Esperanza Aguirre fue la primera que se atrevió. Las comunidades autónomas disfrutaban de una cierta capacidad normativa sobre el IRPF desde la reforma de la financiación autonómica del año 2002, pero no fue hasta 2007 cuando se realizó el primer movimiento. Lo hizo el Gobierno de la Comunidad de Madrid y fue para establecer una bonificación de un punto en los tipos aplicables a los distintos tramos de la escala autonómica del impuesto.
El vértigo se impuso y nadie siguió el movimiento de Aguirre. Los 16 Gobiernos autonómicos restantes continuaron parapetados bajo la seguridad que les ofrecía la tabla estatal de toda la vida y se limitaron a incorporar deducciones por aquí o por allá para dar la sensación de que sí hacían uso de su corresponsabilidad fiscal.
Siete años después de aquel hito, se puede decir que ese vértigo se tornó en audacia. La principal prueba de ello es que por primera vez en la historia de España, el próximo año, 2015, no habrá ni siquiera dos comunidades autónomas que compartan la misma estructura de tipos y tramos en el IRPF. En otras palabras, podríamos escoger al azar a 17 personas que cobraran exactamente la misma nómina pero que residieran en cada una de las comunidades autónomas del país, y existiría una alta probabilidad de encontrarnos con que, a la hora de hacer la declaración de la renta, cada una de ellas tributase por un tipo diferente o estuviera encuadrada en un tramo distinto que sus vecinos.
Hasta este año, aragoneses, castellano-leoneses, castellano-manchegos y baleares estaban unidos por un hilo fiscal invisible, cuyo recorrido se definía por tributar el mismo tratamiento fiscal a los trabajadores con unas condiciones salariales similares.
El febril activismo autonómico de los últimos años en el Impuesto sobre la Renta, los primeros indicios de recuperación económica y, sobre todo, la proximidad de las elecciones autonómicas de la próxima primavera han terminado por arramblar con ese pequeño reducto de homogeneidad fiscal.
Vuelven las rebajas de impuestos
Solo Cataluña, Euskadi, Andalucía y Galicia, cuyos ciudadanos, curiosamente, no tendrán que acudir a las urnas el año próximo, han resistido la tentación de utilizar la baza de la rebaja de impuestos en sus proyectos presupuestarios para 2015.
Los trece Gobiernos regionales restantes no han perdido la oportunidad que les ofrecía su último presupuesto antes de las elecciones para comprometerse a bajar los impuestos a sus ciudadanos, a pesar de la amenaza más que probable de incumplir sus objetivos de déficit y… en la medida de sus posibilidades.
Como suele ser la norma, la Comunidad de Madrid ha sido la que con mayor entusiasmo se ha lanzado a reducir sus impuestos. El Ejecutivo de Ignacio González se ha asegurado de que Madrid sea la comunidad autónoma que mejor trato dispensa a las rentas más altas (tipo del 44,5%, el más bajo de España), dentro de la ya bien definida línea fiscal de hacer de la región un polo de atracción de capitales, y también la que tiene el tipo más bajo (9,5%), aunque ese lugar lo comparte con Cantabria, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares y La Rioja. Según sus cálculos, los madrileños se ahorrarán una media de 1.150 euros el año que viene con este nuevo marco fiscal.
En el otro lado de la balanza aparece la Comunidad Valenciana, que con un déficit público recalcitrante y grandes problemas para meter sus cuentas en vereda, ha planteado una rebaja fiscal de corto alcance que se traducirá, según los datos de la Generalitat, en un ahorro medio de entre 200 y 400 euros por contribuyente.
Otro caso singular es el de Asturias, donde el Gobierno del PSOE se ha puesto de acuerdo con el PP para incluir en los Presupuestos una rebaja fiscal para todos los asturianos. El PP ha conseguido que se rebaje en dos puntos el tipo del primer tramo del IRPF, en el que entran absolutamente todos los contribuyentes, y el Gobierno ha mantenido una estructura en siete tramos que presenta tipos incrementados para los contribuyentes con bases imponibles superiores a 90.000 y 175.000 euros.
El plan del Gobierno
El Gobierno central no ha sido ajeno a esta carrera por reducir impuestos, es más, la ha alimentado con su anuncio allá por el mes de junio de una rebaja fiscal cuyos efectos dependían al menos en un 50% de que las comunidades autónomas hicieran lo propio con la mitad del IRPF que les corresponde.
La jugada le ha salido a medias al Ejecutivo. Casi todas las autonomías, en efecto, han previsto una rebaja del IRPF de cara a 2015, pero la mayoría no han aceptado la escala de cinco tramos que proponía el equipo de Cristóbal Montoro.
La Región de Murcia es, hoy por hoy, la única que ha aceptado en todos sus términos el esquema del Gobierno. Aragón y Castilla y León han asumido el esquema de cinco tramos impositivos, pero han mantenido los rangos de bases imponibles anteriores a la reforma Montoro. Castilla-La Mancha y Cantabria sí han incorporado los tramos ideados por Hacienda, pero han decidido establecer sus propios tipos impositivos.
Otros Gobiernos regionales, como Baleares (PP) o Canarias (CC), han optado por diseñar su propio esquema de seis tramos al considerarlo más progresivo.