Por qué las medidas del Gobierno no reducen el precio de la luz

El Pleno del Congreso aprobó este miércoles el decreto ley que rebaja al 10% el IVA aplicado en la factura de la luz y suspende el impuesto del 7% a la generación que pagan las compañías eléctricas con el objetivo de frenar los precios de la electricidad, que experimentaron un nuevo máximo histórico, superando la cota de los 106 euros por megavatio hora (MWh). La medida del Ejecutivo de Pedro Sánchez es un pequeño alivio que no va a reducir del todo la factura eléctrica este año, ya que depende de un sistema marginalista, el precio final que se aplica a la producción eléctrica es el más alto, cuando los costes del gas y el CO2 están disparados y van a seguir altos este año y el siguiente, según las previsiones de los organismos energéticos. A continuación, unas preguntas y respuestas para entender el funcionamiento del mercado eléctrico y la complejidad para reducir los costes que sufren los ciudadanos en su factura de la luz.

¿Qué medidas ha aprobado el Gobierno para rebajar el precio de la electricidad?

El Congreso ha convalidado este miércoles, entre fuertes críticas de la oposición al Ejecutivo de Pedro Sánchez, un Real Decreto-Ley del Gobierno con medidas urgentes para reducir los impuestos que se aplican al suministro de energía eléctrica: reducirá temporalmente el IVA de la luz del 21% hasta el 10% y suspenderá un trimestre el impuesto del 7% a la generación de electricidad, una medida que ya se adoptó a finales de 2018.

¿Qué efecto tienen estas medidas aprobadas por el Gobierno en la factura eléctrica?

El Ministerio para la Transición Ecológica explicó que ambas medidas supondrían un recorte de recaudación de unos 1.250 millones de euros (la suspensión del 7% a la generación eléctrica tendrá una merma de unos 400 millones mientras que la bajada del IVA tendrá un impacto de 850 millones). El efecto en la factura será de una reducción del 12%, según el Ministerio. Si la factura media en junio ha sido de 81,27 euros las medidas del Gobierno supondrían un ahorro de unos 9,7 euros.

Entonces, ¿por qué no funcionan estas medidas y tenemos los precios más caros de la historia?

Los precios de la electricidad responden a las subastas de la energía en el mercado eléctrico. Desde el inicio del año, el precio medio de la luz en el mercado mayorista no ha parado de subir, alcanzando este miércoles nuevo máximo histórico con 106,57 euros por megavatio hora (MWh), tras subir un 4,6% con respecto a este martes. La factura de la luz de un usuario medio se ha encarecido un 34,6% en la primera quincena de julio con respecto al mismo mes del año pasado, según datos de la organización de consumidores Facua. Con las tarifas de los quince primeros días de este mes, el usuario medio pagará 21,68 euros más que en julio de 2020, teniendo en cuenta que la bajada del IVA al 10% habría amortiguado la subida en poco más de ocho euros.

¿Cómo funciona el mercado mayorista de energía para que los precios estén tan altos?

El mercado eléctrico se denomina OMIE (Operador del Mercado Ibérico, polo Español) pero el nombre es lo de menos, lo importante es que es marginalista, es decir, los productores venden al precio de la energía más cara. Cada día Red Eléctrica de España hace una estimación de la demanda de energía. La empresas generadoras de electricidad (renovables, hidráulica, nuclear y térmica) presentan diariamente sus ofertas de venta para cada una de las horas del día siguiente mientras que las comercializadoras y grandes consumidores hacen lo mismo con las ofertas de compra. El OMIE ordena todo esto utilizando un algoritmo para calcular el punto de equilibrio en cada hora, pero como es marginalista el precio final será el más caro de todos los productores. Normalmente, las energías renovables (eólica, solar, hidráulica) presentan ofertas de venta bajas, seguidas de las centrales nucleares y finalmente, las centrales de ciclo combinado de gas, las más caras porque dependen del precio de la materia prima, el gas, al que hay que añadir los costes de generación de CO2. Además, en caso de que haya riesgo de problemas de suministro se compra energía, normalmente a las centrales de gas, para garantizar la seguridad del sistema, con lo que se impone su precio. Al final, tenemos un sistema marcado por el precio más caro que depende de los vaivenes del mercado del gas y del CO2.

Un detalle, en el primer trimestre de 2021 la energía eólica tuvo un récord de producción, un 32,9% superior a la de 2020, que hizo que el 54,6% de la producción nacional de electricidad fuera de origen renovable. Mientras más oferta renovable es más fácil llenar la demanda de los consumidores con precios bajos. Pero si cae el viento, hay menos producción renovable, los costes del gas suben y hay más demanda por el calor, nos topamos con la tormenta perfecta del precio récord de la electricidad.

¿Qué está pasando con el mercado del gas?

