La pérdida de empleo en el sector educativo este verano es la mayor de la última década
Este verano, las salidas del mercado laboral en el sector de la Educación están bajo muchas miradas. Después de que el Tribunal Supremo fallara que despedir en junio a los profesores que trabajan todo el año, y así ahorrarse el pago de sus vacaciones, es una práctica discriminatoria, sindicatos y partidos como Izquierda Unida exigen al Gobierno que haga cumplir la ley. Por el momento, las cifras de afiliación a la Seguridad Social apuntan que la destrucción de empleo entre mayo y julio de 2018 ha sido mayor de la última década. Donde más profesores abandonan sus aulas rumbo al paro es en el sector privado, con mucha diferencia respecto a la enseñanza pública.
Frente al crecimiento del empleo en la mayoría de sectores, Educación ha avanzado en sentido contrario en los dos últimos meses. Las alarmas saltaron al conocerse los datos de la caída en la afiliación a la Seguridad Social en junio: 54.231 trabajadores menos respecto a mayo, un descenso del 5,8%.
Los datos de julio ampliaron mucho más ese descalabro: otros 109.224 empleados se descolgaban del sector. En total, entre mayo y julio cayó el número de trabajadores afiliados al Régimen General en el sector educativo en un 17,4% (163.455 empleados menos). Aunque el recorte del empleo al llegar el verano es una constante en este ámbito, el porcentaje de caída y el descenso en términos absolutos son los más abultados de la última década, según los datos oficiales disponibles (desde 2009).
Dentro de la categoría de “Educación” como actividad económica, la Seguridad Social incluye a un gran número de profesionales. Desde los profesores de Educación infantil a la Universidad, así como profesionales empleados en la “Educación deportiva y recreativa”, “Educación cultural”, academias de clases particulares y los profesores de autoescuelas, entre otras.
Un 19% de pérdida de empleo público
¿Dónde se destruye más empleo? Los datos públicos de la Seguridad Social no desglosan apenas información, pero sí se recoge que de la pérdida de 163.455 trabajadores, 31.196 son empleados públicos. Un 19% del total, por lo que el grueso de las salidas pertenecen a la enseñanza privada.
No obstante, la destrucción de empleo público en el sector este 2018 supera la del año pasado: entre mayo y julio ha caído la afiliación un 8,8% (frente al 7,1% de 2017). En número de trabajadores, esos 31.196 afiliados que dejaron el sector suponen la cifra más alta desde 2014 (último año con cifras disponibles en las estadísticas de la Seguridad Social).
En Izquierda Unida, el diputado Miguel Ángel Bustamante ha registrado varias preguntas parlamentarias al Gobierno sobre este tema, en las que cuestiona al Ejecutivo qué va a hacer para que se cumpla la ley y no haya despidos abusivos al concluir el curso escolar en las Comunidades Autónomas, que tienen transferidas las competencias en materia educativa.
Los despidos irregulares, bajo la lupa
No necesariamente cualquier despido al concluir el curso es irregular. La sentencia del Supremo analizó el caso concreto de unos profesores interinos de enseñanza no universitaria de Murcia, pero en sus argumentaciones se refería a una práctica frecuente: mandar a la calle en junio a los docentes que han ocupado su puesto durante todo el curso para evitar pagarles las vacaciones. En esos casos, el tribunal falló que se discriminaba a los profesores interinos con vacante de curso entero frente a los profesores fijos.
Expertos en derecho laboral y sindicatos consideraron entonces que la sentencia tenía repercusión tanto en el ámbito público como en el privado. El Supremo recordó que el Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada –en el que se basaba en su sentencia– afecta a todos los trabajadores, sin establecer diferencias en función del carácter público o privado del empleador para el que trabajan.
Fermín Yébenes, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT) explica que los inspectores encuentran este tipo de abusos “sobre todo en el sector privado. Hacen contratos de trabajo con nomenclatura de fijos discontinuos, cuando deberían estar trabajando todo el año. También los despiden y los vuelven a contratar al principio del curso escolar para no pagarles esos dos meses” de vacaciones.
Contratos temporales y como fijos discontinuos
Javier Muñoyerro, secretario general del sindicato FSIE (con representación en la enseñanza privada y concertada), explica que en este sector encuentran sobre todo dos situaciones de trabajadores que concluyen sus contratos con el calendario escolar: las sustituciones y los contratos temporales de empleados en “recursos adicionales”, como los cursos de diversificación.
En el primer caso, Muñoyerro considera que si el profesor titular al que sustituye el suplente no se ha incorporado a su puesto, el contrato del sustituto no debería extinguirse por el hecho de que lleguen las vacaciones. Para el caso de los “recursos adicionales”, desde FSIE consideran que “ese recurso debe tener la duración del curso entero, hasta agosto” y no privar a los trabajadores de los meses de cotización y salario en julio y agosto.
Según la experiencia de Lola Navarro, responsable de educación privada y concertada del sindicato STEPV, los abusos son más frecuentes en la educación privada que en la concertada. “Desde hace 10 años, en la concertada se ajustan bastante a lo que marca el convenio porque se arriesgan a perder el concierto”, explica la sindicalista de la Comunidad Valenciana.
Pese a tratarse de un abuso denunciado tradicionalmente en colegios privados y concertados, un decreto del Gobierno de Rajoy abrió la puerta en plena crisis económica a que las comunidades despidieran a los docentes interinos al concluir el curso. “Las comunidades autónomas optaron por desarrollar esta práctica tras la aprobación del Real Decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo en el año 2012. Una vez que se ha reducido su efectividad, disminuye su impacto en la educación pública y se mantiene en la privada”, incide un portavoz de Comisiones Obreras.
Aunque el curso escolar finalice en junio, varios sindicatos adjudican el elevado número de bajas en julio al sector privado. Desde CCOO explican que en muchos centros privados y academias se extienden los contratos para que estos profesionales impartan “clases de apoyo”. En UGT también señalan “al hecho de que hayan adelantado la convocatoria extraordinaria de exámenes a julio”, ya que se reducen los alumnos de academias particulares en el resto del verano que se preparaban tradicionalmente para los exámenes de recuperación de septiembre, explica Maribel Loranca, secretaria de del sector de Enseñanza del sindicato.
Si la Inspección de Trabajo demuestra que el empresario ha cometido una contratación fraudulenta, y concluye que el docente debería haber estado dado de alta todo el año, podría corresponderle “una sanción y la liquidación de cuotas a la Seguridad Social”, explica Fermín Yébenes.
