Melissa García-Lamarca es doctora en Geografía por la Universidad de Manchester. También, investigadora postdoctoral Marie Sklodowska-Curie (MSCA) en el Politécnico de Turín y miembro del Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability.
Entre 2013 y 2018 fue investigadora y activista en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona y Sabadell. Parte de esa experiencia y la que vivieron las personas que conoció se refleja en el libro 'Préstamos fallidos, personas fallidas', editado por Bellaterra Edicions. En él analiza qué pasó en la última crisis inmobiliaria y por qué quienes dejaron de pagar sus hipotecas “fueron avergonzados socialmente”. También, cómo los movimientos por el derecho a la vivienda ayudan a liberarse de esa carga.
Comienza el libro contando lo que le ocurrió en la última crisis inmobiliaria a María y Carlos, originarios de Ecuador, que en la burbuja compraron una casa y empezaron pagando una hipoteca de 700 euros. Fueron subiendo los tipos y la hipoteca se encareció en 300 euros al mes. Les ahogó. Esa historia no es muy diferente a la que ahora, años después, viven muchas familias.
Absolutamente. Es lo mismo que pasa con las hipotecas de hoy. El Euribor está a los mismos niveles de 2008 y hay personas que tienen que pagar 400 euros más cada mes. La hipoteca variable pone los flujos financieros por encima de las personas. Tras la crisis de 2008 era imposible conseguir una hipoteca, después fueron casi todas fijas y, ahora, vuelven a ser variables.
¿Teme que pueda haber otro pinchazo?
Podría pasar. Espero que las personas que tengan problemas con el pago acudan a la PAH porque, en estos años, se ha aprendido, se han logrado resultados. Me preocupa que el sistema financiero parezca sólido, que se empiecen a hacer refinanciaciones o carencias. Esa sería la primera alerta de que algo va mal. Alrededor de 2012 o 2013, cuando quienes no podían pagar iban al banco, se abrieron periodos de carencia y, al final, estas personas se endeudaron aún más. Ahora, un Gobierno más intervencionista podría dar más pasos.
¿Qué podría hacer el Gobierno?
En 2012 hubo un rescate del sector financiero y, sin embargo, la gente no vio un rescate de las personas. Se pueden tomar decisiones políticas por la gente de a pie. Si quieren. Se podría haber hecho un rescate a las personas, a quienes se quedaron en mora. Hubo 300.000 desahucios y se podía haber hecho algo. Ahora hablamos de un Código de Buenas Prácticas, pero no es obligatorio.
La vivienda se ha convertido en un activo financiero
Asegura en el libro: “La deuda hipotecaria sirve para optimizar un estado de vida y de (re)producción basado en el crecimiento económico -manteniendo el statu quo- para asegurar la circulación y la seguridad ante la naturaleza incierta de la vida”. ¿Cómo hemos llegado a grabarnos, como sociedad, que una hipoteca da seguridad cuando sabemos que las casas son de los bancos?
La crítica es cómo se concibe lo que es una hipoteca, no solo aquí, en todo el mundo. Se ve la hipoteca como una forma de ahorro y es muy peligroso. Analizo las hipotecas en el sistema capitalista. La obligación de pagar cada mes da estabilidad al sistema financiero. Puede, por ejemplo, titulizar las hipotecas. La vivienda se ha convertido en un activo financiero en el que hay niveles, porque ganan las inmobiliarias, ganan los brokers y los bancos tienen un cliente de por vida, porque exigen la contratación de seguros. Son formas de mantener la circulación del capital. Lo vimos en el boom, con el mensaje de que la vivienda era lo mejor para ahorrar, cuando en realidad era endeudamiento. Es pagar un alquiler al banco con muchos intereses.
En el pinchazo de la burbuja se llegó a justificar que miles de personas sufrieran el perder una vivienda porque eran “otros”. Por ejemplo, personas migrantes a los que los bancos concedieron hipotecas cuando, si se miraba con lupa, lo mismo no cumplían las condiciones más adecuadas para afrontarlas. ¿Cómo llegamos ahí?