La recuperación tras un año de escasa movilidad ha provocado una fuerte demanda de materias primas que también ha impactado en las fuentes de energía. El gas natural ha sufrido un ascenso del precio del 31,3% en los seis primeros meses del año. Un gran problema para nuestro país ya que España sufre una fuerte dependencia de los proveedores internacionales gasísticos y tiene que abastecerse de gas procedente de 15 países. En esta subida ha influido la fuerte demanda de gas de países como China o India, cuyo apetito energético dispara los precios, y la política energética de Rusia, que cierra el grifo gasista para elevar los precios. La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha puntualizado este miércoles que el precio del gas se ha encarecido un 10% en los últimos siete días.

El precio del gas está a 37 euros el megavatio, según información de Mibgas, lo que supone que un megavatio eléctrico generado por una central de ciclo combinado tenga un coste que supera los 70 euros, a lo que habría que sumar los costes de CO2, que elevan el precio a unos 90 euros. ¿Cómo evolucionarán los precios del gas en el futuro? Los mercados de futuros indican que se mantendrán altos al menos este año y en 2022. ¿Puede hacer algo el Gobierno para que baje el precio del gas a nivel mundial? No, es el mercado, amigos.

¿Qué pasa con el mercado del CO2?

Pues eso, que es un mercado. Lo que tendría que ser un “instrumento facilitador” para la transformación en un sistema eléctrico menos contaminante se puede acabar convirtiendo en “una guillotina para los consumidores”, como ha apuntado la ministra Ribera. Se impusieron unos costes a la generación de CO2 para hacer menos atractivas las inversiones que generaran este contaminante, unos costes que recaen prácticamente en las centrales de ciclo combinado. Pero como todo mercado, responde a la oferta y a la demanda y ya hay especuladores que juegan con los precios. El año empezó con precios de CO2 a 33,43 euros y en julio ya han subido hasta los 53,57 euros, según Sendeco, una empresa dedicada a la compraventa de derechos de emisión.

Como solución, Ribera propone: “Facilitar la contratación bilateral a largo plazo, agilizar la transformación del sistema energético, activar la compensación de CO2 a la industria y agilizar el sistema de ajuste en frontera de la UE son algunas de las medidas más importantes para reducir la factura”. Medidas que no solo dependen de España y que necesitan años para su implantación.

¿Están funcionando las centrales nucleares a pleno rendimiento?

No. Paradas no previstas en la central Ascó I más la desconexión por recarga de otros dos reactores hizo que las nucleares funcionaran al 57% de su capacidad y su producción en junio, según datos de Red Eléctrica. Que un reactor se desconecte del sistema es una mala noticia para los precios del mercado mayorista. “Dejan de inyectar energía a precio cero en el mercado, y si salimos nosotros entra otro más caro”, como explicaba en una entrevista a elDiario.es el presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, en alusión a que el hueco que dejan estas centrales tienen que cubrirlo los ciclos combinados de gas natural, que son mucho más caros.

¿Se puede cambiar el sistema marginalista del mercado eléctrico?

Es complicado. Teresa Ribera ha explicado que el actual diseño del mercado eléctrico responde a directrices europeas y que solo un permiso de la UE permitiría a España hacer cambios, algo que se presenta muy difícil ya que los mercados de los países europeos funcionan prácticamente igual. Ribera ha enviado una carta a la Comisión Europea pidiendo que se permitan modificaciones en el mercado para que la oferta más cara no sea la que marque el precio final.

¿Ha aprobado el Gobierno otras medidas para rebajar el precio de la factura eléctrica? ¿Funcionan?

Sí, pero tardarán. Por un lado, el pasado mayo se aprobó la Ley de cambio climático y transición energética, con el objetivo de que las energías renovables tengan mayor peso en el mix eléctrico, alcanzando el 74% en 2030 y el 100% en 2050, y así no depender de las oscilaciones del precio del gas. Con anterioridad, en noviembre de 2020, había aprobado el decreto que permitía la subasta de energías renovables, que “facilita el acceso a la financiación de los proyectos de energías renovables a los promotores” de manera que facilita un marco estable para atraer la inversión en este tipo de energía. Por último, a principios de junio de este año, el Gobierno aprobó el anteproyecto para actuar sobre el exceso de retribución de la energía hidráulica y nuclear, los conocidos como “beneficios caídos del cielo” que, según estimaciones del Gobierno, se traducirá en un ahorro de hasta el 5% para los consumidores domésticos. ¿Qué ocurre? Ninguna de las tres medidas tienen una incidencia inmediata en el precio de la electricidad: la que llegará más rápido será la eliminación de los beneficios caídos del cielo de la hidráulica y nuclear que en todo caso estará aprobado al final de este año. La propia ministra Ribera admitió que se podría conseguir una reducción total de la factura del 15% sumando a esta medida el futuro fondo para financiar las primas a las renovables, que no estará plenamente operativo hasta dentro de cinco años.

¿Tiene el Gobierno de coalición toda la culpa de los precios de la electricidad?

