La película 'El Cosmonauta' pasó a los anales de la historia del crowdfunding español como el primer proyecto financiado colectivamente a través de Internet, en un 2009 donde ni siquiera existía Kickstarter, ni mucho menos alguna de sus semejantes en versión española, como Lánzanos o Verkami. Pero desde entonces, el número de este tipo de plataformas se ha extendido en España como si de un efecto viral se tratara, al mismo tiempo que el sector se ha ido especializando en las distintas necesidades de los mecenas inversores y de quienes necesitan apoyo económico para su proyecto o empresa.
De ser una iniciativa colaborativa y casi inexistente la tendencia ha dado el paso al lucro y a su generalización. Como ya viene sucediendo en países líderes en este tipo de financiación, como Estados Unidos o Reino Unido, en el último año las plataformas que más han crecido en España son las dedicadas al crowdfunding de inversión (equity crowdfunding) y al de préstamo (crowdlending), considerados ya mercados financieros alternativos al sistema tradicional bancario y en los que, dependiendo de las condiciones de cada plataforma, a partir de 100 euros, prácticamente cualquier persona puede hacer una inversión. Estos sistemas sí esperan un beneficio a la aportación económica y no se quedan con la simple “recompensa” de ver un bonito proyecto nacer.
Aunque el crowdfunding tradicional, el de recompensa o pre-compra, sigue siendo el más extendido y el que más volumen de dinero registra, los préstamos P2P alcanzaron en 2014 los 13,7 millones de euros, lo que supone un casi cuatro veces más que en 2012, año en el que el crowdfunding comenzó a utilizarse como medida de financiación para empresas en España. Por su parte, el mercado del crowdfunding de inversión se duplicó en ese mismo periodo, alcanzando los 10,5 millones de euros en 2014, tal y como revela un estudio elaborado conjuntamente por la Universidad de Cambridge y la consultora Ernst & Young.
De las 255 plataformas europeas de financiación participativa que mapea este informe, 34 están en España, que ocupa el segundo lugar en tejido de crowdfunding financiero, solo por detrás del líder indiscutible, Reino Unido, si bien en cuanto a volumen de dinero invertido los españoles se muestran algo conservadores, superados por británicos, franceses, holandeses y nórdicos.
“Y lo más importante es que esta tendencia de crecimiento tan grande se ha dado hasta ahora sin existir legislación. Disponer de una legislación en España supone más seguridad y menos riesgo para el inversor, lo que haría que, teóricamente en 2016 y con esta nueva regulación, muchos más inversores se animarán a apoyar proyectos de crowdfunding”, explica Ángel González, único español entre los 25 expertos que conforman el Foro Europeo de Crowdfunding de Inversión (ECSF, por sus sigla en inglés).
Ante el vacío legal imperante hasta el momento, España aprobó el pasado mes de abril laLey de Fomento de la Financiación Empresarial, la cual establece un nuevo marco jurídico que regula la financiación participativa en sus modalidades de 'crowdinvesting' y 'crowdlending'. Aunque la norma clarifica las reglas de juego, también ha introducido importantes límites, al imponer un tope de 2 millones de euros por proyecto el máximo que pueden captar las iniciativas que involucren a todo tipo de inversores y a 5 millones las restringidas a inversores acreditados. Además, la norma, recogida en la ley de Financiación Empresarial presentada por el Ministerio de Economía en octubre del año pasado y aprobada por el Congreso en enero, establece un tope de 3.000 euros a las aportaciones de los minoristas para estos proyectos.
La Unión Europea cuenta asimismo con una comisión específica, la citada ECSF, cuyo objetivo es avanzar “hacia un mercado único” en el que “cualquier ciudadano europeo o del resto del mundo pueda apoyar, ya sea invirtiendo, prestando, precomprando o donando, un proyecto de la forma más sencilla posible, esté donde esté la plataforma y el proyecto en cuestión”, señala González.
Bajo la mirada de la CNMV
Una de las novedades de esta reciente “Ley de crowdfunding” es que obliga a las plataformas de equity crowdfunding a contar con la autorización del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así, el mes pasado, la Bolsa Social se convertía en la primera plataforma de financiación participativa autorizada por el órgano regulador.
“Esto es positivo porque establece un marco jurídico claro, eleva las exigencias de calidad y somete a la Bolsa Social a la supervisión de la CNMV” señala José Moncada, director de esta plataforma.
Pero la Bolsa Social no es un espacio de equity crowdfunding al uso. “Se trata de impulsar empresas con buen modelo de negocio que quieren producir un impacto social y medioambiental positivo”, explica Moncada en el blog corporativo. “Cada vez más gente comprende que se puede invertir y ahorrar buscando rentabilidad y, a la par, producir un impacto positivo en nuestro entorno”.
