Las medidas de ahorro energético entran en vigor convertidas en una nueva batalla política

Se ha convertido en la batalla política de este verano. El paquete de medidas de ahorro energético que aprobó el Gobierno hace una semana, que las comunidades presididas por el PP han pedido retirar y que, en una maniobra pilotada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a acabar en el Tribunal Constitucional porque, considera, invade sus competencias.

Un plan de choque que no entra en vigor de golpe. Lo hará de forma escalonada con el objetivo de cumplir con las exigencias marcadas por la Comisión Europea que ha instado a España a reducir el consumo de gas en un 7% –en otros países de la Unión es del 15%– como escudo para hacer frente a un posible corte de gas ruso. 

En ese paquete, que se completará en septiembre con otro que incluirá más mecanismos de contingencia y para el que se han pedido propuestas a las comunidades autónomas, hay dos medidas que entran en vigor este miércoles 10 de agosto, ya que el Gobierno dio una semana de margen para facilitar la adaptación. Se trata de las relativas a la temperatura, tanto del aire acondicionado como de la calefacción; así como apagar la luz por la noche de los escaparates y edificios públicos, siempre que estén desocupados.

Otras medidas, como el cierre de las puertas para evitar que se gaste energía de forma ineficiente, se desplegarán en septiembre.

Limitaciones para el aire acondicionado y calefacción

La primera medida que entra en vigor desde la primera hora de este miércoles 10 de agosto es la que atañe a la temperatura de los edificios, sean oficinas o establecimientos comerciales. Aunque hay matices para determinados casos. El real decreto establece que la temperatura del aire de los recintos –no de las viviendas– no será superior a 19 grados, cuando se trate de calefacción; ni inferior a 27 grados, en el caso del aire acondicionado. 

No es que hasta ahora no hubiese ninguna regulación respecto a las temperaturas. El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), que se aprobó en 2007, ya preveía un control de grados por razones de ahorro de energía. “Para el dimensionamiento de los sistemas de calefacción, se empleará una temperatura de cálculo de las condiciones interiores de 21 grados. Para los sistemas de refrigeración la temperatura de cálculo será de 25 grados”, recogía el texto aprobado hace 15 años. Ahora, esos grados cambian, pero se mantiene que “las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento de una humedad relativa comprendida entre el 30% y el 70%”. 

Además, el texto aprobado hace una semana por el Ejecutivo establece excepciones, porque no todos los establecimientos comerciales o de restauración tienen las mismas características. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró el pasado fin de semana que el plan de ahorro “propone las mismas temperaturas a un comercio de congelados que a una librería, poner las mismas temperaturas a una tienda de frutas que a una tienda de ropa es, simplemente, una improvisación”.

No es así. Centros sanitarios y hospitalarios, de formación –como colegios, universidades o guarderías–, peluquerías, gimnasios, aviones o trenes, están exentos. También las habitaciones de los hoteles, que son considerados espacios privados. En cambio, los espacios comunes de los hoteles, las estaciones de autobuses, de metro o de tren, los teatros, cines, tiendas o salas de exposiciones sí que tienen que cumplir, aunque con flexibilidad.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha indicado en varias ocasiones en los últimos días que habrá flexibilidad, sobre todo para los pequeños establecimientos y empresas. “Las grandes compañías tienen capacidad de puesta en marcha inmediata”, aseguró este martes en una entrevista en la Cadena SER. No ocurre lo mismo, apuntó, con “una librería pequeñita” que “puede tener dificultades, o una tienda de alimentación”.

Además, los umbrales de temperatura –los 19 y 27 grados– ya deben ajustarse a otro real decreto, el 486/1997, que estableció disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Se trata de una legislación aprobada durante el Gobierno del PP presidido por José María Aznar y con Javier Arenas como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Ese decreto ya establecía que “la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 grados” y que “la temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 grados”.

Ahora, el texto aprobado por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos establece que “no tendrán que cumplir dichas limitaciones de temperatura aquellos recintos que justifiquen la necesidad de mantener condiciones ambientales especiales o dispongan de una normativa específica que así lo establezca. En este caso debe existir una separación física entre el recinto con los locales contiguos que vengan obligados a mantener las condiciones indicadas anteriormente”. En este sentido, la ministra Ribera, citó el lunes como ejemplo, los establecimientos de alimentación, por ejemplo, para garantizar la seguridad alimentaria.

