El misterio de las toneladas de carbón desaparecidas

El empresario minero Victorino Alonso guarda más de 800.000 toneladas de carbón mientras el Estado, a través de la empresa pública Hunosa, busca 500.000 que le compró para el Almacén Estratégico Temporal de Carbón (AETC). El mayor patotrono del sector en España, con las dos minas más grandes del país y 2.100 trabajadores vinculados a ellas, apila en menos de una decena de emplazamientos cerca del doble del carbón que el encargado de velar por su custodia y destino ahora no encuentra.

El empresario tiene colocadas tablillas visibles en emplazamientos como el viejo pozo abandonado de Caleyo, dos en el cielo abierto de Gran Corta, uno en el lavadero de Fabero, otro en el de Alinos, uno más en la vieja mina cerrada de San Luis en Toreno y uno de grandes dimensiones en Cubillos del Sil, cerca de la central térmica de Endesa. Aquí Hunosa le acusa de haber marcado con una tablilla de la eléctrica una pila que se supone pertenece al AETC.

Hunosa, a la postre el Estado a través del Ministerio de Industria, pagó por ese carbón. Y también por el alquiler del emplazamiento en instalaciones de Victorino Alonso y sus empresas: Uminsa y Coto Minero Cantábrico (CMC). Pero es comprobable que nada hay en los de Santa Cruz y Recuelga, poco en Alinos, falta una parte en Caleyo y Jarrina y bastante en Cubillos.

Alonso niega haberlo vendido dos veces. Pero ha dado explicaciones distintas, que van desde increíbles pérdidas por viento y lluvia del 10% de los tres millones de toneladas que le compró el AETC en 2010 a que movió el mineral para ajustar calidades y mezclas. O que Hunosa no lo ha contabilizado bien. Ha ofrecido entregar del que tiene apilado en otros puntos. Pero niega fraude o que lo haya vendido dos veces, o que no esté donde debiera. Incluso ha demandado a Hunosa en los tribunales por paralizarle pagos, perjuicios y acusarle de fraude.

Sea como fuere, el caso es que el Estado ha perdido medio millón de toneladas de carbón comprado al empresario y que parece que no custodió debidamente.

El caso de la desaparición de tal cantidad de carbón está a punto de llegar a los tribunales. De momento Hunosa ha pignorado ayudas públicas, a través de un Juzgado de Oviedo, por 26 millones de euros. Pero además reclama otros 20 millones más, hasta sumar 46, por ese medio millón de toneladas que no encuentra donde supuestamente debería estar.

Fuentes del holding público Sepi, del que forma parte la minera estatal, confirman que esta semana tiene previsto presentar una querella criminal y una demanda civil contra el controvertido empresario. Incluye peritajes independientes del Colegio de Ingenieros de Minas y de la Guardia Civil, dado que el carbón del AETC es bien público. Acusará a Victorino Alonso de fraude y apropiación indebida, y le reclamará el reintegro de las cantidades abonadas por el carbón que le compró en 2010.

Eldiario.es ha visitado los emplazamientos en los que Hunosa dice que debería estar el carbón, y efectivamente no está. Pero también ha estado en los que Alonso almacena más de 800.000 toneladas, según cifras que facilitan sus propios trabajadores y cálculos de un ingeniero de minas en base a imágenes. Y en esos emplazamientos hay miles de toneladas de carbón. Parte de esas inmensas pilas están marcadas con tablillas, curiosamente nuevas e impolutas, que muestran la leyenda ‘Sepi’ y ‘AETC’. Pero los lugares no coinciden, según Hunosa, con los indicados en los partes mensuales enviados hasta principios de año.

Desde entonces no se ha movido una tonelada: las térmicas mantienen una disputa con el Gobierno y hasta esta semana estaba paralizada la adquisición y consumo de carbón nacional. Eso ocurre, a pesar de que un decreto les obliga a utilizarlo, por 6,5 millones de toneladas anuales más cantidades del AETC, creado en 2010 por el Estado para salvar al sector carbonero de 14 meses sin quemar mineral autóctono, debido a la crisis energética, la caída del consumo eléctrico y -sobre todo- a otro conflicto entre eléctricas, mineras y Gobierno.

Desde entonces no se ha movido una tonelada, y las minas privadas de León y Asturias llevan paradas desde el 4 de marzo, con un ERE de seis meses que afecta a 3.000 trabajadores. El motivo, una errática política del Gobierno para un sector que el PP ya intentó liquidar en época de Aznar. Pero sobre todo, el carbón no se mueve porque el lobby las eléctricas mantiene una disputa más amplia con el Gobierno. Todo a pesar de que un decreto les obliga a comprar cantidades que suman hasta 6,5 millones de toneladas anuales a las minas, más el que deben adquirir del AETC y que se fija ahora mensualmente.

Este almacenamiento estratégico fue creado en 2010 por el Estado para salvar al sector carbonero de 14 meses sin quemar mineral autóctono por la caída del consumo eléctrico y de otro conflicto entre eléctricas, mineras y Gobierno.

Miles de trabajadores pendientes

Ese medio millón de toneladas mantiene en vilo a los cerca de 2.200 empleados del Grupo Alonso vinculados a la minería, el transporte de carbón, los suministros, la seguridad privada, las excavaciones y las contratas auxiliares. Les adeuda entre dos y cuatro meses de salario –según los casos– y la mayoría está en paro por seis meses, desde principios de marzo, mediante un ERE temporal. Para unos 250 mineros, la regulación de empleo es definitiva.

La disputa entre el Ministerio de Industria –que controla Hunosa– y Victorino Alonso va más allá del sector. En las cuencas mineras de León y Asturias, en territorios como el Bierzo, Laciana, Degaña, Ibias o Tineo absolutamente toda la actividad económica gira en torno al sector carbonero. Hay un monocultivo económico con el que no se ha acabado desde hace tres décadas, pero que ha pasado de una atomización patronal a un oligopolio de menos de una decena de empresarios. Uno es el Estado a través de Hunosa, a la que en todo este proceso se ha inyectado ayudas por 26 millones de euros. Evita así un conflicto social en la empresa con mayor plantilla directa, dos millares de mineros.

En la actualidad hay 3.000 mineros en ERE en León y Asturias, que se manifestaron masivamente este miércoles en la capital leonesa y Mieres. El conflicto cruzado entre mineras y Estado –Alonso y Hullera Vasco Leonesa tienen retenidas las ayudas estales supuestamente por no pagar a Seguridad Social–, Industria y eléctricas –por la obligación que rechazan de quemar carbón nacional–, y todos contra todos por el nuevo marco energético nacional que se diseña o la adaptación a directrices europeas, tiene al límite de la asfixia económica y social a la mitad de estas dos provincias. A miles de familias: se calcula que unas 60.000 personas.