José Antonio Moral Santín, vicepresidente de Caja Madrid con Miguel Blesa y representante de IU en la entidad, ha defendido este miércoles en el Congreso el funcionamiento del sistema de remuneración del consejo conocido como tarjetas black, caso por el que ha sido condenado a 4 años de cárcel, a la espera de su confirmación por parte del Tribunal Supremo.
El directivo, que ha participado en la comisión de investigación de la crisis financiera, ha argumentado que “nunca dudé de la remuneración mediante tarjetas” ya que se trataba de un modelo de pago a los consejeros aprobado en los estatutos de la entidad a finales de los años ochenta. Según su versión, era una compensación económica a los directivos para sustituir al pago de los gastos. “El medio de pago más trazable son las tarjetas de crédito”, ha defendido Moral Santín.
En cualquier caso, ha defendido que era el presidente, que cuando entró en la entidad era Miguel Blesa, el que tomaba las decisiones al respecto de estas tarjetas. “Cada vez que entraba un consejero se le daba la tarjeta, el pin y el límite de gasto”, ha defendido Santín, quien gastó 456.000 euros con su tarjeta. “Era un sistema automatizado y estaba recogido en actas”, ha añadido el directivo, quien ha remarcado que la Agencia Tributaria tenía también conocimiento de estos gastos.
De este modo, se ha desprendido de toda responsabilidad en el sistema de remuneraciones que ya fue sentenciada en la Audiencia Nacional. Esta actitud ha sido reprendida por portavoces como Ana Oramas, del grupo mixto, o Francisco de la Torre, de Ciudadanos, quienes han tachado la intervención de “lamentable”. El resto de participantes en la comisión han criticado la falta de respuestas y que actuase “como perito y no como implicado, que es lo que es”, como ha señalado Joan Capdevila, de ERC.
Moral Santín ha defendido que no se ha lucrado con su participación en Caja Madrid y que el siguió siendo profesor universitario. “Mi patrimonio es muy modesto y tiene por medio una hipoteca”, ha subrayado.
En una larga intervención en la comisión, el que fuera también consejero de Bankia, ha mantenido en su alocución que su papel en la entidad era meramente de vocal y vicepresidente, sin función ejecutiva, y que las negociaciones y decisiones dependían del presidente.
En este sentido, ha argumentado que Caja Madrid cumplía en 2010 con los ratios y las exigencias de capital y solvencia. “Los diagnósticos han fallado todos y las medidas de vigilancia eran relajadas”, ha señalado. Pese a ello, ha defendido que Caja Madrid podría haber sobrevivido a la crisis en solitario, debido al apoyo que ha acabado dando el BCE o la creación del banco malo, la Sareb. Sin embargo, ha criticado que el Banco de España utilizó como “paraguas” para ayudar a otras cajas.
El directivo también se ha desprendido de toda responsabilidad en cuanto a la salida a Bolsa de Bankia, defendiendo que la entidad “nunca figuró como en quiebra” y que fue una reformulación de cuentas la que provocó que entrara en pérdidas, debido a los decretos aprobados por Luis de Guindos, exministro de Economía.
En este sentido, también ha defendido operaciones como la compra de un banco en Miami o la emisión de preferentes en 2009. “Por aquel entonces, nadie, ni reguladores ni analistas, preveía que colapsase el sistema”, ha remarcado. La única autocrítica que ha hecho en este campo se refiere a que se tendría que haber destinado únicamente a inversores institucionales.
Sánchez Barcoj defiende el uso de un paraíso fiscal
La jornada en la comisión de investigación ha acogido también este miércoles la comparecencia de Ildefonso Sánchez Barcoj, director financiero de la entidad con Miguel Blesa. Entre otros temas, Barcoj ha defendido que Caja Madrid acudiera a un paraíso fiscal para realizar las emisiones de preferentes porque “había que competir en igualdad de condiciones con el resto de entidades financieras”.
Barcoj, considerado mano derecha de Blesa, ha justificado en su comparecencia la decisión de adquirir un banco en Miami, ante la previsión del consejo de que un banco diversificado capearía mejor la crisis. Sin embargo, ha señalado que fue una decisión exclusiva del consejo y que él únicamente transmitió el gasto de capital que tendría la operación para la compañía.
Sánchez Barcoj, al que la Audiencia Nacional condenó a dos años y seis meses de prisión por el caso de las tarjetas black, ha destacado su condición de “empleado” de la entidad y no miembro de los órganos de gobierno de la entidad, y como tal ha encuadrado su participación en este caso.
Así, ha defendido que estos pagos formaban parte de su “paquete retributivo” y que dichas remuneraciones “eran otorgadas por las personas que tenían facultades para ello”. Durante los años de los que dispuso de esta tarjeta, el directivo extrajo 575.079 euros de esta cuenta, siendo la única persona condenada por este caso que superó el medio millón de euros en este concepto.
El exdirectivo ha argumentado, por otro lado, que pese al fuerte rescate financiero necesitado por la entidad tras su salida a Bolsa, podrá recuperar las ayudas “si se le da tiempo”. En este sentido, pidió al Congreso que “no ponga la soga al cuello de que hay que vender rápidamente”, ha defendido.