La luz de los escaparates y puertas que se cierren 

La otra medida que entra en vigor este miércoles y que, como la anterior, estará en marcha hasta el 1 de noviembre de 2023, es la relacionada con la luz de los escaparates y de los edificios públicos vacíos. Lo que dice el decreto es que el alumbrado de los escaparates deberá mantenerse apagado desde las 22.00 horas. “Está disposición también aplicará al alumbrado de edificios públicos que a la referida hora se encuentren desocupados”, añade. 

Apagar los escaparates no es el único cambio que se contempla en el plan de choque para los locales comerciales. El texto aprobado por el Gobierno, que tendrá que ser convalidado en el Congreso, también incluye que “los edificios y locales con acceso desde la calle (...) dispondrán de un sistema de cierre de puertas adecuado”. Esta medida no entra en vigor este miércoles, sino que deberá cumplirse antes del 30 de septiembre, y no obliga a colocar un sofisticado sistema de cierre. El decreto afirma que “podrá consistir en un sencillo brazo de cierre automático de las puertas, con el fin de impedir que éstas permanezcan abiertas permanentemente, con el consiguiente despilfarro energético por las pérdidas de energía al exterior, independientemente del origen renovable o no de la energía utilizada para la generación de calor y frío por parte de los sistemas de calefacción y refrigeración”. Se trata, simplemente, de ahorrar energía.

Y hay una disposición más, que no ha tenido tanto reflejo en la batalla política y que, en este caso, entrará en vigor un mes después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del real decreto. Es decir, el próximo 2 de septiembre. Se trata de las relativas a informar sobre la necesidad de ahorrar energía. Las tiendas, comercios, oficinas, etc. deberán informar “mediante carteles informativos o el uso de pantallas” de las medidas de aplicación que contribuyen al ahorro energético relativas a los valores límites de las temperaturas del aire, información sobre temperatura y humedad y apertura de puertas. “Dichos carteles o pantallas deberán ser claramente visibles desde la entrada o acceso a los edificios”, apunta el decreto. También podrán “indicar otras medidas que se estén adoptando para el ahorro y la eficiencia energética”.

¿Y qué sucede si no se cumple? Las multas pueden llegar a los 60.000 euros, pero, de nuevo, hay flexibilidad. “No se pretende sancionar, se pretende encauzar”, recalcó Ribera este martes. “Todos debemos estar vigilantes, las normas están para cumplirlas. No creo que nadie vaya a poner multas inmediatas”, ahondó.

La vicepresidenta sí habló de un “apercibimiento previo”, en caso de que se compruebe que de manera sistemática no se esté cumpliendo, en unas labores de supervisión que dependen de las comunidades autónomas. “Si pasa el tiempo y no pasa nada, lo que corresponde es un conflicto de competencias negativo”, ahondó Ribera en referencia a los gobiernos autonómicos que obvien su responsabilidad. “Si vemos que pasan los días y en algún sitio vemos que no se aplican, nos pondremos inmediatamente en contacto con esa comunidad, no esperaríamos meses o semanas”. 

Una tormenta política al son de Ayuso

Estas medidas sobre eficiencia energética entran en vigor en medio de una tormenta política entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, que se lleva agravando cada día desde la aprobación del real decreto el pasado 1 de agosto. La dirección del PP de Alberto Núñez Feijóo se ha visto arrastrada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha decidido hacer de su batalla contra el decreto que cumple con el compromiso de ahorro acordado con los socios de la UE una suerte de serpiente de verano con la que acaparar toda la atención mediática mientras todos los líderes políticos, incluida la propia Ayuso, se encuentran de vacaciones. 

Feijóo ha pasado de reclamar algunas de las medidas incluidas en el decreto hace apenas dos semanas, a rechazarlas de plano, pidiendo la retirada del texto, y siempre a rebufo del Gobierno de Ayuso, que este lunes fue un paso más allá anunciando un recurso de inconstitucionalidad que pretende paralizar la aplicación del texto. “Me parecen bien los planes de ahorro energético que señalan límites para activar los aires acondicionados y límites para activar en invierno la calefacción”, dijo el líder del PP el pasado 21 de julio, cuando también pidió “cortes” o “disminuciones” en el alumbrado de las ciudades. 

