Así fue la manipulación del precio de la luz que ha llevado a Iberdrola ante Anticorrupción
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido una denuncia del fiscal anticorrupción Antonio Romeral contra Iberdrola. La eléctrica, y en concreto su filial Iberdrola Generación, está acusada de urdir un plan para alterar el precio de la luz y obtener “un lucro ilícito de 20 millones” a finales de 2013, en plena escalada del mercado mayorista de electricidad. La Fiscalía, según ha adelantado este jueves El País, acusa a la eléctrica de “un delito contra el mercado y los consumidores del artículo 281 del Código Penal”, castigado con pena de prision de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.
“Iberdrola, con la finalidad de lucrarse ilícitamente ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda” entre el 30 de noviembre de 2013 y el 23 de diciembre de 2013, según la denuncia de Anticorrupción.
Por estos mismos hechos, Iberdrola ya fue multada el 24 de noviembre de 2015 por la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que apreció una infracción “muy grave” de la Ley del Sector Eléctrico. La sanción, que Iberdrola recurrió ante la Audiencia Nacional, fue de 25 millones de euros, por una práctica fraudulenta que tuvo un impacto estimado en el mercado eléctrico de unos 105 millones, según el regulador.
Con esa conducta por la que ahora se abre la vía penal contra Iberdrola, la empresa logró un beneficio que la CNMC estimó en 21,5 millones y que la denuncia de Anticorrupción considera “superior a los 20 millones”. Ese “artificio”, en expresión de la Fiscalía, coincidió con un contexto de escalada de precios en el denominado 'pool' eléctrico que forzó la anulación de la subasta trimestral (Cesur) con la que hasta entonces se fijaba la tarifa doméstica (actualmente conocida como PVPC). Esas subastas fueron sustituidas por el sistema actual, basado en el precio horario del mercado.
La práctica que ahora investiga la Audiencia Nacional consistió en elevar los precios ofertados por las centrales hidroeléctricas de Duero, Sil y Tajo, propiedad de Iberdrola, para que buena parte de su energía se quedase fuera de la casación del mercado diario en favor de otras centrales más caras, como el gas.
En circunstancias normales, la generación hidroeléctrica (que no tiene coste variable) suele colocar toda su producción en el mercado mayorista de electricidad porque oferta a precios muy bajos, aunque acabe cobrando el precio que marca la última central que permite casar oferta y demanda. En este caso, no fue así. Iberdrola es líder destacado en hidroeléctrica en España, con en torno al 40% de la producción de esta tecnología en 2013. Las centrales de Duero, Sil y Tajo suponen el 50% de la potencia hidráulica de España y el 86% de la de Iberdrola.
Según la CNMC, “en un contexto en que Iberdrola Generación venía ofertando con normalidad una determinada capacidad hidráulica al mercado, toma la decisión de retirarla cuando precisamente el mercado pasa a un contexto de subida exponencial de precios. Con ello, provoca la entrada de tecnologías más caras, que se hacen necesarias para cubrir la demanda, y que incrementan en mayor medida el precio de casación del mercado. Esta actuación no es puntual ni accidental, sino que se mantiene de forma sostenida en un período de tiempo amplio, y exige de Iberdrola Generación la corrección constante de sus ofertas (mediante la subida progresiva de sus precios) para asegurar que la capacidad que se retira se mantiene fuera del margen de casación”.
Entre el 1 y el 23 de diciembre de 2013, la energía ofertada por esas tres centrales a menos de 70 euros/MWh se desplomó un 83%, hasta un promedio de 13 GWh, mientras la ofertada a más de 90 €/MWh se duplicó con creces respecto a un mes antes, al pasar a unos 105 GWh de promedio diario. La mayor parte de esa energía se ofertó por encima del precio del mercado diario y, por tanto, fuera de la casación, a pesar del incremento que iba sufriendo el 'pool'. Este pasó de 53 €/MWh el 30 de noviembre de 2013 hasta promedios diarios cercanos a los 80-90 €/MWh entre el 12 y el 21 de diciembre de ese año.
Más agua que otros años
No fue una cuestión de falta de recurso hídrico. La eléctrica se guardó capacidad de generación en esas centrales hidroeléctricas pese a que sus embalses tenían más agua que en otros años en los que Iberdrola Generación sí “produjo más con precios menos elevados”, según la CNMC, que apreció “fraude y actuación engañosa”, “artificio” y una “intencionalidad dolosa” en esa conducta. En el caso de los embalses del Duero (los que cuentan con mayor reserva de agua), en diciembre de 2013 su nivel de llenado duplicaba al del mismo mes de un año antes y era ligeramente superior al de diciembre de 2011.
Según Competencia, “la estrategia de Iberdrola Generación tuvo su fundamento en el propósito de hacer entrar ciclos combinados más caros, asegurando así un precio de mercado más elevado que el que se habría obtenido de otro modo”. La CNMC estimó un incremento del precio de mercado de unos 7 euros por MWh por esa “estrategia de manipulación de mercado” con la que “se ofrece producir una energía que no se pretende producir, y se desarrolla una determinada estrategia para que, en un contexto de incremento de precios, se haga posible la producción de los ciclos combinados”. Esto “se consigue mediante la retirada de una capacidad de producción hidráulica que hasta entonces venía programándose”.
“Iberdrola Generación ve día a día los precios que va marcando el mercado, y, según los ve, va elevando el precios de sus ofertas para evitar que resulten casadas. No se trata de que Iberdrola Generación hubiera fijado una política de precios elevados, con un mes de anticipación, y que, una vez fijada esa política, luego le fuera imposible modificar tales precios”.
Iberdrola, que niega “rotundamente” que manipulase el mercado, intentó durante la tramitación del expediente de la CNMC, que se prolongó durante año y medio, apoyarse en la doctrina de la Audiencia Nacional, la misma que ahora investiga a la eléctrica, para demostrar que no existió una “manipulación fraudulenta” que fuera “sancionable”. Para eso, es preciso “que se haya interferido en el proceso de formación del precio en el mercado de la electricidad”; “que en esa interferencia haya mediado engaño, fraude o algún artificio”; y que exista “intención de alterar el precio del mercado y capacidad para hacerlo”.
La denuncia de Anticorrupción tiene fecha 6 de abril, una semana después de que el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, confirmase que no tiene la menor intención de reabrir la central nuclear de Garoña, de cuya continuidad es partidario el Gobierno.
