agradeció la invitación pero volvió a la carga. “Agradezco esta cortés respuesta e invitación de Pedro Sánchez. Pero lo que está claro es que cuando las condiciones sanitarias son desiguales, la competencia es desleal”, repitió a través de la red social X. “Seamos transparentes en cuanto a la igualdad de normas y controles. (...) De lo contrario, siempre habrá un país competidor con normas medioambientales, sanitarias o sociales más débiles que eche por tierra años de esfuerzo y el buen hacer de agricultores y ganaderos”. También la prensa francesa ha cargado contra los tomates bio de Almería, de los que duda que cumplan las condiciones para ser considerados ecológicos. Acusaciones a las que también respondió Planas, con una inesperada cata de tomates en el Ministerio para defender su calidad.
Pero esas críticas no solo son de Francia a España. También los agricultores españoles echan la culpa a los vecinos del sur, a Marruecos. En octubre, el responsable de frutas y hortalizas de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Andrés Góngora, ya reclamó medidas urgentes a nivel europeo para luchar contra la competencia desleal marroquí, con ayudas a la producción de tomates y también a otros productos, como las cebollas o las patatas. “Mientras aquí nos dedicamos a desregular la entrada de producto de terceros países, nuestros competidores refuerzan las ayudas a la agroexportación, con medidas que caerían en la ilegalidad, ahondando más en el dumping comercial frente a la producción europea de tomate”, aseguró entonces Góngora.
El tomate puede ser el ejemplo de lo que está pasando pero también puede opacar las reivindicaciones que están poniendo encima de la mesa los agricultores de gran parte de Europa. Hay problemas compartidos, como la burocracia que conlleva la PAC, que no hace fácil solicitar los fondos de una de las partidas del presupuesto europeo que siempre ha conllevado un mayor gasto y de la que Francia –también España– está entre las principales beneficiarias.
Entre las críticas compartidas a escala comunitaria, la exigencia de limitar el uso de fertilizantes, que hará que los productos sean más caros; o la de tener que destinar, al menos, el 4% de la tierra cultivable al barbecho. Ahí la Comisión Europea se descolgaba esta pasada semana, en plena oleada de protestas, con la opción de ser flexible. Sin embargo, no parece que eso tampoco sea del agrado de todos, incluida España. “La Comisión ha hecho una propuesta muy ajustada en los últimos meses. Nos decía que era imposible [cambiarla]. Ahora parece que sí. Nuestra postura va a ser solo apoyar una propuesta de reforma que vaya en beneficio de España. Tengo alguna duda sobre la propuesta”, reconoció Planas el viernes, tras su reunión con UPA, COAG y Asaja, sin aclarar qué llevará a la reunión con sus homólogos de la UE.
Otro problema compartido por el campo europeo –aunque a España le afecta en menor medida– es la decisión de Bruselas de abrir la Unión a los productos agrícolas ucranianos tras la invasión rusa. Hace unos meses, países como Polonia, Hungría, Eslovaquia o Bulgaria decidieron prohibir de forma unilateral la entrada de grano ucraniano lo que derivó en otro choque a escala comunitaria que Bruselas saldó con mayores medidas de salvaguarda. Ahora la Comisión trata de calmar al Este de la UE con la puesta en marcha “medidas correctoras rápidas” para productos como “aves de corral, huevos o azúcar”, de tal manera que si las importaciones ucranianas superan un determinado volumen se volverían a imponer aranceles.
Luego está la casuística de cada país. En Francia, por ejemplo, las protestas han acabado con el denominado 'plan Ecophyto' con el que se buscaba reducir el uso de pesticidas en un 50% de cara al año 2030. El Gobierno encabezado por Gabriel Attal también se ha comprometido, según anunció el jueves, a poner en marcha más medidas para vigilar que la industria alimentaria y la distribución no ponen precios que obliguen a los agricultores a vender por debajo de lo que cuesta producir. Una decisión que llevó al ministro Luis Planas a decir que el Gobierno francés está siguiendo el ejemplo del español, porque esa medida se incluye dentro de la Ley de la Cadena alimentaria, que lleva en vigor más de un año.
En España, los agricultores tienen su propio abanico de peticiones. Una de ellas, que la Ley de la Cadena funcione mejor porque, aunque el Ejecutivo presuma de que el resto de Europa va a seguir ese modelo, aquí no está siendo suficientemente fuerte para impedir prácticas que pueden ser anticompetitivas. También, que las inspecciones y sanciones no son disuasorias. Cabe recordar que en el primer año de esta Ley, el conjunto de todas las multas impuestas a fabricantes y distribuidores se ha quedado en medio millón de euros.
Las asociaciones agrarias también reclaman a las administraciones –tanto al Gobierno como a las comunidades autónomas– que simplifiquen la burocracia a la hora de gestionar la PAC, más controles a los productos agrícolas marroquíes -no solo los tomates- y poner freno a los acuerdos comerciales con Nueva Zelanda, Chile, Kenia, México o India. También, respecto a Mercosur.
Sobre esto último, el Ministerio fue tajante al afirmar el viernes que el libre comercio ha traído a España más ingresos por exportaciones agrarias, con un superávit en la balanza que cifró en 14.000 millones de euros.
Sin embargo, aunque no anunció medidas concretas, sí fue más receptivo en otras cuestiones, como poner cláusulas espejo a aquellos países con los que se lleguen a acuerdos comerciales, para que las normas ambientales, sanitarias o de bienestar animal se apliquen de forma recíproca en los países externos a la UE cuando se abran las fronteras y se quiten aranceles.
También parece que puede haber acuerdo en la reducción de la burocracia, aunque no se sabe cómo; en mejorar y ampliar las inspecciones que marca la Ley de la Cadena; en mantener la devolución del impuesto de hidrocarburos para el gasóleo de uso agrícola; o mejorar la incorporación de nuevas generaciones al trabajo en el campo, para lo que está prevista la Ley de Agricultura Familiar que tiene que ver la luz en esta legislatura.
Y, por último, están las ayudas que pide el campo por el despegue de los costes en los últimos años y porque la sequía está golpeando a todo el territorio. Ahí Planas recordó lo hecho en los últimos años. “En 2022 y 2023, el Gobierno ha aprobado ayudas y medidas por valor de más 4.000 millones para el sector primario”, cifra “récord en la historia de España”. A esa cifra se suman los 6.800 millones de la PAC de este último año. Para el periodo 2021-2027, a España le corresponden de esa política común más de 47.700 millones de euros. Es el tercer país que más fondos recibe, tras Francia y Alemania.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.