Máxima expectación ante la primera subasta de energías renovables de la era Ribera

Compañías eléctricas, empresas de renovables y petroleras embarcadas a marchas forzadas en la reconversión al negocio verde abordan con máxima expectación la gran subasta de energías renovables de este martes, la primera convocada por el Gobierno bajo el nuevo marco diseñado por el departamento de la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera.

Con el sector de las renovables llamado a ser protagonista en la recuperación económica tras la catástrofe sanitaria y económica del coronavirus, esta será la primera convocatoria de este tipo en España desde 2017, aunque con un modelo muy diferente al de entonces, más en línea con los desplegados en otros países en los últimos años.

En liza está la adjudicación de 3.000 megavatios (MW) a instalaciones que cobrarán un precio garantizado a la energía que generen durante un plazo de entre 12 y 15 años. Del total a subastar, 1.000 MW están reservados a la eólica y otros 1.000 a la fotovoltaica. Los restantes 1.000 MW no tienen distinción tecnológica.

Entre los grupos cuya participación se da por descontada están las tres grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Naturgy), clásicos del sector como Acciona (ausente en las subastas que realizó el Gobierno de Mariano Rajoy), y otros como la aragonesa Forestalia (con orígenes en el sector cárnico, y que arrasó en aquella convocatoria de 2017, aunque luego vendió buena parte de su cartera a terceros con plusvalías millonarias), y nuevos actores como Capital Energy, Greenalia o la petrolera Repsol.

En el sector también se apunta entre los posibles interesados a grandes fortunas con intereses en las renovables como la familia Abelló (Torreal), los Riberas (dueños de Gestamp) o los Benjumea (Powen).

Estas subastas serán una de las herramientas clave para alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que prevé la instalación de en torno a 60 gigavatios (GW) renovables en España en la próxima década.

Sobre el papel, hay actualmente solicitudes sobradas para su consecución sin estas pujas, especialmente en el caso de la fotovoltaica, si se tiene en cuenta que a finales de 2020 había ya instalados en España 9.071 MW y el objetivo previsto para 2030 es de 39.181 MW, mientras que hasta el pasado 30 de noviembre, Red Eléctrica de España (REE) había recibido una avalancha de solicitudes de acceso para instalar 211.900 MW. La mitad se habían denegado, pero contaban con permiso de acceso otros 95.900 MW.

Con estas subastas, Transición Ecológica busca ofrecer a los inversores (especialmente aquellos con menor músculo financiero) una visibilidad de ingresos que les permita reducir el coste de financiación de los proyectos trasladando una señal de seguridad, viabilidad económica y estabilidad regulatoria y de ingresos a medio plazo.

Al tiempo, se busca favorecer una mayor competencia al facilitar la entrada de nuevos actores y se controla el ritmo de entrada de nueva generación tras esa burbuja de peticiones de permisos de conexión. Por último, y no menos importante, se busca trasladar ya al mercado eléctrico una señal de reducción de precio a los consumidores aprovechando la espectacular reducción de costes de las tecnologías renovables, y en especial, la fotovoltaica, que junto a la eólica es ya la fuente de generación más barata.

Las pujas se realizarán a sobre cerrado y adjudicarán el producto subastado a las ofertas más baratas hasta alcanzar los cupos establecidos. El precio para cada adjudicatario será el que oferte cada uno (el sistema conocido como pay-as-bid) y no se actualizará. Los promotores se asegurarán la venta de la energía de sus plantas a largo plazo, en un sistema similar al de los denominados PPA (acuerdos de compraventa de energía) con un periodo que será de 12 años para la fotovoltaica, solar termoeléctrica, eólica terrestre y marina e hidroeléctrica, y de 15 años para la biomasa, biogás y biolíquidos.

Impacto en el empleo

Los participantes en la subasta estarán obligados a presentar un plan estratégico con estimaciones de impacto sobre el empleo local y las oportunidades para la cadena de valor industrial local, regional y nacional, así como las medidas relacionadas con el tratamiento de los equipos al final de su vida útil y el análisis de la huella de carbono durante el ciclo de vida útil de las instalaciones.

Esta será la primera de las subastas que prevé llevar a cabo el Gobierno hasta 2025, siguiendo un calendario orientativo con los volúmenes mínimos de potencia acumulada para cada tecnología en el periodo y que se actualizará anualmente. En el próximo lustro se prevé subastar un mínimo cercano a los 20 gigavatios (GW) con la fotovoltaica como tecnología dominante, con un mínimo de 10 GW, seguida de la eólica (8,5 GW), solar termoeléctrica (600 MW), biomasa (380 MW) y otras tecnologías como biogás, hidráulica o maremotriz, entre otras (60 MW).

Como en anteriores subastas, se establece un sistema de avales para vincular a los adjudicatarios a la puesta en marcha del proyecto. La garantía será de 60.000 euros por MW adjudicado, adicionales a los 40.000 euros que todo proyecto debe depositar para garantizarse el acceso a la red.

Concentración empresarial

En la subasta se ha establecido que ninguna empresa o grupo empresarial podrá adjudicarse más de la mitad de los 3.000 MW en liza y se establecen penalizaciones a eventuales incumplimientos en la puesta en marcha de hasta 5 €/MWh. Pero en el sector hay voces que advierten de que el esquema diseñado va a invitar a la concentración empresarial. La Fundación Renovables ha criticado que la subasta no cuenta con la incorporación de tramos para plantas instaladas en red de media tensión y agentes específicos, teniendo en cuenta factores como la generación próxima al consumo, los puntos geográficos clave en los que haya cierres de minería o plantas de combustibles fósiles y las zonas en reestructuración industrial o de necesaria creación de empleo.

El lobby renovable también echa de menos medidas que impidan la venta de los derechos de acceso adjudicados a sus participantes para evitar la especulación. “Nos hubiera gustado más que los proyectos fueran visibles. Es una forma de no abrir el mercado de 'segunda mano': que los proyectos se hayan identificado desde el principio”, explica el presidente de la fundación, Fernando Ferrando, que cree que con esta convocatoria “las renovables van a demostrar que cuando una subasta se hace pay-as-bid bajan el precio”.

Este ex directivo de Endesa, que cree que, cuando la potencia adjudicada esté en el sistema, permitirá mitigar picos de precios del mercado mayorista como los vividos en la primera mitad de enero, vaticina que las grandes eléctricas van a estar sometidas a “mucha presión” por parte de los nuevos entrantes en los precios ofrecidos este martes. Ferrando echa de menos “mejoras” en lo referente a la falta de incentivos para la participación de proyectos de menor tamaño, más medidas contra la especulación y que no se exija “madurez” a los participantes. Pero cree que estas subastas están “a años luz de las de 2017”, muy criticadas por el sector y en las que en la eólica la potencia finalmente instalada “no llegó al 50% porque quien ganó no tenía proyectos, y si los tenía no los tenía maduros”.