Y así lo destaca un informe de JPMorgan y Global Impact Investing Network (GIIN): la inversión de impacto social mueve actualmente 60.000 millones de dólares en el mundo y cuenta con una tasa bastante elevada de cumplimiento de expectativas financieras y de impacto. Si bien en España la inversión de impacto está aún en una fase inicial, en 2013 los españoles invirtieron 87 millones de euros, segúnun informe de EuroSif del pasado año.
La banca ética en versión crowdfunding
La autorización de la CNMV no implica que este órgano ni el Banco de España supervisen cada uno de los proyectos promocionados en la plataforma, ya que en cualquier caso los responsables en última instancia son los propios proyectos.
Por ello la Bolsa Social establece unos requisitos, por lo general, más exigentes que los habituales en otro tipo de plataformas. A parte de estar orientados a generar un impacto social o medioambiental, los proyectos aspirantes a financiación han de demostrar que su modelo de negocio ya está en funcionamiento y que es escalable. Una vez pasado este primer corte, es el equipo de expertos quien evalúa en profundidad cada propuesta, con ayuda del consorcio Analistas Financieros Internacionales (AFI) y el bufete Gómez, Acebo y Pombo.
En campañas de dos a tres meses, el dinero de los inversores se deposita en una cuenta en Triodos Bank, entidad de referencia en el sector de banca ética a nivel internacional y que opera en España desde el año 2002. Una vez se alcanza el objetivo de financiación, la plataforma formaliza la ampliación de capital en nombre de todos los inversores; a partir de ese momento son las empresas quienes han de ofrecer periódicamente informes de los resultados económicos y del impacto social o medioambiental generado.
Los tres primeros proyectos lanzados desde la Bolsa Ética, y que optan a ser los primeros del “crowdimpacting” español, son una empresa de biofertilizantes, una mHealth (desarrolladores especializados en soluciones para la salud a través de tecnología móvil) y un coworking madrileño.
¿Un sistema financiero más democrático?
“La diversificación de la cartera, invertir con menos dinero jugando a más partidas; la cercanía y el hecho de poder tener contacto directo con el emprendedor y la facilidad de gestionar todo desde tu ordenador a través de Internet” son los principales atractivos que encuentran quienes optan por estos modelos alternativos de inversión, explica Valentí Acconcia, consultor de crowdfunding, a eldiario.es durante el evento CROWDDAYS en el que se han congregado más de un centenar de gestores de plataformas y emprendedores.
Las empresas de nueva creación y en expansión son las que más recurren a este tipo de financiación, pero también otro sector fuertemente castigado tras la crisis en España está encontrando una fuente alternativa de liquidez. El crowdfunding inmobiliario presenta “el mismo riesgo de inversión que si alguien compra un piso a título particular”, asegura Lucas Sturm, directivo de la plataforma especializada The Crowd Estates.
“Lo que se está democratizando es el acceso a la inversión”, opina Sturm, especialmente en un terreno como el del ladrillo, en el que tradicionalmente “a las grandes inversiones inmobiliarias solo podían acceder algunos privilegiados, gente de mucho dinero que estaban en determinados lobbies o en asociaciones del género de las SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) españolas, donde tampoco sabes dónde va tu dinero”. “Ahora a partir de 500 euros puedes comprar un trocito de ladrillo en Barcelona o participar en la construcción de un edificio de la Castellana madrileña”, apunta.
También el crowdlending “rompe con la relación clásica de un ahorrador que pone su dinero a un 1% de rentabilidad para que el banco invierta en las empresas que considere. Aquí el ahorrador invierte directamente”, explica Carles Escolano, co-fundador de Arboribus, plataforma que en apenas tres años ha gestionado más de 100 préstamos entre particulares y empresas por un total de 3.750.000 euros y a una rentabilidad media superior al 6%.
Con este tipo de herramientas no sólo se elige a qué empresa se quiere dar crédito. El inversor –que puede hacer préstamos a partir de 20 euros— puede además decidir el plazo de devolución y tipo de interés que quiere recibir a cambio por su préstamo. Es más, Arborius ofrece adicionalmente un sistema automatizado en el que el acreedor indica sus preferencias detalladas de inversión (nivel de riesgo, retorno, geografía, sector, etc) y es la plataforma la que gestiona las inversiones.
“En 2014 en Europa se financiaron 3.000 millones de euros, de los cuales 2.300 fueron en Reino Unido, principalmente gracias al crowdlending, tanto de consumo como el dirigido a las empresas. Y se espera que en 2015 esta cifra llegue a los 7.000 millones de euros” recuerda González, que gestiona el portal web Universo Crowdfunding. “El crowdfunding finalmente será lo que los ciudadanos queramos que sea, pero lo que es cierto es que se trata de una herramienta que nunca hemos tenido antes, y que permite un empoderamiento ciudadano desde un punto de vista clave en nuestra sociedad: el dinero” concluye.