Más de medio millón de parados esperan la ayuda para los desempleados que han agotado su prestación en la pandemia: “No podemos más”

“Estoy sobreviviendo gracias a Cáritas, lo que me van dando”, dice Jorge Becerra, de 49 años y en desempleo desde marzo. De profesión mecánico montador industrial y residente en Algeciras, es una de las personas que esperan con ansia que el Ejecutivo apruebe la ayuda para parados que han agotado su prestación durante la pandemia, como es su caso. “No tengo ningún ingreso”, asegura. Antes del parón de agosto parecía que esta nueva ayuda estaba muy cerca, pero el Gobierno aún no ha enviado su última propuesta escrita a los sindicatos, que se están impacientando por el retraso. “El 1 de septiembre se suponía que tenía que estar aprobada y nosotros queríamos ver a partir de entonces cómo se podía ampliar la revisión en conjunto de la protección por desempleo, pero llega septiembre y aún no hay nada”, critica Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT.

La pandemia del coronavirus estalló a mediados de marzo y se llevó por delante, de manera temporal o definitiva, el empleo de millones de personas: casi tres millones y medio de empleados llegaron a estar en ERTE, un millón y medio de autónomos tuvieron su actividad cesada o muy deteriorada y se destruyó casi un millón de puestos de trabajo. Esta avalancha de personas, que requería atención de manera urgente, se unía a los 3,2 millones de parados que tenía ya España, de los que uno de cada tres (34%) no cobraba ninguna prestación ni ayuda. Unas 550.000 personas se han quedado en esa situación desde que empezó la pandemia. El último dato disponible, de julio, recoge que el número de parados registrados en las oficinas públicas de empleo se situó en las 3.773.034 personas.

El Gobierno pactó con los agentes sociales la protección por desempleo para los ERTE y el paro extraordinario para los autónomos y creó el subsidio especial para empleadas del hogar (que los colectivos del sector advierten de que aún no han cobrado la mayoría de las solicitantes) y el ingreso mínimo vital contra la pobreza, que también está avanzando con muy pocos reconocimientos en lo que llevamos de verano. Las personas en desempleo advertían de que se sentían “olvidadas” y de que su situación también era muy complicada ante la gran dificultad de encontrar un trabajo durante estos meses de crisis por la pandemia.

Las medidas para los afectados por ERTE, que han protegido las rentas de los trabajadores afectados por expedientes, se convirtieron también al final “en agravios comparativos para las personas desempleadas, que seguían consumiendo su prestación y que la podían acabar sin la posibilidad de encontrar otro empleo”, afirma Mari Carmen Barrera. En el caso de los ERTE, el Ejecutivo acordó el llamado 'contador a cero', por el que cobran la prestación sin que se les descuente el tiempo cotizado para recibir el paro en un futuro.

“Necesito la ayuda para sobrevivir, ya no digo vivir”

Jorge Barrera explica que su relación con el empleo era muy inestable, con entradas y salidas del mercado laboral con contratos breves, pero en el momento en el que se desató la pandemia estaba trabajando. “Yo esperaba conservar el empleo, pero nos confinaron y todo se echó a perder”, lamenta. “Cobré lo que me quedaba de paro y se me agotó, ahora no tengo ningún subsidio porque me dijeron que no me corresponde. Pedí el ingreso mínimo vital, pero aquí estamos, sin noticias, sin respuestas de la Seguridad Social, no cogen los teléfonos...”, lamenta.

Su situación, que ya era complicada antes de la pandemia, ahora es límite, asegura. “Nos llaman 'los paguitas' y todos querríamos un empleo, pero no lo hay y ahora menos. Necesito la ayuda para sobrevivir, ya no digo para vivir”, añade. En su opinión, en el Gobierno “no se tenían que haber ido de vacaciones con esta situación. Si yo tengo hijos y no tienen para comer, sería un mal padre yéndome de vacaciones y dejándoles sin comer, ¿no? Pues esto es lo mismo, hay mucha gente pasándolo muy mal, no podemos más”.

CCOO y UGT urgieron al Gobierno a aprobar la ayuda para el colectivo de desempleados, especialmente para aquellas personas que han agotado su prestación desde el mes de marzo en el que estalló la pandemia. El subsidio comenzó a negociarse entre el Ministerio de Trabajo y los interlocutores sociales “y se estaba ultimando antes de que se suspendieran las reuniones en agosto, pero todavía seguimos a la espera del documento del Ministerio”, afirma Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO. En la última reunión, la postura de Trabajo era conceder una ayuda de 430 euros durante tres meses a aquellas personas paradas que se quedaron sin prestación por desempleo entre el 14 de marzo y el 30 de abril. “Calculan que llegaría a unas 550.000 personas”, explica Bravo.

Fuentes del Ministerio de Trabajo sostienen que se está “ultimando” esta nueva ayuda para desempleados y una modificación para las personas en paro que tenían contratos a tiempo parcial, que se veían penalizadas en el caso de tener varios trabajos de este tipo. Esta mejora en la prestación alcanzará a unas “150.000 personas”, afirman en el Ministerio, según los cálculos iniciales a falta del acuerdo final al respecto.

Los sindicatos señalan a Hacienda

Carlos Bravo considera que la ayuda podría aprobarse con rapidez, puesto que en su opinión la negociación estaba casi ultimada, y urge al Gobierno a llevarla al Consejo de Ministros cuanto antes. En UGT en cambio creen que todavía hay bastantes aspectos que discutir sobre la ayuda. “No está cerrada, el Gobierno habla de tres meses de subsidio, nosotros pedimos más, seis meses”, sostiene como ejemplo Mari Carmen Barrera, que confía en revisar en profundidad el sistema de protección por desempleo.

En los sindicatos señalan a Hacienda como la responsable de que la ayuda no salga adelante y urgen a que se desbloqueen los fondos para asumir este subsidio. El retraso en la aprobación de esta ayuda hace que además coincida en el tiempo con otra negociación clave, la prórroga de los ERTE a partir del 30 de septiembre, cuyo diálogo se inicia este 4 de septiembre en Baleares y que requerirá de bastante debate, según adelantan fuentes del diálogo social.

Joaquín García Martín, presidente de la Asociación Víctimas del Paro, considera que “cualquier tipo de prestación o ayuda es positiva porque va a ayudar a alguna persona y eso es positivo”, pero en su opinión el Gobierno podría hacer “mucho más” por las personas desempleadas en esta crisis. “Habría que centrarse en los hogares que no reciben ningún tipo de ingreso, habría que crear un plan de empleo para estas personas, que permitiera darles empleos necesarios durante la pandemia: vigilantes para que la gente lleve las mascarillas, conductores de ambulancia, rastreadores, mensajeros que llevan la comida a casa de personas mayores... Lo ideal sería formar a estas personas en puestos necesarios y darles unos ingresos para vivir”, considera García Martín.