La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha reconocido en una entrevista en TVE que el “impulso” a la reforma del modelo de financiación autonómica se trata en las negociaciones con los partidos nacionalistas catalanes para la investidura del nuevo Gobierno.
Montero, también vicesecretaria general del PSOE, ha admitido que “en el margen” de esta reforma, que se abordaría durante la próxima legislatura, “se habla del endeudamiento” de las distintas regiones, aunque ha evitado mencionar una condonación a Catalunya, como han publicado distintos medios de comuniación en los últimos días que habría ofrecido su partido en las conversaciones con Junts Per Catalunya y ERC.
Estas informaciones apuntan exactamente a “una quita” de parte de los 70.000 millones de deuda contraída por la Generalitat con el Estado por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), según la interpretación de una enmienda del PSC sobre el “saneamiento” de la deuda autonómica a una moción de Junts per Catalunya en el Parlament regional. El FLA lo diseñó en 2012 el minsitro de Hacienda del Partido Popular (PP) Cristobal Montoro.
La moción plantea “al gobierno del Estado la condonación de la deuda del FLA, basándose en la infrafinanciación sufrida en Cataluña en el ámbito social durante décadas”. La enmienda del PSC introduce “un coeficiente de condonación” para abordar este asunto, que también resuena en otros parlamentos, como el de la Comunitat Valenciana. De hecho, este “coeficiente” se extendería a otros gobiernos autonómicos, aunque el gran problema de esta medida es que no todas las comunidades han recurrido a este mecanismo de financiación.
Otro socialista, el presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Javier Lambán, ha manifestado tras escuchar las declaraciones de Montero que el Ejecutivo central debe asumir una quita de la deuda autonómica “sin más agravios entre comunidades” y no sólo para una o varias comunidades. La ministra sí que ha afirmado este martes que la reforma del sistema de financiación autonómica es “una urgencia” y que debe contar con el acuerdo de “todos”, incluido el principal partido de la oposición, el PP.
Así, ha asegurado que en el acuerdo de investidura lo que estará es “el impulso” a la reforma del sistema de financiación autonómica. “Es lo que nosotros desde el primer momento hemos dicho que es obligado, el poder modificarlo durante este periodo y por tanto en los próximos años”, ha recalcado.
La titular de Hacienda en funciones ha recordado que en la pasada legislatura se hicieron “varios intentos” para tratar llegar a un acuerdo con el conjunto de comunidades autónomas. Sin embargo, Montero ha reconocido que “no hubo el clima necesario” para alcanzar un consenso, dado que había comunidades que defendían sus posiciones de “máximos”.
“En ese margen del modelo de financiación autonómica no sólo se habla de los recursos que entran en el sistema, también se habla de la situación de endeudamiento de las comunidades autónomas y también de lo que llamamos el esfuerzo fiscal, con la vuelta de las reglas fiscales [de la UE a partir de 2024]”, ha explicado la ministra.
Un modelo de financiación caducado desde hace una década
El Gobierno de coalición se propuso para esta legislatura sacar adelante una reforma de este sistema que se viene demorando desde que caducó el anterior, en 2013. La falta de consenso desde entonces ha entorpecido emprender un cambio del que dependen las cuentas de las comunidades.
Se trata de un asunto sumamente complejo, ya que se ha de diseñar un sistema de reparto de los fondos públicos entre los territorios, intentando evitar infrafinanciación y sin generar desequilibrios entre las regiones. La reforma ha de buscar consensos entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, lo que implica a varios partidos. Incluso dentro de las propias formaciones se crean diferencias sensibles.
Las comunidades recaudan por los impuestos cedidos (sucesiones, patrimonio, transmisiones patrimoniales o el juego), así como por su participación en impuestos estatales (50% del IRPF o IVA, 58% de los impuestos especiales o 100% del impuesto a la electricidad). El 75% de lo que recaudan va a una ‘caja común’, que se completa con fondos del Estado. Es el llamado Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y es el eje central del sistema de financiación, al que luego se le suman otros fondos complementarios. Cabe señalar que este sistema deja fuera a Euskadi y Navarra, que tienen su propia Hacienda y sus acuerdos con el Estado.
El dinero que suman —134.336 millones en 2023— se reparte entre las comunidades. El cómo es uno de los verdaderos puntos peliagudos de este debate por un nuevo modelo. En la actualidad se hace en función de población (30%), superficie (1,8%), dispersión territorial (0,6%), insularidad (0,6%), población protegida equivalente (38%), población mayor de 65 años (8,5%) y población entre cero y 16 años (20,5%). Varias comunidades han dado la batalla para cambiar este método de cálculo, reforzando aspectos como la despoblación o el envejecimiento, que aumentarían la necesidad de recursos.