El miedo a no poder pagar el alquiler: “La inestabilidad en la vivienda genera problemas de salud mental”

La Ley de Vivienda fue uno de los últimos consensos parlamentarios de la pasada legislatura. Pero el problema del alquiler, de los tipos de interés que han disparado las hipotecas o de la falta de oferta asequible para jóvenes y rentas bajas hacen que el derecho a habitar una vivienda digna y adecuada esté lejos de cumplirse. Una realidad que es el día a día de las ONG que tratan de respaldar a las personas sin suficientes ingresos para acceder a un piso o que se ven obligadas a vivir en la calle.

“Estamos detectando que, tras el endurecimiento de las condiciones de compra, ha aumentado el número de personas que buscan un alquiler como alternativa. Antes, una parte de la población veía que le interesaba comprar, porque pagar la letra era como el alquiler, y ahora se han movido”, apunta Gemma Gallardo, directora de la ONG Provivienda, especializada en facilitar el acceso y el mantenimiento de la vivienda a personas que atraviesan dificultades. Y a más demanda y menor oferta, la consecuencia es obvia: las rentas que piden los propietarios siguen subiendo.

Ya en 2022, en plena crisis de inflación por la guerra en Ucrania, hubo un 11,6% de hogares en España que, según la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, reconoció retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad…) o en compras a plazos en los últimos 12 meses. Fue uno de los porcentajes más elevados de la serie histórica, pese a la mejora respecto a 2021, cuando se situó en el 12,6%, en un ejercicio en el que la pobreza bajó al 20,4%, el mínimo en nueve años, pese al repunte de la pobreza energética.

En los últimos meses, instituciones como la Comisión Europea o el Banco de España han alertado sobre el alto precio de los alquileres. El Ejecutivo comunitario avisó en mayo de que el porcentaje de familias españolas que tienen que destinar más del 40% de sus ingresos a pagar la vivienda supera la media europea y, en el caso de los alquileres, la duplica. Mientras, el Banco de España puso el foco en que la mitad de los inquilinos está en riesgo “de pobreza o de exclusión”. “Unos precios del alquiler elevados, en comparación con las rentas del trabajo, aumentan la proporción de población en riesgo de exclusión social y de hogares con capacidad de gasto restringida en otros bienes y servicios”, advirtió el organismo en su informe anual de 2022.

“Vemos que aumenta el número de personas que no tiene salarios suficientes para poder acceder a una vivienda o mantenerla”, cita Gallardo, porque no solo es pagar la renta en sí, también los suministros o la comida, en una cesta de la compra muy golpeada por la subida de los precios. “Desde hace mucho tiempo es necesario tener dos salarios para sostener una vivienda, tanto hipoteca como alquiler” y esa situación afecta en gran medida a las mujeres con menores a su cargo. Más aún, menciona, cuando son “mujeres con hijos sin salario elevado y sin avales”.

Porque, al final, son los caseros quienes seleccionan a los inquilinos y deciden en función del perfil. “Son los propietarios quienes eligen, se piden garantías, solvencias, tener trabajos estables y todas aquellas personas que no tienen esas garantías tienen más dificultades y se tienen que buscar alternativas. Por ejemplo, habitaciones alquiladas, donde se llega a cobrar por empadronar en una habitación; buscan alojamiento en las redes familiares y de amigos y eso puede dar lugar a situaciones de hacinamientos o a dinámicas familiares que se tensan y eso influye en la salud mental. La inestabilidad en la vivienda genera problemas de salud mental”, sentencia Gallardo.

Y el miedo a no poder abonar las rentas cada mes es un desencadenante de esos problemas. “La incertidumbre, no saber si puedes pagar el alquiler o si lo tienes que dejar sin pagar, el miedo a quedarte sin casa, a dejar a tus hijos sin techo. Eso provoca insomnio, irritabilidad, cansancio, síntomas que se van agudizando, a veces recurres a pedir ayuda y no encuentras dónde. Esa situación sostenida en el tiempo es un problema de salud que puede terminar con medicación”, argumenta la directora de Provivienda.

“También se generan situaciones de dificultad en la convivencia, porque si peligra la estabilidad de la familia, eso genera problemas también en los menores: bajo rendimiento escolar, cansancio, falta de concentración y problemas relacionales”, situación que, asume, empeora si se vive en una situación de hacinamiento. “De esto se habla poco”, critica.

