Socialistas, verdes, liberales –pero no españoles– y miembros de la izquierda unitaria han publicado un manifiesto firmado por 146 representantes públicos en el que denuncian la incompatibilidad del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) con los objetivos europeos contra la crisis climática por su protección de las inversiones en combustibles fósiles.
El texto, que no contiene firmas de populares, ni de la extrema derecha –nadie del PP, Vox o Ciudadanos–, reclama una modernización del TCE en un momento en que ha empezado una segunda ronda de negociaciones entre sus 53 miembros. “El poco conocido Tratado de la Carta de la Energía amenaza la ambición climática de la UE a nivel nacional e internacional”, dice el texto: “En la actualidad, el TCE constituye una grave amenaza para el objetivo de neutralidad climática de Europa y, en general, para la implementación del Acuerdo de París”.
“Al proteger las inversiones extranjeras en combustibles fósiles mediante el muy controvertido mecanismo de arbitraje entre inversores y Estados (ISDS), el TCE protege las inversiones extranjeras en emisiones de gases de efecto invernadero y multiplica el coste de la transición ecológica”.
“Nosotros, miembros de los parlamentos europeo y nacionales, exigimos a los negociadores de la UE que garanticen que las disposiciones del TCE que protegen la inversión extranjera en combustibles fósiles se eliminan, así como las disposiciones de ISDS. Si esto no se logra al final de la 3ª ronda de negociaciones prevista para el otoño, pedimos a los Estados miembros de la UE que exploren vías para retirarse conjuntamente del TCE para finales de 2020. Nuestra prioridad es garantizar que la UE y sus Estados miembros estén plenamente alineados con el Acuerdo de París y Prioridades de la UE”.
Entre los firmantes, se encuentran los españoles Javi López (PSC-PSOE), María Eugenia Rodríguez Palop (Podemos), Sira Rego (IU), Carles Puigdemont (Junts), Jordi Solé (ERC), Miguel Urbán (Anticapitalistas), Ernest Urtasun (Catalunya en Comú) y Pernando Barrena (EH Bildu), entre otros.
Se ha iniciado una nueva ronda de negociaciones para la modernización del tratado. La primera reunión fue en julio. La segunda es el 8 de septiembre y la definitiva es en diciembre. Pero no será fácil acometer grandes modificaciones “porque hay países dependientes de las inversiones en combustibles fósiles que no van a apoyar ese tipo de reformas y cualquier cambio requiere de la unanimidad de los 53 países firmantes, incluidos exportadores de gas y petróleo como Kazajistán, Turkmenistán y Uzbekistán”, explica Yamina Saheb, ex jefa de la Unidad de Eficiencia Energética de la Secretaría Internacional del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) y miembro de OpenExp.
Izaskun Aroca, una de las coordinadoras de la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, afirma que “hay diferentes elementos que vemos necesario abordar, como el hecho de que la protección de combustibles fósiles es incompatible con Tratado de París y el New Green Deal europeo. Por ejemplo, a Países Bajos acaban de demandarle por su política de descarbonización con vistas a 2030: Uniper les ha demandado por el cierre de las centrales del carbón”.
La empresa energética alemana demanda a Holanda por valor de 1.000 millones en concepto de compensación por la decisión de eliminar gradualmente el carbón para la producción de electricidad. Un caso de arbitraje de este tipo que tarda años en resolverse y, por el camino, genera inseguridad en la aplicación de políticas climáticas.