Estados Unidos es el mercado hipotecario más desarrollado y todo viene de allí. En Estados Unidos sí había hipotecas subprime que buscaban mercados de personas no blancas, afroamericanas y latinas, que tenían un riesgo mucho más alto. Se podían titulizar y, como el riesgo era más alto, las ganancias también eran más altas. Aquí la subprime no existía, no existe, pero las condiciones de las hipotecas a las personas migradas tenían muchos avales cruzados, de personas que a veces ni se conocían. Me lo contó gente de un banco, que eran personas que habían firmado la hipoteca con semanas de diferencia. Había una producción de vivienda tan bestia que hacía falta vender hipotecas para crecer. Cuanto todo va bien, parece que no hay problemas.
Menciona un artículo publicado por elDiario.es que evidencia cómo fue el papel de concentración de la banca hasta quedar una decena de entidades. ¿Socialmente se ha pasado página sobre papel que ejerció la banca en la última crisis financiera, al inflar la burbuja hipotecaria?
Desde la PAH en su momento sí hubo un análisis, sobre cómo la gente cambió, pasó de ser una persona endeudada a ser un sujeto político que intentaba cambiar la situación. Ahí está el lema “no es una crisis es una estafa”. Cuando ibas a negociar la condonación de una deuda o la dación en pago, era visible. En los últimos años, tras el rescate, ya no existen las cajas de ahorro y hay menos de 10 bancos. Estamos en un punto político crítico en el que plantear qué deberíamos exigir a estos actores, porque estamos viendo ganancias históricas en la banca. La cuestión es qué se hace, pero desde la política no interesa pedir a la banca responsabilidades.
En su libro refleja la vida de muchas personas que recurrieron a la PAH y fue su tabla de salvación. ¿Cómo han cambiado los movimientos de vivienda desde la crisis?
Yo llegué en 2013. Estuve en la PAH de Barcelona y Sabadell y había muchos casos de personas que no podían pagar la hipoteca. En 2014 empezaron a llegar personas que no podían pagar el alquiler y que estaban ocupando. Y los problemas en el alquiler han ido creciendo. Hemos visto cambios legislativos en la Ley de Arrendamientos Urbanos, la creación de las Socimis para traer inversión desde el extranjero. Son figuras con las que buscaban revitalizar el sector de la vivienda, que junto al turismo es el motor de la economía. Ahora están los sindicatos de inquilinos e inquilinas que tienen un modelo diferente. Están experimentando con un modelo nuevo, que existió en Barcelona en los años 30, pero no en el conjunto del Estado.
El gran problema es mejorar las condiciones laborales. En Barcelona el alquiler de un piso está en 1.200 euros. Es un sueldo entero. ¿Cómo vives? No puedes
Destaca la importancia de la precariedad laboral como un factor determinante, porque si se pierde el trabajo se pierde la casa.
En la crisis, se dejó de pagar porque la gente perdió el trabajo. Los niveles de desempleo eran del 25%, pero para migrantes no europeos era el 50%. Es un círculo vicioso, no hay leyes que protejan a las personas cuando viven estos problemas y la vivienda social es residual, menos del 2%. El gran problema es mejorar las condiciones laborales. En Barcelona el alquiler de un piso está en 1.200 euros. Es un sueldo entero. ¿Cómo vives? No puedes, tienes que vivir con otras personas.
La PAH, como otros movimientos, trataron de influir en la elaboración de la Ley de Vivienda. ¿Cree que se les escuchó suficientemente para conseguir una ley efectiva?
