El encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y cerca de una treintena de organizaciones sociales y representantes del sector, celebrada este martes, ha terminado sin grandes anuncios, pero con “voluntad de cooperación”. Según ha indicado Rodriguez, el Ejecutivo ha mostrado su voluntad de “no parar en la regulación” porque “el libre mercado está llevando a graves problemas sociales” y ha defendido la “importanciade la financiación”, las políticas fiscales y el “buen uso del suelo público frente a las teorías liberalizadoras”.
La previa de la reunión venía marcada por el plantón del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, que tras haber conseguido protagonizar las protestas del 13 de octubre en Madrid, han rechazado acudir al encuentro con Sánchez y Rodríguez ante la invitación a la patronal inmobiliaria. “No podemos esperar ninguna solución de los culpables del problema”, han señalado en un comunicado difundido este martes, en el que han lamentado que el presidente haga “oídos sordos al mensaje de la gente” que lleva “años ahogada por culpa de la especulación inmobiliaria”.
“En esta reunión está muy representada la sociedad española”, afirmó la ministra, que ha preferido valorar “en este momento la implicación y el compromiso de quienes participan con propuestas y voluntad de ayudar”. En esta línea, una de las novedades es el compromiso por parte del Ejecutivo de conformar “distintos grupos de trabajo para poder ir abordando con mayor detenimiento el balance y las propuestas” de los diferentes colectivos presentes en en este encuentro.
La reunión se enmarca en el compromiso de Sánchez de celebrar un encuentro con organizaciones y representantes del sector dos veces al año. Una fórmula con la que el Gobierno quiere, según señalan desde Moncloa, asumir “la principal preocupación de la ciudadanía” y convertir “el derecho a la vivienda digna en uno de sus ejes de acción”. Según el último Barometro del Centro de Investigaciones Sociológicas, publicado este lunes, este es ya el tercer problema de los ciudadanos, dos puestos por encima que en septiembre.
Rodríguez ha insistido en la “voluntad de cooperación” y ha destacado que “los diagnósticos con cada vez más compartidos y las soluciones más coincidentes”. Unas soluciones compartidas que, en palabras de la ministra, “van en la dirección por la que apuesta este Gobierno, la construcción de un parque público de vivienda” en línea con el de otros países europeos. Actualmente, ese parque en España ronda el 3% del total, muy alejado del 9% de la media europea al que aspira el Ejecutivo, que ha llegado a elevar sus previsiones hasta el 20%.
En el anterior encuentro, celebrado en abril, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció modificaciones para “agilizar de nuevo la gestión urbanística” y lanzó un mensaje de tranqulidad a los propietarios de vivienda en alquiler, con quien se comprometió a “aportar certeza, seguridad jurídica y garantías” para que “puedan poner más viviendas a disposición del alquiler asequible”. En esta ocasión, Rodríguez ha destacado el índice de precios que marcará las subidas de los contratos en vigor para el próximo año, el reglamento para el alquiler turístico y de temporada o las bonificaciones a los propietarios que bajen los precios en zonas tensionadas. “Es un cambio de paradigma de lo que se venía haciendo en este país”, ha destacado.
Preguntada por las declaraciones de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que afirmaba este martes que desde el Ejecutivo “no se ha hecho todo lo que se tenía que hacer” para atajar la crisis de la vivienda y reclamaba que se retiren los incentivos públicos a las comunidades que no apliquen la Ley de Vivienda, Rodríguez ha insistido en hacer un llamamiento a esas adminitraciones y ha recordado “la posibilidad del Gobierno de España de aplicar medidas excepcionales” a quienes declaren zonas tensionadas. En esa línea ha recordado que el próximo Plan de Vivienda será el primero con una ley estatal en vigor y que este estará “marcado por ella”.
Entre línea, desde el ministerio ya habían trasladado que el Ejecutivo premiará a aquellas comunidades que sí cumplan con la declaración de zonas tensionadas. Actualmente, según los datos de este departamento, entre el 70 y el 75% de los fondos destinados a vivienda por las comunidades autónomas son estatales.
“Políticas cosméticas”
Desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid critican las “políticas cosméticas” que el Ejecutivo ha impulsado en los últimos meses, como el bono de alquiler joven que, consideran, “ya terminó una vez en los bolsillos de los rentistas”, o el “decreto fake” sobre alquileres de temporada que es para ellos un “mero registro informatico sin efectos reales”. Este registro, en el que trabaja el Ministerio, obligará a los propietarios a contar con un código para poder anunciarse en plataformas y, en el caso de los alquiler de temporada, tendrán que justificar la necesidad de esta fórmula.
La organización de inquilinos e inquilinas ha vuelto a reclamar la dimisión de la ministra, a la que acusan de no haberse querido reunir con los sindicatos, pese a que “si lo ha hecho múltiples veces con las constructoras y portales inmobiliarios”. Fuentes del Ministerio señalan que Rodríguez les convocó a un encuentro en Málaga, al que tampoco acudieron, aunque si participan en el grupo de trabajo para los alquileres de temporada.
Desde el Ejecutivo destacan, no obstante, que el derecho a una vivienda digna es uno de sus principales ejes de acción, que pretencen consolidar como el quinto pilar del Estado del bienestar. En concreto, destacan que el Gobierno ha multiplicado por ocho el presupuesto que Mariano Rajoy destinaba a este tema, de los 470 a los 3.500 millones y que financia entre el 70 y el 75% de las políticas de vivienda de las comunidades autónomas.
Por su parte, desde Facua, presente en la reunión, han reclamado al presidente del Gobierno la expropiación del uso de los pisos vacíos que sean propiedad de grandes tenedores, para destinarlos al alquiler social; que se prohíban las subidas de precio de los alquileres por encima del IPC, cuando el arrendador cambie de inquilino o modifique el contrato; y que se tipifique como infracciones de consumo las irregularidades de los arrendadores, sean particulares o empresas. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), han lamentado no haber sido convocados al encuentro y han considerado “imprescindible que todas las voces que representan a los ciudadanos estén presentes en la mesa de diálogo”.
Este miércoles, la ministra tendrá una cita en el Congreso de los Diputados, en una comparencia para explicar las líneas en las que está trabajando su departamento. Una convocatoria que desde el propio Ministerio consideran una “oportunidad” para dar a conocer sus políticas.