Buena parte del camino que se inició en Santiago para las nuevas reglas fiscales que encorsetarán de nuevo las finanzas de la UE tras varios años de suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento por la pandemia y la guerra de Ucrania llegó recorrido a la reunión telemática de ministros de Economía de este miércoles, donde dieron el visto bueno al nuevo corsé fiscal. El broche final de las negociaciones lo pusieron, de hecho, los ministros de Finanzas de Francia y Alemania, Bruno Le Maire y Christian Lindner, en una cena la noche anterior en la que acordaron los detalles que quedaban pendientes y que tenían un cariz muy técnico, aunque fuera del papel pueden suponer cientos de millones de gasto público.
El texto final de las nuevas reglas fiscales se tendrá ahora que negociar con el Parlamento Europeo y, como ha ocurrido con el Pacto de Migración y Asilo, la negociación de los gobiernos ha sido tan compleja y tan medida que queda poco margen de maniobra. Una de las grandes reclamaciones de los eurodiputados es que el gasto social se tenga en cuenta a la hora de ampliar las sendas de ajuste sobre las que pivota todo el sistema fiscal.
Los estados miembros tendrán que establecer unas sendas de ajuste (de cuatro años que podrán ampliarse a siete si hacen esfuerzos extra en prioridades de la UE como la transición ecológica o digital) con el objetivo de tener unas cuentas saneadas, que es básicamente tener unos máximos del 3% de déficit y 60% de deuda pública respecto al PIB. A partir de ahí, se han incluido una serie de salvaguardas. La primera venía incluso en la propuesta inicial de la Comisión Europea, que pretendía dar bastante flexibilidad a los países a la hora de establecer sus caminos fiscales: una reducción del 0,5% del déficit anual cuando se está por encima de los límites. Pero Alemania, en cabeza de los 'halcones', reclamaba una obligatoriedad de reducción de la deuda de un 1% anual cuando la deuda supere el 90% (y del 0,5% cuando esté entre el 60 y el 90%). Fue aceptado por todos los demás.
Después Alemania exigió también que los estados miembros tengan compromisos incluso cuando su déficit está por debajo del 3%. El objetivo es tener un colchón o margen de maniobra si vienen mal dadas, como ocurrió en la pandemia o en la crisis financiera de 2008. El corsé incluirá, por tanto, a los países que tengan más de un 1,5% del déficit, que tendrán que seguir reduciéndolo.
Ahí se produjo uno de los principales choques de la recta final de la negociación, que impidió que el acuerdo se alcanzara en el Ecofin del pasado 8 de diciembre. Países como Francia o Italia -que ha mantenido reticencias hasta el final- reclamaban margen para llevar a cabo inversiones necesarias, por ejemplo, para impulsar la transición ecológica de la industria. El entendimiento alcanzado en aquella reunión es que la reducción del déficit anual pueda ser inferior al 0,5% de manera transitoria (hasta 2027) si la Comisión Europea considera que el país tiene que hacer frente a muchos intereses. También hay un atenuante para los casos en los que el gasto en Defensa implique una desviación.
Con esos mimbres y tras las negociaciones a nivel técnico, la víspera de la nueva reunión sólo había dos cifras por cerrar: la velocidad de la reducción de déficit hasta el 1,5% (que será en términos generales del 0,4% salvo en los casos en los que los gobiernos acrediten haber realizado, inversiones que podrá ser de hasta el 0,25%) y los márgenes de desviación permitidos en la regla de gasto (0,3% al año y de un máximo del 0,6% en el total agregado del tiempo que dure el plan de ajuste).
La intención de la UE con las nuevas reglas fiscales es que sean menos rígidas que las anteriores (que exigían la reducción de una veinteava parte de la deuda al año, un umbral inasumible para muchos estados miembros porque supondría su asfixia fiscal) y con un régimen sancionador para los incumplimientos o los procedimientos de déficit excesivos más asumible (un 0,05% del PIB cada semestre -que será acumulativo- frente al 0,2% del anterior Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con el que nunca se llegó a multar a ningún país incumplidor más allá de una amenaza a España y Portugal durante la crisis financiera).
“Hay cuatro tipos de salvaguardas que muestran equilibrio entre la deuda, déficit, elementos contracíclicos y la protección de las inversiones para responder a las prioridades europeoas”, ha afirmado la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que ha cerrado así la presidencia española del Consejo de la UE y prácticamente su etapa en el Gobierno antes de irse al Banco Europeo de Inversiones. “Son más realistas, responden a la postpandemia y aprenden de la crisis financiera”, ha rematado.