Muchos de los detractores del Tratado Comercial de Libre Comercio que está negociando Estados Unidos con la Unión Europea señalan que el acuerdo tiene a las multinacionales como las grandes beneficiarias a ambos lados del charco. Lo cierto es que, en el caso de España, las compañías con más presencia en el extranjero han mostrado su apoyo, de manera directa o indirecta, para que Bruselas y Washington rubriquen este tratado, aún en negociaciones.
Los sectores más disconformes con el TTIP han denunciado que la negociación se está haciendo de espaldas a la ciudadanía y con el asesoramiento mayoritario de compañías privadas. Según datos recogidos por el Corporate Europe Observatory, alrededor del 90% de los encuentros que realizó la Comisión Europea para preparar las negociaciones se hicieron con lobbies empresariales, quedando reducido espacio para las organizaciones públicas, ONG y otros actores de la sociedad. Este mismo observatorio señala que una parte de esas reuniones corresponden a empresas y asociaciones empresariales españolas.
Si se tira de hemeroteca, existen ejemplos de grandes multinacionales del Ibex-35 que han alabado el TTIP, así como otras que han dado apoyo a diversas iniciativas en favor del acuerdo comercial transatlántico.
Este mismo año, el consejero ejecutivo de BBVA José Manuel González-Páramo, anteriormente miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo y único español que ha ocupado una silla en la institución monetaria, consideraba el TTIP como “una referencia para el comercio”. Otro que aplaudió en público este acuerdo fue el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz. El expresidente del Partido Nacionalista Vasco ensalzaba el TTIP en la escuela de negocios ESADE.
Arturo Gonzalo, director de Responsabilidad Corporativa de Repsol, hablaba de diferentes ventajas que traería el TTIP como la protección a la inversión o la presión de apertura que supondría para otros mercados como Mercosur. En tuits de ESADE, Gonzalo mostraba la preocupación por el clima de hostilidad que se estaba generando en Europa.
En ese mismo escenario, Rafael Maneto, consejero delegado de Acciona Energía, decía que el sector energético debía tener una “fuerte presencia en el Tratado Transatlántico de Comercio (TTIP)”. Sin abandonar el campo de la energía, se puede ver este tuit de apoyo público por parte de Endesa.
Otra figura importante que ha hecho declaraciones en favor de este acuerdo comercial ha sido Juan María Nin, hasta hace poco consejero delegado de CaixaBank y presente en los consejos de administración de varias compañías como Gas Natural o Repsol. Nin calificaba el TTIP como una “oportunidad única” en una conferencia en la que participaba en calidad de presidente de la Fundación Consejo España-Estados Unidos.
Otra forma que utilizan las grandes empresas de mostrar su apoyo al TTIP es la publicación de estudios. Así, la Fundación Mapfre publicaba un informe titulado TTIP: el Tratado de libre comercio e inversión entre la UE y EEUU, un acuerdo necesario. En ese documento, aparece como autor secundario La Caixa.
Influir sin dejar huella
Las empresas recurren a otro tipo de estrategias para influir por una determinada causa con una fórmula aún más imperceptible a la opinión pública como el apoyo financiero o el patrocinio de cursos, estudios y otro tipo de actividades realizadas por terceros.
Así, en marzo de 2013, el Centre for Economy Policy Research (CEPR), realizaba un exhaustivo estudio de más de 100 páginas acerca de los beneficios del acuerdo entre EEUU y la UE. Aunque este ‘think tank’ no revela directamente cuáles son sus mecenas -en su web apuntan a bancos de inversión, consultoras o agencias gubernamientales- Ecologistas en Acción y el medio de comunicación Cafèambllet aseguran que el Banco Santander o La Caixa están detrás.
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo organizó en Santander el pasado año un encuentro titulado La Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión (ATCI) y su importancia para las relaciones transatlánticasLa Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión (ATCI) y su importancia para las relaciones transatlánticas. En dicho curso participaban importantes autoridades políticas como el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, el embajador de EEEU en España o miembros de representación en Europa. Junto a ellos, aparece en el programa el director de asuntos internacionales de Telefónica y representantes de empresas como CAF, Ficosa o Dow Chemical Ibérica. Otro de los ponentes de este curso es Brian Timothy Bennett, director general de Trans-Atlantic Business Council, un lobby con la clara intención de influir a favor del TTIP. Infinidad de empresas europeas sustentan esta organización entre las que aparecen BBVA y Telefónica. El transportador oficial del curso era Iberia.
Otro grupo de presión empresarial que está abogando por sacar adelante el TTIP es, según explica La Marea, la Mesa Redonda Europea de Industriales. Entre sus miembros aparecen presidentes de pesos pesados del Ibex como César Alierta (Telefónica), Ignacio Sánchez-Galán (Iberdrola), Antonio Brufau (Repsol) o Pablo Isla (Inditex).
Por su parte, la patronal de los empresarios españoles CEOE ya ha hecho público y notorio su apoyo al TTIP.
La influencia en el Gobierno
De momento, la influencia de las grandes corporaciones españolas está teniendo su eco entre las autoridades estatales. En un documento elaborado por el Ministerio de Economía y Competitivdad, se destaca la voluntad del secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, de “lograr un acuerdo amplio y ambicioso, incluyendo un capítulo de protección de inversiones, y la disposición a trabajar para definir la mejor manera de hacerlo”.
Uno de los puntos que se afana en resaltar este escrito es también uno de los que está siendo más cuestionados por los detractores del TTIP: la manera de resolver conflictos entre los Estados y los inversores extranjeros. Así, desde el Ministerio de Economía se cree necesario el mecanismo ISDS en el acuerdo TTIP con EEUU, que permite al inversor recurrir a instancias de arbitraje supranacional que van más allá de las leyes del país donde se invierte.
La carta explica que este sistema ha sido un mecanismo fundamental para la defensa de las inversiones en el extranjero de empresas españolas como Repsol, Telefónica, Gas Natural, Aguas de Barcelona, Iberdrola o Abengoa, entre otras.