En ciertas comunidades, la Ley de Vivienda nunca será efectiva. Estamos viendo que hay un vacío legal en los alquileres por temporada y es muy grave. En Barcelona, en uno de los portales de vivienda, la mayoría son por 11 meses, hay muy pocos por cinco años. Y, además, te exigen avales. El desafío más importante es que estamos en un sistema, creado desde tiempos franquistas, donde se prima la vivienda en propiedad y que el alquiler sea algo marginal. ¿Cómo podemos transformar décadas? No es la Ley, son todos los procesos que acompañan. Hay alternativas, viviendas de propiedad compartida, cooperativas o hacer que el alquiler sea una opción segura para vivir de forma estable. La vivienda tiene que ser para vivir, no es un activo financiero.
En España hay casi cuatro millones de viviendas vacías y políticamente no son una prioridad, hablamos más de ocupación que de estos inmuebles deshabitados.
Es fundamental hacer algo con esas viviendas. La Ley de Vivienda de Catalunya, en un primer momento, intentó poner multas y forzar a las personas que tenían viviendas vacías a ponerlas en el mercado y la burguesía catalana se enfrentó. Cuando cambió el Gobierno [de la Generalitat], se quitó. En otros países, tener una vivienda vacía no pasa. La vivienda es para el uso de las personas. Hay un imaginario de la ocupación y se ha sacralizado la vivienda privada, con el mensaje “yo hago lo que quiero con ella”.
Cita a académicas feministas como base de tu análisis. ¿Cómo ha trazado esta relación?
No se ha analizado al detalle el día a día, el valor del trabajo de las mujeres, que ganan sueldos más bajos. Me pareció muy importante ese análisis. En la PAH, entre 2013 y 2017, había un peso femenino muy fuerte, en la forma de actuar, en las asambleas. Las compañeras que no podían pagar, sobre todo migrantes no europeas, tuvieron que escuchar mensajes como que si no pagaban les podían quitar [la custodia de] los hijos. Tenían trabajos precarios, por ejemplo en un supermercado, pero la responsabilidad de la vivienda recayó en ellas. En la construcción trabajaban, sobre todo, hombres y es donde había desempleo. Las mujeres tenían trabajos precarios, poco sueldo pero toda la carga. Hay que reconocerlo y hay que darle visibilidad.
La Ley de Vivienda tendría que ser feminista y antirracista
¿La política de vivienda tiene que ser feminista?
Si pensamos en la vivienda como un sitio de cuidados es contradictorio a verla como un activo financiero, donde no importa quién viva ahí, solo lo que rente. Los inversores compraban paquetes de viviendas y sabían que los podían vender con ganancias. Eso es contradictorio a pensar en la casa como un hogar. La Ley de Vivienda debería ser feminista, el hogar como cuidado, protección y reproducción social. Se puede pensar hasta a nivel biológico. La Ley de Vivienda tendría que ser feminista y antirracista. En mi investigación vi que hubo una valoración diferencial de la vida, en el sentido de que las personas migradas no europeas tenían peores términos y condiciones en sus hipotecas. También hay estudios sobre el mercado de alquiler, por ejemplo de Provivienda, que demuestran claramente el racismo.
Habla de personas fallidas. En el libro cita a la antropóloga Clara Han: “La deuda financiera se filtra y se enreda en las relaciones íntimas, ya que las personas endeudadas, a menudo junto con familiares y amigos, están atrapadas en obligaciones financieras continuas que no pueden separarse de los lazos emocionales físicos cotidianos, lo que daña la salud y la vida”. ¿Cómo se recupera una persona de una quiebra vital como esta?
A través de procesos colectivos, con los movimientos como la PAH, los sindicatos de inquilinas, los grupos de vivienda. Hay personas que llegan a la PAH y ni pueden hablar, que tienen problemas de salud muy graves, porque están a punto de perder su casa. Estar en un colectivo, ver que no están solas, eso es un cambio de chip. La persona se convierte en sujeto político, si dice 'no voy a pagar' que es algo que la sociedad te dice que no puedes hacer, o cuando pides la dación en pago. Se convierten en personas que luchan para cambiar su situación, dentro de un colectivo, y realizar cambios más amplios.