El diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto, exvicepresidente mundial de Coca-Cola y ahora uno de los responsables económicos del partido dirigido por Inés Arrimadas, pide cuatro años de prisión y multa de 4.200 euros para tres trabajadores de Coca-Cola de Fuenlabrada. El diputado acusa a los empleados de un delito de injurias, otro de coacciones y un delito contra los sentimientos religiosos fruto de la participación de los empleados en una protesta laboral el día de la boda del hoy parlamentario.
La movilización de los trabajadores tuvo lugar en septiembre de 2017, cuando Marcos de Quinto era vicepresidente de Coca-Cola y el conflicto laboral por el ERE de la multinacional en la planta madrileña de Fuenlabrada seguía abierto. El Supremo anuló el despido colectivo en 2015, pero el enfrentamiento entre la plantilla y la multinacional no se resolvió hasta finales de 2018. Cinco años de conflicto que dejaron multitud de protestas y movilizaciones de los trabajadores, organizados en el colectivo 'Coca-Cola en lucha' y defendidos por CCOO.
Entre ellas, esta movilización de 2017 frente a la catedral de Cuenca, donde se casaba el entonces vicepresidente de Coca-Cola. “El motivo de hacer ahí la protesta era que además de Marcos de Quinto estaban presentes como invitados los máximos mandatarios de Coca-Cola”, explica un antiguo trabajador que participó en la movilización, que contaba con la autorización de la Delegación del Gobierno.
Según informa la agencia Europa Press en su crónica sobre la movilización, unos 80 trabajadores se congregaron frente a la catedral y corearon consignas como “Fuenlabrada productiva”, “Marcos de Quinto, terrorista” y “Que viva la lucha de la clase obrera”.
Acusación de tres delitos
El diputado de Ciudadanos ya anunció entonces que llevaría la protesta a los tribunales. “Deseo a los cobardes sin-padre que ayer vinieron de escrache que la vida les trate la mitad de mal que ellos trataron de tratarme”, escribió contra los trabajadores en su perfil de Twitter el entonces directivo.
Hasta el momento ha tenido lugar la instrucción del caso y ahora se ha comunicado a los trabajadores afectados la apertura del juicio oral, según explican a eldiario.es fuentes de 'Coca-Cola en Lucha'. “Aunque aún no tenemos la fecha del juicio, hemos querido ya anunciar esta noticia”, apuntan.
Según extractos del documento de acusación de Marcos de Quinto que ha podido consultar este medio, el diputado acusa a los trabajadores de tres delitos: uno de coacciones, otro de injurias y otro contra los sentimientos religiosos.
Por estos delitos, la representación legal del diputado pide para los empleados un total de cuatro años de prisión y 4.200 euros de multa para cada uno de ellos (diez euros al día durante 14 meses). Además, De Quinto reclama del pago conjunto de una indemnización por daños y perjuicios, “incluidos daños morales”, de 6.000 euros.
“Lo que es un disparate es que no se haya archivado en la fase de instrucción”, opinan del lado de los trabajadores, que recuerdan que la protesta se realizó donde había autorizado la Delegación de Gobierno y aseguran que las acusaciones de coacciones son “totalmente falsas y prueba de ello es que no actuó la Policía, ni identificó a nadie”.
De Quinto denuncia un “inaceptable acoso”
Fuentes de Ciudadanos explican a este medio que esta cuestión “está en manos de la Justicia” y destacan que corresponde a hechos denunciados por Marcos de Quinto “antes de entrar en política”. En el partido apuntan que respetan “el derecho de cualquier ciudadano a acudir a los tribunales, como es el caso de Marcos de Quinto, cuando ve sus derechos vulnerados”.
En este caso, “la parte denunciante considera un inaceptable acoso y unas coacciones por parte de un grupo de personas que, como Marcos de Quinto ha recordado en varias ocasiones, le involucran malintencionadamente en litigios a los que él es totalmente ajeno y que, de hecho, nunca fue parte interesada”, añaden en Ciudadanos, que recuerdan que “tanto la Fiscalía como el juez, después de escuchar a los denunciantes, a los testigos y a los acusados, han apreciado motivos suficientes para causa judicial y han procedido a la apertura de juicio oral”.
En 'Coca-Cola en Lucha' también critican que Marcos de Quinto les impute un delito contra los sentimientos religiosos. “Denuncia la ofensa a un sentimiento religioso por una protesta frente a una iglesia cuando hay en juego dos derechos fundamentales, el de la libertad de reunión y de expresión”, apunta en el colectivo. El escrito de la subdelegada de Gobierno que da permiso a la concentración recoge la situación de la protesta “en la Plaza Mayor frente a la Catedral de Cuenca”.
El artículo 523 del Código Penal recoge que “el que con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas inscritas en el correspondiente registro público del Ministerio de Justicia e Interior, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años, si el hecho se ha cometido en lugar destinado al culto, y con la de multa de cuatro a diez meses si se realiza en cualquier otro lugar”.