La vida de los 19 directivos multados por falsear la competencia en España: la mayoría siguen en sus puestos
¿Cómo afecta a un directivo ser multado de manera personal, con su nombre y apellidos, por su participación en un cártel? Desde que hace dos años la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso las primeras sanciones de este tipo, no ha habido grandes repercusiones en la carrera profesional de la mayor parte de los 19 directivos en esa situación. No obstante, en los últimos meses algunos ceses indican a que varios sí han cambiado de aires.
Es difícil dar una cifra precisa, porque la mayoría de empresas consultadas no comenta este asunto. Pero la información disponible en el Registro Mercantil y los datos de las compañías apuntan a que más de la mitad de los directivos multados por estas conductas siguen ocupando puestos de alta responsabilidad en esas empresas.
Las sanciones personales están contempladas en la ley de Competencia desde 2007. Las primeras datan de mayo de 2016. Desde entonces, la CNMC las ha impuesto en cuatro expedientes, con multas para las empresas participantes por un importe global de 186,96 millones y 19 directivos sancionados con algo menos de 160.000 euros.
El cómputo no tiene en cuenta un expediente por el que se sancionó con 13.000 euros a varias tiendas de fotografía por un cártel en el negocio de las orlas universitarias. En ese caso, hubo cinco sancionados a título personal, pero se trataba de trabajadores autónomos. Algunos ni siquiera la recurrieron en los tribunales.
La sanción máxima que contempla la ley de Defensa de la Competencia para un directivo en estos supuestos es de 60.000 euros, importe que nunca se ha alcanzado. La mayor multa hasta ahora (36.000 euros) ha correspondido a José Luis Illana García, directivo de Prosegur, que fue sancionada junto a su rival Loomis en noviembre de 2016 con 46,4 millones por repartirse el mercado de gestión de dinero en efectivo de bancos y diversas entidades públicas.
La mayor parte de esa sanción, 40 millones, correspondió a Prosegur, de la que Illana era director de Logística de Efectivo durante los años en los que operó el cártel. No está claro si sigue vinculado a la multinacional, aunque los datos del registro apuntan a una reciente salida. Ha ido perdiendo sus cargos de consejero y administrador en varias filiales del grupo y su último cese data de febrero. A preguntas sobre este asunto, Prosegur se limita a señalar que la sanción está recurrida y, sobre Illana, dice que “la información que aparece en el registro es correcta”. Ya no figura como consejero de ninguna filial, aunque sí es apoderado en dos.
83 años y al frente
Sí siguen en sus puestos la mayoría de los nueve directivos de cuatro empresas de material ferroviario multadas en junio de 2016 con 5,64 millones por repartirse durante quince años las adjudicaciones de suministros para Adif.
Entre ellos está Alfredo Alegría, vicepresidente y director general de Talleres Alegría (sancionado con 11.400 euros) y presidente del Club Náutico de Gijón; dos directivos de Jez Sistemas, Urtza Errazti y Juan Carlos Sánchez, multados con 13.300 euros; o Jesús María de Lapatza (de 83 años) y su hijo Jon, presidente y director general, respectivamente, de la vasca Amurrio Ferrocarril, sancionados con 17.100 euros. Esta empresa dice que tiene la sentencia recurrida y espera la resolución judicial correspondiente, según un portavoz.
La mayoría de esas sanciones no son firmes porque el recurso es casi la norma en estos casos. La decisión definitiva del Tribunal Supremo suele tardar una media de ocho años.
En el expediente de material ferroviario para Adif fue sancionado también Fernando López González, alto directivo de Duro Felguera. En la última documentación remitida por esta empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), correspondiente a 2017, López aún figuraba como alto directivo de esta empresa asturiana, que está en una complicada situación financiera. Sin embargo, según el Registro López cesó el mes pasado como administrador único de la filial que fue sancionada en ese procedimiento, Duro Felguera Rail.
El que hace tiempo cambió de aires es el que fuera consejero delegado de Indas, Javier Martín. Fue multado con 4.000 euros por participar en uno de los mayores cárteles desmantelados nunca en España, el del sector de los pañales para adultos, con elevados costes para el sistema público de salud. Fue el primer expediente en el que se impusieron sanciones personales a directivos, con 128,8 millones en multas para las empresas participantes.
Unos meses después de hacerse públicas las sanciones, se anunció el fichaje de Martín por las clínicas dentales Vitaldent, entonces recientemente adquiridas por parte de JB Capital Markets, la firma de inversiones de Javier Botín, tras la detención de su anterior propietario y fundador, Ernesto Colman.
También fueron sancionadas en el expediente de los pañales Margarita Alfonsel y María Aláez, aún hoy secretaria general y directora técnica, respectivamente, de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). Entre las dos recibieron 10.000 euros en sanciones y su asociación, otros 200.000. Fenin dice que no tiene nada que comentar sobre este asunto porque tiene la sanción recurrida en la Audiencia.
La existencia de ese cártel fue destapada por Procter & Gamble tras comprar Arbora & Ausonia (A&A). En aplicación del llamado programa de clemencia (reducciones o supresión de multas a cambio de colaborar en la investigación), la multinacional fue eximida de pagar la sanción impuesta, que fue la mayor de todas (68 millones).
También fue exonerado (15.000 euros de multa) el exdirectivo de A&A Jordi Bozal de Febrer, que fue vicepresidente de Fenin, director del área de Incontinencia de A&A desde 1996 hasta 2012 y coordinador de un “grupo de trabajo de Absorbentes de Incontinencia de Orina” en Fenin desde 1994 hasta abril de 2012. Aparentemente, lleva años desvinculado de la empresa, aunque Procter & Gamble no ha respondido a las preguntas sobre este asunto.
