El primer bloque de la reforma de pensiones va rumbo al Congreso, pero la negociación no ha terminado. Ahora se iniciará la tramitación parlamentaria de este paquete de medidas, por lo que aún podría sufrir algunas modificaciones. Este septiembre arranca también la negociación de un importante fleco aún por definir: el sustituto del factor de sostenibilidad de 2013, que será un “mecanismo de equidad intergeneracional”. La negociación de este elemento se prevé compleja, con puntos de partida bastante alejados entre el ministro José Luis Escrivá y los agentes sociales. Y, por último, están pendientes varios compromisos del Gobierno para los próximos meses y queda por delante abordar toda la segunda fase de la reforma.
La tarea más inmediata para el Ministerio de Seguridad Social pasa por concretar el citado “mecanismo de equidad intergeneracional”, que el Gobierno quiere que esté incluido en el proyecto de ley del primer paquete de pensiones. Los planes son: negociarlo con los agentes sociales, que esté listo antes del 15 de noviembre e introducirlo en el texto legal vía enmienda.
¿Por qué la prisa? Porque, fruto de la presión de los sindicatos, el primer paquete de medidas incluyó finalmente la derogación del factor de sostenibilidad de las pensiones aprobado por el gobierno del PP de 2013 y que suponía una rebaja sustancial de las prestaciones de los futuros pensionistas. Sobre todo, para los más jóvenes. El Ejecutivo accedió finalmente a derogar este elemento ya, y no en la segunda fase de la reforma como pretendía, pero solo si se incorporaba también la medida que lo sustituirá y que se ha prometido a Bruselas dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia: el “mecanismo de equidad intergeneracional”.
Aunque ya se han cruzado contactos informales, la reunión que retomará de manera oficial el diálogo social en materia de pensiones está prevista para mediados de septiembre. La prioridad consiste en definir el mecanismo de equidad, que aún está muy en el aire. Lo que está claro es su objetivo: reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones de cara al aumento del gasto que habrá durante varios años por la jubilación de la generación del baby boom. En este tiempo, el número de pensionistas aumentará mucho mientras que los trabajadores que paguen sus prestaciones se reducirán, ya que pertenecen a generaciones con menos nacimientos.
Ya en 2011, tanto el Pacto de Toledo como los agentes sociales acordaron que era necesario un “factor de sostenibilidad” para afrontar este reto temporal en la financiación del sistema, pero el PP aprobó uno en 2013 sin diálogo social ni político, que incluso no llegó a implantar. La idea ahora es retomar el consenso de hace una década y acordar una medida que goce del respaldo del resto de grupos políticos y de los sindicatos y empresarios.
Puntos de partida alejados
El reto es complejo. De inicio, el ministro Escrivá y los agentes sociales no comparten el mismo enfoque. El responsable de la Seguridad Social considera que el mecanismo debería plasmarse en un “moderado ajuste” sobre la generación de los baby boomers, aquellos nacidos entre mediados de los 50 y de los 70. El ministro ha insistido en evitar que el “esfuerzo” recaiga en los jóvenes sino en la generación más numerosa.
Escrivá adelantó en el Pacto de Toledo que el nuevo mecanismo buscará la misma reducción de gasto en las pensiones que el factor de sostenibilidad de 2013 ya que se han acordado otras medidas, como los incentivos para retrasar la edad efectiva de jubilación, que el Ejecutivo espera que tengan un importante efecto para los próximos años.
José Luis Escrivá llegó a afirmar que ese ajuste podría traducirse en una reducción de la pensión o que estas personas tuvieran que jubilarse un poco más tarde, aunque luego se retractó de sus palabras y aseguró que solo eran “reflexiones”. Los sindicatos CCOO y UGT, pero también las patronales de empresarios, salieron a rechazar este enfoque con sendos comunicados. “La definición del nuevo factor de sostenibilidad, en sustitución del actual, que ha quedado supeditada a una futura negociación, debe sustentarse en la equidad y la solidaridad intergeneracional evitando, en todo caso, que recaiga solo sobre algunas generaciones la sostenibilidad del sistema”, respondieron CEOE y Cepyme.
“Lo primero que tiene que hacer el Gobierno es decir qué pretende con el mecanismo, qué impacto presupuestario quiere tener. El ministro ha dicho que es pequeño, pero lo tienen que concretar. Si es una, dos o tres décimas del PIB, es relativamente fácil de alcanzar. Si es un punto del PIB, estaríamos hablando de mucho dinero”, sostiene Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO. “Lo segundo que tiene que decirnos es cómo pretende lograrlo. Los sindicatos pensamos que hay márgenes de actuaciones en los ingresos, sin ajustar las prestaciones, porque ya hemos desplegado otras medidas en el primer acuerdo para garantizar la sostenibilidad del sistema”, añade.
Tras la polémica causada por sus palabras, Escrivá compareció en el Pacto de Toledo a principios de julio y resumió el debate existente. “La disyuntiva es: ¿esto se paga con impuestos, que lo pagan todos? ¿O podría contemplarse la posibilidad de mecanismos más selectivos?”, apuntó. El ministro es partidario de la segunda opción y, por sus palabras, parece que con un enfoque más centrado en la contención del gasto.
Los sindicatos, por contra, optan por el primer camino, con un rechazo a un discurso que “enfrente” a unas generaciones de ciudadanos con otras. Los 'baby boomers' han sido cohortes muy numerosas y también lo fueron como trabajadores y contribuyentes al sistema público, recuerdan. “Creemos que se pueden reforzar los ingresos, pensamos en los tipos de cotización, el destope de bases máximas... Unas pueden ser medidas estructurales y otras más temporales, de 20 o 25 años, hay que debatirlo”, afirma Carlos Bravo, que difiere en el enfoque “generacional” de la medida y considera que los “esfuerzos” hay que centrarlos en los que más tienen. “En todas las generaciones hay gente a la que le va mal y otra a la que le va muy bien”, apunta.
Viudedad de parejas de hecho, becarios y otros debates
Junto al mecanismo de equidad hay varios compromisos que partieron del primer acuerdo social en pensiones y que los sindicatos quieren comenzar a debatir cuanto antes. Es el caso por ejemplo de la equiparación de la pensión de viudedad de las parejas de hecho y los matrimonios, así como aprobar el reglamento para que coticen a la Seguridad Social todos los becarios. “También está pendiente que los autónomos coticen por sus ingresos reales, que creemos que hay que abordarlo ya”, defiende Carlos Bravo.
Este elemento forma parte de la segunda fase de la reforma de pensiones, que se prevé en varias etapas hasta finales de 2022, según el calendario prometido a la UE. En CCOO defienden la negociación de las medidas de manera simultánea, no por separado, lo que consideran que dificulta un enfoque más trasversal del sistema y la conexión entre las medidas.
Por otro lado, el Pacto de Toledo analizará también a partir de septiembre el informe de la Seguridad Social sobre las largas carreras de jubilación, que opta por no despenalizar la jubilación anticipada a partir de los 40 años cotizados, por ser un “agravio comparativo” entre pensionistas. El Ministerio recuerda además que los trabajadores con largas carreras laborales ya cuentan con penalizaciones inferiores al resto para el retiro anticipado.