Moncloa señala los retos del mercado laboral en 2050: semana laboral de 35 horas y 1,5 millones de trabajadores más

Un mercado laboral en el que trabajen 1,5 millones de personas más, con la mitad de paro y con jornadas semanales de 35 horas frente a las 37,7 actuales. Es el horizonte que dibuja el estudio 'España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo' que ha presentado esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El informe, en el que han participado 100 expertos para la Moncloa, apuesta por fomentar la inmigración para aumentar el número de trabajadores, de manera que alivie un poco el envejecimiento de la población y contribuya al sostenimiento del sistema público de pensiones, entre otros beneficios económicos.

Las horas trabajadas a la semana por persona ya se han ido reduciendo en los últimos años, “han pasado de una media de 42 en 1980 a 37 en 2019”, apunta el documento de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de la Presidencia del Gobierno. El último dato del estudio la sitúa en 37,7 horas. La meta que dibuja el informe es seguir reduciendo estas horas hasta las 35 horas de trabajo semanales en 2050, para “situarlo en niveles similares a los de la UE-8”.

Esta meta se incluye en el apartado de medidas para “impulsar un trabajo más saludable y satisfactorio”. La idea de la oficina de la Moncloa es “seguir adaptando la legislación para alcanzar horarios más flexibles y jornadas de trabajo más reducidas” hasta conseguir esas 35 horas semanales en 2050, “aprovechando las oportunidades de la digitalización y las mejoras en productividad”.

La flexibilización de los horarios, por la que apostaba este miércoles la vicepresidenta Yolanda Díaz en unas jornadas de elDiario.es, “han supuesto una clara mejora en la conciliación de la vida laboral con la personal y de los niveles de bienestar de millones de trabajadores”, indica el texto presentado hoy por la Moncloa.

El estudio señala varios retos del mercado laboral en España para las próximas tres décadas. Se contemplan desafíos como el envejecimiento de la población previsto, la automatización y la transformación de muchos puestos debido a la tecnología, así como viejos males laborales en España, como la alta temporalidad, precariedad y desempleo en comparación con nuestro vecinos europeos.

Además de las recetas que el Gobierno ya pretende acometer y que ha prometido a Bruselas –como la reducción de los contratos temporales, el fomento de herramientas permanentes de flexibilidad interna que impidan los despidos (como los ERTE) y la modernización de las políticas activas de empleo para facilitar la inserción laboral–, el informe presentado por Pedro Sánchez recoge una serie de metas y objetivos a más largo plazo, para 2050.

Uno de los principales objetivos pasa por incrementar notablemente la tasa de empleo (los trabajadores respecto a la población en edad de trabajar), hasta llegar al 80% respecto a 62% actual. Esto supone “incrementar el número de personas ocupadas en 1,5 millones respecto al nivel de 2019”. También se fija como meta reducir mucho el desempleo, de manera que la tasa de paro se reduzca a la mitad en 2050, hasta el 7%. “Es una meta ambiciosa, pero factible que ya han alcanzado varios países de nuestro entorno”, dice el documento.

El aumento del número de trabajadores propuesto va enfocado sobre todo a ciertos colectivos. En concreto, apuesta por aumentar el empleo entre los jóvenes, fomentar que la ocupación de las mujeres para que se siga acercando al nivel de los hombres, así como en garantizar la permanencia de los trabajadores durante más años en el mercado laboral.

Esta última es una de las máximas del documento, también con el objetivo de garantizar el sistema público de pensiones en el largo plazo: la necesidad de que las personas trabajen más años, en línea con el aumento de la esperanza de vida. España es en estos momentos es el segundo país de la UE con menos trabajadores a partir de 65 años. El documento de la oficina de prospección de La Moncloa se fija como objetivo que la tasa de empleo de las personas con 55 o más años alcance en 2050 el 68% desde el 51% actual.

“Si conseguimos equiparar las tasas de actividad de nuestra población mayor de 55 años a la de países como Suecia o Dinamarca, España ganará 1,6 millones de personas activas de aquí a 2050, algo que ayudará enormemente a mitigar los impactos negativos de la caída de la fuerza laboral y a mejorar el bienestar de millones de hogares”, destaca el estudio.

Más inmigración para sostener el estado del bienestar

La otra fuente de trabajadores, pata indispensable para sostener el sistema público de pensiones en el tiempo, se centra en incrementar la inmigración. “Fomento de la inmigración legal y de la captación de talento extranjero como vías adicionales para dinamizar nuestra economía y apuntalar la viabilidad de nuestro estado de bienestar”, describe el texto, como ha recomendado ya organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

La Estrategia España 2050 asume que el país seguirá recibiendo más inmigrantes de los emigrantes que salgan de nuestras fronteras, lo que permite aumentar la población. Y, muy importante, la población en edad de trabajar. “En concreto, se proyecta un saldo migratorio de unas 191.000 personas al año de aquí a 2050”, un dato “ligeramente superior al promedio observado entre 1990 y 2019”.

Pero lo ideal es que el número fuera incluso mayor. “Si podemos integrar a más, mejor. Por ejemplo, si conseguimos un saldo migratorio anual del orden de 255.000 personas, la caída de la población en edad de trabajar sería de 1,8 millones de personas (en lugar de los 3,7 millones proyectados en un escenario con un balance migratorio de 191.000)”, contempla el estudio.

Esta entrada de población “ayudará, en parte, a mitigar el desafío demográfico en el corto y medio plazo, pero no lo resolverá por sí solo a largo plazo, ya que la población inmigrante también envejece y tiende a adaptar los patrones de fecundidad nacionales”.

Ante los discursos antiinmigración, el gabinete de la Moncloa recuerda que “la evidencia empírica demuestra que el aumento de la inmigración no produce un incremento del desempleo, al tiempo que sí beneficia a la economía”. Así ha ocurrido en España hasta el momento. “Entre 1998 y 2007, España recibió 3,8 millones de inmigrantes y la tasa de empleo aumentó en 17 puntos”, recuerda el informe.

La población extranjera constituyen “una fuerza de trabajo clave en sectores como el de los cuidados o la agricultura, contribuyen a la hacienda pública, y no recurren a los servicios públicos y a prestaciones como las ayudas por desempleo o las pensiones más que la población española”.