Cerca de 150.000 empleados de los tres grandes fabricantes de coches de Detroit, el corazón de la industria automovilística de Estados Unidos, están pendientes de que su sindicato United Auto Workers (UAW) pacte un nuevo marco laboral con General Motors, Ford y Stellantis (Jeep y Chrysler). La fecha límite es el próximo 14 de septiembre. Si no hay acuerdo, puede ser la primera vez en la historia que los trabajadores de estas tres empresas vayan a la huelga al mismo tiempo.
La clave de esta negociación es la dimensión de las empresas, su calado, y que se produce en un contexto donde la conflictividad laboral en EEUU va en aumento, con la huelga de guionistas y actores como punta de lanza. Los paros se producen cuando queda un año de las elecciones presidenciales y a pesar de que en la Casa Blanca hay un presidente demócrata, Joe Biden, que ya ha pedido a UAW y a las empresas que lleguen a un consenso.
El paso clave que aproxima la huelga llegó el pasado viernes, cuando las plantillas de los tres gigantes del automóvil afiliadas a UAW votaron a favor de dar plenos poderes al sindicato para convocar huelga si no hay acuerdo antes de esa fecha límite. El apoyo fue masivo, con un 97% de votos a favor.
¿Qué piden las plantillas? Por un lado, una subida salarial del 46% en cuatro años y recuperar el poder adquisitivo perdido con la inflación. Por otro, trabajar 32 horas a la semana. También, que las empresas dejen de ofrecer una escala salarial donde los nuevos empleados cobran menos, recuperar los planes de pensiones que se eliminaron en la última crisis financiera y reducir los contratos temporales.
Un nuevo sindicalismo
En este conflicto laboral no solo son relevantes las peticiones, también el papel del sindicato y quién está al frente de este, porque puede sentar las bases de un nuevo modelo de negociación, más reivindicativo. Desde la pasada primavera, el líder de UAW es Shawn Fain, empleado de Chrysler, que ha agitado el sindicato y trata de romper con el pasado de la organización.
UAW es uno de los sindicatos con más poder en Estados Unidos y arrastra problemas, con exdirigentes condenados por apropiarse de las cuotas sindicales para su uso personal, lo que colocó a la organización bajo una especie de supervisión federal.
Ahora, trata de dar un volantazo y exigir mejoras en unos fabricantes automovilísticos que han estado entre los beneficiados de las ayudas estatales para impulsar la recuperación de la industria tras la pandemia, como ya lo fueron hace más una década, con la anterior crisis financiera. Entonces, se abrió una oleada de fusiones corporativas. Entre ellas, Stellantis, paraguas de marcas estadounidenses (como Jeep o Chrysler) y europeas, como Peugeot, Citroën, Fiat, Lancia u Opel.
Y se han puesto en entredicho las retribuciones de los directivos de las automovilísticas. “Mary Barra [consejera delegada de General Motors] ha ganado 200 millones de dólares en los últimos años, mientras nuestros salarios retrocedían. Algo se ha hecho mal”, ha afirmado Shawn Fain, en declaraciones recogidas por la agencia Bloomberg.
La factura para las empresas si suben los sueldos
Tras las peticiones de las plantillas surge el debate de si las empresas pueden asumir un aumento de costes laborales o las consecuencias de tener sus fábricas paradas. De momento, se calcula que las factorías pueden tener un stock de vehículos para más de dos meses. Sin embargo, la experiencia de los dos últimos años, en los que los problemas en las cadenas de suministro por la falta de microchips hicieron saltar por los aires los volúmenes de producción y los plazos de entrega, hacen que las consecuencias del paro sean difíciles de anticipar.
La prensa estadounidense ha recogido cálculos de fuentes próximas a las multinacionales que indican que la factura de responder a las peticiones del sindicato alcanzaría los 80.000 millones de dólares, porque el coste laboral por hora pasaría de 64 dólares a cerca de 150.
“Estos cálculos pueden ser un aumento de costes dramático para los fabricantes de coches, pero dada la naturaleza de la negociación colectiva, es poco probable que UAW consiga todas las demandas que pide”, asegura Peter Berg, profesor de Relaciones Laborales de la Universidad de Michigan.
En su análisis, Berg también señala el impacto económico de parar las fábricas: 5.000 millones de dólares, si son 10 días de huelga, basándose en las estimaciones de Anderson Economic Group; o entre 400 y 500 millones de dólares a la semana, para cada fabricante, según las previsiones de Deutsche Bank. También indica que el sindicato puede hacer uso de sus fondos para ayudar financieramente a los trabajadores en caso de paro.
Otra derivada de este pulso es que las empresas están en un proceso de alianzas, porque necesitan sumar fuerzas para fabricar coches eléctricos y que estos sean rentables desde el primer momento. “Los fabricantes están moviéndose hacia la producción eléctrica que requiere menos trabajadores, que tienen que tener una formación diferente”, asegura Peter Berg.
“Están invirtiendo en plantas de baterías y en alianzas. UAW quiere aprovechar la oportunidad para representar también a los trabajadores de estas fábricas. El equilibrio de intereses está en el centro de esta negociación”, concluye.
Los sindicatos también asumen que el sector está transformándose. En paralelo a la votación de UAW sobre la huelga, el presidente de esta organización criticó el plan del Departamento de Energía de financiar con 9.200 millones de dólares la alianza entre Ford y la coreana SK On para construir tres plantas de baterías en Estados Unidos.
Shawn Fain calificó las ayudas como “un regalo” porque, al menos de momento, no hay planteamiento respecto a “los salarios, las condiciones laborales y los derechos sindicales” de estas factorías. “¿Por qué la Administración de Joe Biden está financiando la avaricia de las compañías con el dinero de los contribuyentes”, se preguntó.
A un año de las elecciones presidenciales
El presidente de Estados Unidos no está al margen de esta negociación laboral. De hecho, en julio se reunió con el presidente del sindicato. “He estado hablando con UAW. Obviamente estoy preocupado”, aseguró Biden la semana pasada en California. También se mostró a favor de que los nuevos empleos de la industria automovilística, los ligados a la electrificación, se propongan primero a los trabajadores del sector. “En los empleos que están siendo reemplazados, la primera opción debería ser para los miembros del UAW y el salario debería ser acorde”, aseguró.
Biden tiene que hacer equilibrios con sus palabras. El sindicato de la industria automovilística fue uno de los que respaldó abiertamente al entonces candidato demócrata en las elecciones de 2020. Sin embargo, aún no lo ha hecho de cara a las de 2024.
“La clase media construyó Estados Unidos y los sindicatos construyeron la clase media”, afirmó Biden en agosto. “Necesitamos una transición hacia una economía basada en las energías verdes, que es una oportunidad para las compañías y para las organizaciones sindicales donde ambos ganan”, argumentó.
Hay más políticos que se han posicionado a favor del acuerdo. Entre ellos, el senador por Vermont, Bernie Sanders. “Respaldo de forma muy clara a UAW y a su nuevo líder”, afirmó Sanders en declaraciones a CNN. “Espero que no haya una huelga. Nadie la quiere”, matizó. “Una de las cosas positivas que están pasando en Estados Unidos es que la clase trabajadora se está levantando por sus derechos, pidiendo condiciones de trabajo y salarios decentes”, valoró Sanders.