Marina Serrano, presidenta de la aelēc: “Los trámites del bono social podrían aligerarse”

Marina Serrano (Zaragoza, 1957) lleva casi toda su vida profesional ligada al sector eléctrico y su regulación. En 2017 fue nombrada presidenta de la patronal eléctrica, entonces Unesa, rebautizada un año después como Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc).

Además de presidir la patronal que actualmente integran Iberdrola, Endesa y la portuguesa EDP, Serrano es vicepresidenta de CEOE, of counsel de PwC Tax & Legal y consejera de Abertis y el operador del mercado eléctrico, Omel. En excedencia del cuerpo de abogados del Estado (promoción de 1982), en el sector público fue responsable legal de Red Eléctrica cuando era estatal. De ahí pasó a los extintos reguladores energéticos: primero, la CNSE, y después, la CNE, donde llegó a ser consejera hasta que el organismo fue engullido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hace casi una década.

La presidenta de aelēc defiende que el sector eléctrico, inmerso en plena transformación hacia las renovables, “ha cambiado” y “quiere participar en la solución” de la crisis energética y acercarse a la ciudadanía. Lamenta que el Gobierno no consensuara propuestas como la reforma europea del mercado, en la que el sector se juega su “futuro”, o el tope al gas, cuyo ahorro para el consumidor reconoce, aunque advierte de que ha generado “distorsiones”, y cuyo coste plantea que se cargue a los Presupuestos.

Achaca el escaso éxito del “nuevo bono de justicia energética” para hogares trabajadores con bajos ingresos anunciado el pasado otoño a “una falta de información y de conocimiento por parte del consumidor” y cree que la tramitación de estos descuentos se puede mejorar. Recibió a elDiario.es el jueves en la sede de la patronal en Madrid, a tiro de piedra de la Secretaría de Estado de Energía. Un día antes, se había reunido con Sara Aagesen, su máxima responsable.

¿Qué le transmitió a la secretaria de Estado?

Tenemos una relación muy fluida con el ministerio, como regulador, al igual que con la CNMC. Pero el objetivo de la reunión era presentar la campaña que lanzamos el martes, “Por un invierno mejor”, con la que tratamos de acercarnos al ciudadano, al consumidor. Sobre todo tiene un carácter divulgativo e informativo. El sector eléctrico es muy complejo, ha estado en el foco de la mirada de toda esta crisis energética que estamos sufriendo. Queremos explicar cómo funciona y transmitir que las empresas eléctricas están al servicio de la sociedad. 

Ha reconocido que tienen un problema de imagen a raíz de esta crisis. ¿Qué ha fallado en estos meses?

El sector eléctrico español es innovador, robusto, resiliente. Se vio en la pandemia: en situaciones de operación del sistema eléctrico con caída de demanda y aumento en el consumo de los hogares, funcionó perfectamente; no nos hemos dado cuenta y estaba allí en todo momento. Es de los más innovadores. Tiene una red comparable a los más altos estándares europeos. Pero nos falta explicarlo, acercarlo al ciudadano, estar más cerca de las necesidades del consumidor individual y de la pyme, la sociedad y la gran industria. Tenemos que hacer ese esfuerzo porque el sector lo merece. Es un sector de futuro, que ha cambiado. Está cambiando su mix energético, la forma de producir, yendo hacia la descarbonización y la producción con renovables. Y esto es lo que queremos transmitir.

No ayudan a esa imagen determinadas declaraciones, aunque eso le trasciende; ni quizá los recursos que han anunciado las empresas contra el nuevo impuesto al sector.

No voy a entrar en las declaraciones. Yo creo que hay que ir al suministro y a cómo se presta ese servicio. Tampoco ha contribuido este periodo de crisis energética que empieza en el verano del 21, pero se incrementa con la guerra de Ucrania, con un encarecimiento de los combustibles fósiles en los mercados internacionales y del gas y el consiguiente incremento en el precio eléctrico. El sector quiere participar en la solución y entiende los problemas que se producen por esos elevados precios. Por eso el objeto de la campaña es explicar nuestro funcionamiento.

No sé si ayer trató con Aagesen la propuesta de reforma del mercado eléctrico que ha hecho España. aelēc ha hecho pública su posición, pero ¿la batalla en este caso está más en Bruselas, a través de la patronal Eurelectric, que aquí?