Esos problemas de salud mental son más acuciantes en las personas sin hogar. “La salud mental no es lo que lleva a la calle, no es la causa. No es así. Muchos de los problemas vienen asociados a su estancia en la calle. Si duermes día a día en la calle no puedes tener salud mental”.

Círculo virtuoso o vicioso

Esta ONG ha publicado varios informes sobre la interrelación entre vivienda y bienestar psicológico. En el último, realizado en plena pandemia, asumen que la salud social y la situación residencial se retroalimentan, “dando lugar a un círculo virtuoso o vicioso, según el caso, que nos acerca o aleja de la inclusión residencial”. Para “garantizar ambos derechos, el de la vivienda y el de la salud, es fundamental el papel de las instituciones públicas”. 

En ese informe, titulado 'Cuando la casa nos enferma, redes de apoyo en tiempos de crisis', afirman que “vivimos en una sociedad que se basa en un sistema familiarista. La mayor parte de las personas cuando tiene un problema recurre a la familia como principal fuente de ayuda. Y es esta institución la que está soportando el peso de las carencias de nuestro Estado del Bienestar. Pero un sistema con excesiva dependencia en lo familiar como el español, reproduce y fomenta la desigualdad, que ya de por sí ha venido aumentando desde la anterior crisis”.

Provivienda advierte de que “las redes informales a las personas vulnerables son soluciones provisionales que pueden amortiguar una emergencia”, pero “no responden a una estrategia de medio y largo plazo de un proyecto de inclusión residencial”. Y ahí es donde entra el tercer sector. En el caso de esta ONG, avalando a personas que, de otra forma, no pueden acceder a un alquiler. “No pedimos contrato de trabajo estable, pedimos la suma de ingresos de todas las personas que van a vivir, que tengan detrás un respaldo”, explica su directora general.

Y el perfil de quienes acuden a esta organización es “muy variado, porque el problema de la vivienda es muy variado”. Desde familias que aun trabajando tienen dificultades para acceder o encontrar una vivienda a solicitantes de asilo y refugio, jóvenes en situación de riesgo, mujeres víctimas de violencia, jóvenes tutelados, personas sin hogar o población migrante que se encuentra con el rechazo de particulares.

Más vivienda asequible 

Otro proyecto de la ONG, denominado Lumvra, pasa por convertirse en proveedores de vivienda. “Estamos haciéndonos con un parque propio destinado al alquiler asequible que esté fuera de las tensiones del mercado de alquiler. No es sencillo, se necesitan apoyos”, reconoce.

El actual Plan Estatal de Vivienda ya contempla que las entidades sin ánimo de lucro puedan ejercer este papel, con la ayuda de financiación pública y la exigencia de calificar la vivienda como protegida durante 50 años. Para lograr esa masa de viviendas, aún incipiente, Gallardo cita como base de financiación préstamos participativos, financiación a través de la banca ética, así como “que haya personas que nos puedan prestar a cambio de un tipo de interés. Cuanto más garanticemos más podrá crecer. Lo que queremos es generar una masa crítica de personas que entienda el problema de la vivienda”.

En cuanto a si esa función debe recaer en las administraciones o en el tercer sector, Gallardo cree en la coexistencia. “Para desarrollar actuaciones tienes que tener agilidad y muchas veces los procedimientos de las administraciones son de control, son procedimientos garantistas y eso a veces impide flexibilidad a la hora de llevar a cabo actuaciones. La colaboración con la iniciativa privada sin ánimo de lucro es una buena medida, porque no especulamos”.

Asume que tener un parque de vivienda en alquiler social y asequible del 2,5% como el actual es insuficiente y que pueden pasar bastantes años hasta llegar al 20% de otros mercados europeos, como en Austria. Un objetivo que llevaban en su programas electorales las formaciones progresistas, mientras las derechas pusieron el foco en la okupación. “El problema de la vivienda tiene muchas consecuencias y una es la ocupación por necesidad, personas que antes de verse en la calle ocupan”, indica Gallardo. “Hay redes que han hecho negocio, hay mucho desconocimiento, no se analiza la profundidad de este problema, la realidad de estas familias”.

La responsable de esta ONG también valora la propuesta de la patronal CEOE -de la que luego se retractó- de destinar parte del parque público de vivienda a las plantillas de las empresas turísticas, ante la dificultad de encontrar pisos que puedan pagar. “Si tuviéramos solucionados todos los problemas de vivienda de la población habitual, lo mismo podemos entrar en eso. No se puede destinar vivienda pública a población temporal. Las empresas han encontrado maneras de solucionar esos problemas”, concluye Gallardo.