“El primero que debe someterse al ahorro es el Gobierno de España”, aseguró, en cambio, este martes, el 'número tres' de Feijóo, el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado. En una entrevista en RTVE, el dirigente popular ha considerado que el decreto es “una chapuza”, y ha asegurado que las medidas se han tomado por parte del Gobierno “de forma unilateral, sin hablar con los afectados y sin hablar con las comunidades autónomas”. Por eso ha pedido, de nuevo, la celebración de una Conferencia de Presidentes, para la semana que viene. En realidad, el Ejecutivo sí habló en julio con todos los gobiernos autonómicos antes de poner en marcha el texto, tal y como adelantó el pasado fin de semana El Español y ha sido confirmado por el propio Gobierno. 

Pero en el argumentario del PP, esa idea de que el texto no ha sido consultado previamente es una de las principales tesis para rechazarlo y abrir una nueva batalla política y legal contra el decreto en pleno agosto. También este martes, el vicepresidente madrileño, Enrique Ossorio, justificaba el recurso que el Gobierno de Ayuso presentará ante el Constitucional en que “los argumentos que utiliza el Estado para poder legislar por encima de la comunidad son incorrectos y, por tanto, hay causa de inconstitucionalidad”. El 'número dos' de la presidenta madrileña explicaba en una entrevista en RNE que ya tienen preparado el texto del recurso, que podrán presentar hasta el 2 de noviembre, pero que esperarán a ver si hay cambios en el decreto o si finalmente es convalidado por el Congreso. 

El próximo paso, en el Congreso

En una nota difundida a primera hora, el Gobierno de Ayuso ha explicado que considera que el real decreto es inconstitucional porque se trata de “un acuerdo europeo que no es obligatorio”. A juicio de la Comunidad, esta voluntariedad en la reducción del 7% del consumo de gas cuestiona el carácter básico que permite al Estado legislar sobre competencias que son propias de otras administraciones. El Ejecutivo autonómico también considera inconstitucionales el cierre de puertas en locales; el apagado de edificios públicos, que “chocaría con la competencia de cuidado y utilización” de la Comunidad; el adelanto de la próxima inspección de eficiencia energética; o la “defectuosa configuración del régimen sancionador”.

Además, Ayuso considera que “la obligación de instalar cartelería, pantallas, etc. para informar de las medidas de ahorro energético no contribuye directamente a dicho ahorro energético” y que el apagado de escaparates a las 22.00 horas “colisiona directamente con la ley de libertad de horarios comerciales”. Esto, pese a que el real decreto no establece el cierre de comercios, ni de las luces interiores, sino de los escaparates.

Con todo, las principales medidas del decreto entran en vigor este miércoles con el riesgo de que el Constitucional las declare ilegales en el medio plazo –en torno a un año y medio, según los plazos habituales–, y con esos argumentos del PP encima de la mesa sobre todo de cara al Pleno del Congreso de finales de mes que debe convalidar el texto, y que aventura un nuevo cruce de descalificaciones entre el Gobierno y la oposición. En Moncloa creen contar con una amplia mayoría para poder lograr ese aval necesario del Parlamento, tras considerar que se han reconducido los lazos con los socios de la investidura y también con ERC. 

Algunos aliados parlamentarios del Gobierno –además de los republicanos, el PNV, EH Bildu, Compromís y Más País– han criticado en los últimos días aspectos del decreto aprobado por el Gobierno, pero principalmente por considerarlo poco ambicioso –crítica a la que se ha sumado Alianza Verde, integrante de Unidas Podemos– y por no haber sido consensuado, dicen, con las comunidades autónomas. Creen, en todo caso, que el aprobado es un buen plan de inicio, sobre todo después de que el Ejecutivo se reuniera directamente con las comunidades este lunes, en una conferencia sectorial, por lo que en principio tienen pensado respaldarlo en la Cámara Baja.