El mercado que tenemos se inicia con las directivas del 6 y tiene un largo camino. La Agencia de Reguladores Europea y la Comisión Europea lo han considerado muy positivo. Ha permitido implantar renovables y a un precio eficiente. Es un debate europeo. Si el diseño es europeo, la modificación de la normativa hay que hacerla a nivel europeo. El Gobierno español ha presentado una propuesta, pero el debate está en Europa, porque lo que se acuerde debe ser para todos los países europeos. Es uno de los elementos del mercado interior de la energía y nos queda un largo camino. 

Estamos estudiando la propuesta española, que se lanzó sin ponerla en conocimiento de ningún operador. Muy diferente de lo que ha hecho la Comisión, que ha lanzado una consulta con muchas preguntas y cuestiones, análisis, enfoques y puntos de vista. El plazo de alegaciones termina el próximo día 13. De ahí va a surgir un trabajo que se va a hacer a nivel europeo. Nosotros estamos dispuestos a contribuir y lo hemos trasladado al ministerio: poder tener un debate sobre la propuesta española, formar parte de esa solución y ver y analizar los efectos que tiene modificar el diseño de mercado, que es el centro del sector eléctrico. 

Estamos determinando cómo va a ser ese futuro, cómo se va a producir la electricidad, cómo se va a vender, a qué precio, cómo va a llegar a los consumidores, qué inversiones se pueden realizar en base a ese diseño. No estamos ante un elemento excepcional o transitorio, urgente, excepcional, o un elemento lateral de la regulación. Estamos ante el corazón, podemos decir, del futuro del sistema eléctrico.

El tope al gas ha producido una bajada del precio. Eso es así. Lo que defendemos es que las intervenciones en el mercado, que provocan distorsiones, deben ser extraordinarias y limitadas en el tiempo

¿Qué es lo que más les preocupa de la propuesta de España?

Tiene cosas positivas que venimos reclamando: los mercados de capacidad o que haya estabilidad en los precios. Una de las razones de esta crisis era el PVPC [precio voluntario al pequeño consumidor], que une el precio del consumidor más pequeño con la volatilidad del mercado diario. Hay otras cosas cuyos efectos deben analizarse. Nos preocupa que se produzca una marcha atrás en el camino que marca la UE. Que se produzca fragmentación de los mercados. La solución tiene que ser europea. Y preocupa el impacto que el modelo puede tener en la comercialización y el mercado minorista. Son aspectos concretos, muy relacionados, que estamos analizando. Aún no tenemos unas conclusiones cerradas.

¿Se equivocaron en su rechazo al tope al gas?

¿Nos equivocamos? Bueno (ríe). El tope al gas ha producido una bajada del precio. Eso es así. Lo que defendemos es que las intervenciones en el mercado, que provocan distorsiones, deben ser extraordinarias y limitadas en el tiempo. También se produjo sin ninguna consulta ni análisis. Y afectaba al propio diseño. La Comisión Europea tardó dos meses en autorizarlo porque afectaba a los fundamentos del mercado interior. Y ha producido distorsiones que analizaron otros países europeos cuando vieron la posibilidad de ampliar este mecanismo: incrementa el consumo de gas, que emite y es caro en los mercados internacionales. Se han incrementado las exportaciones a Francia. Y la distorsión en el mercado minorista: los consumidores con contrato fijo han visto que a partir del 26 de abril se les ha incrementado un coste que no podían prever, porque varía mes a mes, la compensación al gas.

Ha tenido una serie de efectos. Es una medida excepcional y extraordinaria, atendiendo a las circunstancias del momento. Pero había que analizar todas las consecuencias que se producían. Entendemos también que en una situación tan excepcional, con esos precios tan disparados, este gobierno y cualquiera adopta medidas, sobre todo de protección al consumidor vulnerable. Y todas las que se han hecho en esa línea son absolutamente positivas y es lo que debe realizarse en ese contexto.

España y Portugal han pedido que se extienda la solución ibérica más allá de mayo. Ustedes piden modificaciones en el mecanismo. ¿Qué les parece que el tope sea más bajo de lo que autorizó la Comisión, como ha planteado España?