No, aunque uno de sus compromisos en el acuerdo de coalición es “la aprobación del Plan nacional integrado de energía y clima, reforma del mercado eléctrico y bajada de la factura, como principales instrumentos para complementar y desarrollar la ley, estableciendo las sendas a seguir, definiendo el mix energético para el periodo 2021-2030”. La oposición, especialmente el Partido Popular, está utilizando esta inflación de la energía para atacar al Gobierno, aunque fue un ministro del Gobierno de Mariano Rajoy, José Manuel Soria, el impulsor del actual sistema tarifario de la electricidad y del hachazo a las renovables, que todavía le está costando al Estado español millones en multas, mientras que el Gobierno de José María Aznar, además de privatizar Endesa, tuvo una apuesta clara por construir el sistema eléctrico sobre centrales de ciclo combinado de gas con el objetivo de asegurar el suministro.

¿Sirve la nueva factura eléctrica para rebajar lo que pagan los ciudadanos?

No mucho. La nueva factura eléctrica que entró en vigor en junio no abaratará la luz a corto plazo. Con la nueva estructura de discriminación de precios en tres periodos horarios, el Ministerio para la Transición Ecológica apuntaba que el sistema “no busca reducir el precio de la electricidad de manera inmediata”, sino que al conocer el consumidor cuando los consumos son “más eficientes” se lograría “cierta reducción” del recibo a más largo plazo. 

¿Puede haber un comportamiento irregular de las eléctricas para subir los precios?

Sí, aunque no es la práctica común. Varias fuentes conocedoras del mercado eléctrico apuntan a la sospecha de que las eléctricas modifican la producción de sus instalaciones según las necesidades del mercado para incrementar los precios en la subasta. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, mandó una carta en junio a la presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, para pedirle que “analice cualquier posible comportamiento irregular o mala práctica de mercado por parte de los operadores eléctricos coincidentes con la entrada en vigor de la nueva estructura tarifaria”. En enero, durante la escalada del recibo durante la borrasca Filomena, fue el ministro de Consumo, Alberto Garzón, el que se dirigió a la CNMC para que se investigase si había habido irregularidades, pero la presidenta del organismo, Cani Fernández, lo descartó unas semanas después.

¿Se ha multado a las eléctricas por manipulación del mercado?

Sí. La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a las grandes eléctricas por manipulación del mercado en varias ocasiones. En 2013 multó con 25 millones de euros a Iberdrola por supuestamente controlar la producciones de centrales hidroeléctricas. En 2018, le impuso una penalización de seis millones a Viesgo por ofertar la energía producida en la central de carbón de Los Barrios (Cádiz) a unos precios elevados, cuando tenía garantizado vender su energía en el mercado de restricciones técnicas, que se activa para garantizar la seguridad del sistema, según Competencia. En 2019, el organismo supervisor sancionó a Naturgy, con 19,5 millones, y a Endesa, con 5,6 millones, por subir los precios de la electricidad generada por sus centrales de ciclo combinado cuyo precio entró en el proceso de restricciones técnicas para asegurar el suministro. Las sanciones están pendientes de los recursos que han interpuesto las compañías en la Audiencia Nacional.

¿Podría una eléctrica pública ayudar a bajar los precios?

Hay diversidad de opiniones. La vicepresidenta tercera de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reiterado su rechazo a algunas de las propuestas de Podemos, como la creación de una empresa pública de electricidad o la nacionalización del sector: “No tengo claro que fijar un precio único, la creación de una empresa pública o la nacionalización del sector, vayan a facilitar ningún tipo de transformación de nuestro sistema”. Por su parte, el economista Jorge Fabra apuntaba en esta entrevista en elDiario.es que “sería fantástico que las centrales hidroeléctricas que caducaran se fueran concentrando en una empresa pública. Esta fuente presta un servicio de un valor incalculable para el sistema eléctrico: cubrir la intermitencia de las renovables, afeitar las puntas de producción contaminante, concentrar la producción cuando una nuclear entra en parada… Su gestión debe ser completamente orientada al interés general”.

¿Podría el Estado crear una empresa eléctrica pública?

Sí. De hecho, como ya ha contado elDiario.es, el Estado español recuperará hasta 2031 una treintena de centrales hidroeléctricas sin que el Gobierno haya decidido qué hacer con ellas. El Ministerio para la Transición Ecológica tiene identificadas cerca de 30 concesiones hidroeléctricas que vencen en la próxima década y que suman una potencia de más de 700 megavatios (MW). La presencia del Estado en el sector eléctrico no es una rareza, sino una tendencia generalizada en el mundo desde hace décadas: solo un 38% de la potencia eléctrica instalada o en construcción en el mundo está en manos completamente privadas, según un informe de 2018 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Ahora bien, la creación de esta empresa pública no solventaría inmediatamente el problema de precios, ya que se trata de un proceso progresivo que iría recuperando instalaciones y se alargaría unos años hasta conseguir un volumen importante de potencia eléctrica.