Permisos, fondos contra la violencia machista y listas cremallera: las medidas del acuerdo de presupuestos para “una sociedad más feminista”
El Gobierno de Pedro Sánchez y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea han sellado un acuerdo de cara a los próximos Presupuestos Generales del Estado que reserva a la igualdad un papel clave. Bajo el punto “una sociedad más feminista”, el documento recuerda el pasado 8 de marzo y cita “el potencial transformador del feminismo” para incluir varias medidas concretas. Además, contempla el objetivo de tramitar las proposiciones de ley que ambos partidos tienen registradas sobre igualdad laboral y brecha salarial.
Una ley de violencia sexual: ambas formaciones han acordado la aprobación de una ley que establezca un marco integral contra la violencia sexual, al estilo de la Ley Integral de Violencia de Género de 2004. Se trata de la norma registrada el pasado mes de abril por Unidos Podemos, que establece un amplio abanico de medidas sociales, educativas, sanitarias y de reparación de las víctimas. Con el objetivo de “blindar que solo sí es sí”, el pacto contempla la reforma del Código Penal para unificar los delitos sexuales en uno solo de agresión sexual y, por consiguiente, eliminar el de abuso sexual. De esta forma, se prevé que la regulación de estos tipos penales gire sobre el eje del consentimiento y no de la violencia o la intimidación, como ocurre actualmente.
Permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles: el texto contempla la equiparación de permisos hasta las 16 semanas progresivamente hasta 2021. En 2019, el permiso de paternidad se ampliará a 8 semanas, a 12 en 2020 y a 16 en 2021, año en el que estarían ya totalmente equiparados. Los permisos serán intransferibles, es decir, serán derechos individuales que no podrán cederse, un punto que busca fomentar la corresponsabilidad y el cuidado de los padres. También serán remunerados al 100%. A día de hoy no hay acuerdo respecto a la simultaneidad, es decir, sobre si los dos progenitores podrán elegir cuándo cogerlos o si lo harán simultáneamente. El texto confía los detalles al diálogo social. Además, en el Congreso sigue el trámite de la proposición de ley de Unidos Podemos, que contempla que sean los progenitores quienes decidan cuándo cogerlos durante el primer año de vida del bebé.
Bajada del IVA de los productos de higiene femenina: el documento recoge una potente reivindicación feminista de los últimos años, que tampones y compresas pasen a tener un IVA superreducido por primera necesidad, del 4%. La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya había anunciado a principios de octubre que esto iba a estar incluido en los PGE. En una comparecencia en el Senado, Montero argumentó que el impacto de género en la compra de compresas y tampones es evidente, y en otra ocasión llegó a calificarlo de “discriminación”. Era una clave sobre la que ambos partidos ya habían hablado en las negociaciones previas. El PSOE presentó a finales de 2016 una proposición no de ley con el mismo objetivo que salió adelante con el voto en contra del PP y abstención de Cs, y que incluía pañales y preservativos.
Reconocer el derecho a paro de las empleadas domésticas: el acuerdo presupuestario de Unidos Podemos y el Gobierno incluye el compromiso de ratificar en el año 2019 el Convenio número 189 de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Hay un total de 635.300 trabajadores domésticos según la última Encuesta de Población Activa, y el 88,9% son mujeres. Muchas, migrantes. El número de los trabajadores de este sector dados de alta en la Seguridad Social es mucho menor: 409.861 a mediados de septiembre.
Lo más relevante de este Convenio es que con él, el Gobierno reconocerá la equiparación de la protección social de estas empleadas del hogar y de cuidados, lo cual incluye el derecho a paro que en la actualidad no tenían. El Convenio contempla que estos cambios se pueden aplicar “progresivamete” con asesoramiento de sindicatos y patronales.
Listas cremallera: la reforma de la Ley Electoral que han consensuado incluye cuatro claves. Acabar con las trabas del voto rogado, limitar el ‘buzoneo’, comenzar a trabajar en otro acuerdo que permita modificar la fórmula electoral para hacerla más proporcional, y el establecimiento de listas cremallera. Esto último implica que, en una lista electoral, no puedan ir dos hombres seguidos, con el objetivo de alcanzar así la paridad en las sedes parlamentarias.
Tanto PSOE como Unidos Podemos ya aplican las listas cremallera en sus reglamentos internos. Significan la obligatoriedad de que hombres y mujeres se alternen en las listas de cada partido. Eso amplía la cuota de la Ley de Igualdad, que insta a que haya al menos un 40% de candidatas mujeres, pero no garantiza que estén en los primeros puestos. En la actual legislatura, el Congreso roza el 40% de diputadas, la composición más paritaria de la Democracia.
Financiar el Pacto de Estado contra la Violencia Machista: con el objetivo de desarrollar “de forma completa y ambiciosa” el pacto, aprobado por el Congreso hace un año, el acuerdo contempla lo que ya está tramitando la cámara baja. Se trata de una ley que finalmente el Gobierno llevó por vía parlamentaria después de aprobar un decreto en pleno agosto que incorpora el incremento de 20 millones de euros más para los ayuntamientos, tal y como anunció el Gobierno de Pedro Sánchez que haría.
Entre las medidas que incluye, se encuentra la acreditación de las víctimas de violencia machista independientemente de que hayan denunciado, la modificación del Código Civil para que los menores de padres denunciados por violencia de género no precisen su consentimiento para ser atendidos psicológicamente, el fortalecimiento de la asistencia jurídica y la devolución de las competencias en esta materia a los entes locales.
Recuperar las cotizaciones de las cuidadoras de dependientes: el acuerdo describe la recuperación de la cotización a la Seguridad Social por parte del Estado de las cuidadoras no profesionales de familiares con dependencia. Una prestación que alumbró la Ley de Dependencia en 2006 y que fue recortada seis años después por el Partido Popular. Si querían seguir cotizando, las cuidadoras –la mayoría son mujeres– debían afrontar el gasto, así que unas 140.000 causaron baja de la Seguridad Social. El Ejecutivo socialista ya anunció en julio que recuperaría esta prestación, que ahora cuantifica en un esfuerzo presupuestario de 315 millones de euros.
Escuelas de 0 a 3 años: dentro de la partida de ayudas familiares, el acuerdo incluye el impulso de la universalización de la Escuela para niños y niñas entre 0 y 3 años. Es una medida que ya anunciaron Sánchez e Iglesias a principios de septiembre, pensada según el texto para contribuir tanto a “reducir la desigualdad y mejorar la conciliación” como para constituir un “potente factor” de base contra el fracaso escolar. Indican que es un “soporte inicial” para un plan que se ha pactado diseñar en 2019 junto a las Comunidades Autónomas que finalice en la incorporación a la red pública la etapa educativa de 0 a 3 años.
De momento, no se incluye la gratuidad. En estos PGE se contempla que se facilite que los Ayuntamientos, las entidades que gestionan este tipo de centros, destinen parte de su superávit a realizar Inversiones Financieramente Sostenibles para las escuelas infantiles. A los municipios que no cuenten con superávit pero quieran invertirlo en esta materia se les dotará de 30 millones de euros. En total, este punto supone 330 millones de euros.