El Gobierno pide la prórroga porque entiende que se mantiene la situación de crisis. El precio del gas está bajando, tanto el Mibgas [mercado ibérico] como el TTF [la referencia holandesa]. Vamos a ver cómo lo autoriza la Comisión Europea. Creemos que esa compensación que pagan los que tienen contrato fijo debería asumirla la totalidad del sistema en su conjunto, o los Presupuestos. En todo caso es una medida excepcional y no debería mantenerse más allá de un periodo determinado.

Una contrapartida para que Bruselas lo autorizase fue reformar el PVPC para hacerlo menos volátil, como pedía el sector. El plazo se cumplió en enero, ¿saben cuándo se va a aprobar? 

Parece que está a punto. La CNMC emitió su informe y ahora había que mandarlo al Consejo de Estado. Consideramos positiva la medida. La Comisión Europea así lo estableció. España es el único país europeo que tenía esa referencia directa del pequeño consumidor al pool diario. Y creemos que el mix [de referencias de precios] que preveía la propuesta era acertado. En las alegaciones hicimos algunas consideraciones técnicas, de mecanismos de entrada en vigor, que las comercializadoras tuvieran tiempo suficiente para hacer las coberturas... Pero consideramos que la medida es buena y debería aplicarse.

¿Han detectado trasvase del mercado libre al regulado desde la entrada en vigor del tope? Los datos de la CNMC van con mucho retraso.

No. Si en gas se vio clarísimamente, en electricidad no tenemos esa percepción. 

El Gobierno va exigir más información a las distribuidoras sobre la evolución del autoconsumo para tener un registro estatal actualizado y no depender de estimaciones de las empresas. ¿Afecta ya la explosión del autoconsumo a la demanda?

También en OMEL se plantea ese elemento y no está exactamente aún determinado. Nosotros tenemos una plataforma, datadis, que de forma anónima y homogénea enlaza a los datos de consumo de cada distribuidor. Hay una parte de autoconsumo y estamos a punto de hacer públicos los datos de los contadores y las distribuidoras. Es un dato que debe saberse: cuánto autoconsumo se ha establecido. Las sucesivas normas han ido aligerando los trámites para la conexión y el vertido. Era una preocupación de los agentes, los instaladores, los comercializadores, lo que se tardaba en poder conectar el autoconsumo y hacer el vertido. Hemos propuesto al Ministerio y a la CNMC regulación de detalle para poder avanzar en esta línea. Pero estamos absolutamente comprometidos. 

Además, y esto es una opinión personal, el ciudadano después del confinamiento y ante la crisis de precios, tiene un deseo de producir y consumir, a lo que está muy unido el almacenamiento. Estamos trabajando para poder hacer públicos los datos de todas las distribuidoras y contrastar de alguna manera ese autoconsumo que está ya conectado a la red, que está vertiendo, fundamental para avanzar en la electrificación y la descarbonización.

En octubre el Gobierno anunció una nueva categoría de bono social para hogares vulnerables y habló de 1 millón y pico de posibles beneficiarios. Hace unas semanas la vicepresidenta Teresa Ribera reveló que solo lo tienen 2.300 hogares, una cifra ridícula. ¿Qué ha pasado?

Nosotros creemos, y en la campaña también insistimos, que debe informarse más. Que es una falta de información y de conocimiento por parte del consumidor. Las empresas están trabajando también con ONG o con entidades de carácter social, del tercer sector, que están más cerca de los consumidores. Al principio hubo una cuestión de dificultad por la plataforma, de los trámites. Creemos que ahora es posiblemente una falta de conocimiento de cómo debe realizarse. Deberíamos, y queremos tener una actitud positiva, difundirlo más.

Hay una estrategia contra la pobreza energética que data de hace años y que decía que el bono social iba a ser automático. No se ha hecho.

No se ha hecho, no.

En Portugal, que sus asociados conocen bien, se hace de forma automática. ¿Por qué no aquí?

Porque se estableció ese mecanismo que se reguló así y tenemos que hacerlo así, con esa intervención de comunidades autónomas, también. Y bueno, es verdad que podrían aligerarse sus trámites.

¿El tema autonómico aquí influye?

Sí. Hay un informe, un trámite, que tiene que realizarse por la Comunidad Autónoma, por los servicios sociales de los ayuntamientos.