Muface ha hecho público este martes el informe final de la consulta preliminar de mercado por la que habían pedido a las aseguradoras que presentasen sus alegaciones y justificasen por cuánto presupuesto y en qué condiciones estarían dispuestas a prestar asistencia sanitaria a los funcionarios y sus familias que optan por la sanidad privada a través de la mutualidad. A esta llamada han acudido dos de las actuales prestadoras, Asisa y DKV, aunque este procedimiento no es vinculante para ninguna de las partes y otras empresas podrán presentarse a la licitación, que el Gobierno tiene previsto publicar antes de que termine el año.
En el informe, la mutualidad señala que “habría sido deseable obtener una mayor información de los costes que justifiquen el incremento de la prima por parte de los operadores”. Las compañías han rechazado ya un concierto que suponía un incremento acumulado del 17% para 2025 y 2026, lo que había hecho al ministerio de Función Pública activar este procedimiento, para que sean las empresas quienes justifiquen sus costes. Sin embargo, la entidad concluye que “la respuesta de los operadores no aporta la evidencia de costes que conforma el total de la prima”.
Una de las operadoras “se limita a indicar que, para todos los casos, los costes directos representan el 93% sobre el total”. La otra, “bajo el desglose de costes estimados por asegurados, realiza una distribución del importe de la prima mediante una mera imputación entre costes directos e indirectos, sin indicar a qué corresponden, salvo para el caso de los baremos médicos, que se consideran costes directos y se les atribuye un incremento del 8,25%”. “Analizando las informaciones, se deduce que la mayor parte del gasto es coste directo, donde se incluye la prestación asistencial propiamente dicha”, indica el documento.
Una prima por tramos de edad
Lo que la entidad valora “favorablemente” es la propuesta de “incremento de primas por tramos de edad, al entenderse que parece adecuarse más a la realidad actual del mutualismo”. Precisamente, las aseguradoras venían indicando que el aumento de la media de edad de sus beneficiarios incrementaba los costes de la prestación. Así, uno de los operadores “propone sustituir la prima lineal actual por tramos de edad por una prima incremental por tramos de edad”.
Según indica el informe motivado, que formará parte del expediente de contratación aunque no es vinculante para el concierto que prepara el Ministerio, las dos aseguradoras que han presentado sus propuestas difieren en el aumento de la prima por grupo etario, ya que mientras una “experimenta un incremento que varía según los grupos”, la otra “recurre al tradicional incremento lineal”.
Aunque el informe no incluye cifras, según había podido saber este medio de fuentes de DKV, esta compañía había solicitado un incremento de la prima del 40,60%. Desde Asisa trasladaron que, aunque el presupuesto es “un elemento central, no es el único”. La otra compañía que actualmente presta servicio es Adeslas, que no aparece en el documento publicado este martes por Muface. La compañía había enviado “una carta con varios anexos”, lo que parece indicar que esta comunicación se hizo al margen del procedimiento.
Una nueva licitación “antes de que acabe el año”
El ministro de Función Pública, Óscar López, ha insistido este martes en el mensaje de “tranquilidad” a los mutualistas. Desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que este martes no se ha abordado el tema, el ahora también nuevo secretario de los socialistas madrileños ha anunciado que la nueva licitación estará lista “antes de que acabe el año”.
Muface ha publicado el informe tras las consultas preliminares un día antes de que los sindicatos pisen el acelerador de las protestas. Varias organizaciones, con CCOO y UGT al frente, se concentrarán este miércoles por la mañana frente a la sede de Unespa, la patronal de las aseguradoras, y por la tarde ante las sedes provinciales de la mutualidad para exigir que se garantice la supervivencia del sistema. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presentará en el Congreso un documento en el que recoge “multitud de quejas” de beneficiarios a los que las aseguradoras habrían retrasado, suspendido y anulado citas. Este mismo lunes, hicieron lo propio ante el Defensor del Pueblo, mientras las compañías niegan que esté ocurriendo.
La Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), que agrupa a los funcionarios de mayor rango, han publicado este lunes un análisis en el que afirman que “la renovación del concierto es deseable desde el punto de vista asistencial y también económico” y que “no existe ninguna evidencia que cuestione su sostenibilidad”. En el informe, citan que el fin de Muface supondría un aumento del 266% de las listas de espera para las consultas externas y de un 115% para las intervenciones quirúrgicas, según los datos de la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid, impulsada por la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), uno de los lobbies del sector.