La mutua de los funcionarios reconoce que tiene un 3% de sus 294 inmuebles “ocupados ilegalmente”

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, conocida como Muface, ha experimentado en los últimos años un aumento en el número de viviendas, oficinas y trasteros de su propiedad que tiene “ocupados ilegalmente”. A enero de 2023 ya estaba en esa situación más del 3% de su cartera de inmuebles, según se desprende de sus últimas cuentas anuales, correspondientes a 2022.

La entidad, con un importante patrimonio inmobiliario pese a las ventas de activos realizadas en los últimos años, tiene ya nueve inmuebles en esta situación, según explica en esas cuentas, que acaba de remitir a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Esos inmuebles, todos ubicados en Madrid, suponen ya el 3,06% de su cartera. Es un porcentaje pequeño pero que hasta ahora nunca se había alcanzado, porque el número de activos en esa situación ha ido creciendo mientras la cartera total ha ido adelgazando.

El Ministerio de Hacienda, del que depende la mutua de los funcionarios, reconoce problemas de impagos de alquileres por esta casuística y dice que Muface va a dejar de calificar como ocupados cinco de esos inmuebles, mediante su cesión al sindicato CCOO.

Muface es propietaria de una cartera que para sí quisieran muchas sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) de la bolsa española. A enero de 2023, la entidad tenía 294 fincas de su propiedad entre viviendas, locales de oficinas y garajes, la mayoría en Madrid, pero también en otras 16 capitales españolas. 

Algunas están ubicadas en las zonas más caras de las mayores ciudades del país, caso de Sarriá-San Gervasi o Pedralbes, en Barcelona, o Chamberí, Castellana o Chueca, en Madrid.

Esos activos están distribuidos en un Fondo General que tiene 72 inmuebles y otro Especial en el que hay otros 222. Este último lo forman todos los bienes, derechos y acciones de 29 mutualidades de Funcionarios Civiles del Estado que se integraron en Muface cuando se creó esta entidad en 1975. 

En sus últimas cuentas anuales, Muface explica que a enero de 2023 ese fondo especial tenía nueve de sus 222 inmuebles “ocupados ilegalmente”, frente a los ocho de principios de año. A enero de 2023 la entidad tenía desocupados el 58,1% de sus inmuebles, frente al 59,48% de enero.

En un año, su cartera había descendido en diez activos respecto a los 232 de enero de 2022. Esos activos estaban “en diversas situaciones”: la mayoría, 138, estaban libres; 74, alquilados; nueve, cedidos gratuitamente; tres estaban afectados o adscritos temporalmente; y otros “ocho ocupados ilegalmente”. 

“Todos” judicializados

A preguntas sobre esos activos ocupados ilegalmente, Muface se remite al Ministerio de Hacienda, que señala que “en su inmensa mayoría se trata de inmuebles que llevan arrendados desde hace mucho tiempo cuyos inquilinos originales han fallecido y las subrogaciones han dado problemas de impago. Todos están judicializados”.

El último que se ha sumado a esa categoría es un piso en la séptima planta de un bloque de viviendas de Muface en la calle Hermano Gárate, 5, en el barrio madrileño de Tetuán, que tiene 88 m2 de superficie, según el Catastro.

Casi el doble de tamaño (si se cuenta el trastero, también ocupado) tiene otro piso de Muface ocupado ilegalmente y ubicado en la sexta planta de Alcalá, 209, en pleno barrio de Manuel Becerra, junto a la Plaza de Toros de Las Ventas y construido en 1944, según el Catastro.

El listado lo completan un modesto piso en Ángel Múgica, 26 (en Tres Olivos, barrio de Fuencarral) y toda la primera planta (cuatro inmuebles de oficinas) y un sótano en Cardenal Cisneros, 65, junto al metro de Quevedo, que alberga la sede del Gabinete Técnico del sindicato CCOO.

En el caso de estos activos en Cardenal Cisneros, Muface lleva años calificando en sus cuentas cada uno de esos inmuebles como “ocupado ilegalmente”. La expresión, asegura Hacienda, ya no se va a utilizar en la memoria del próximo ejercicio, a falta de una cesión del espacio a CCOO que está pendiente de formalizarse.

El sindicato, por su tarde, niega tajantemente esa situación de ocupación ilegal. Su abogado Miguel Ángel Crespo atiende a elDiario.es en las oficinas del Gabinete Técnico, Jurídico y Socioeconómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.

Crespo explica que, tras la anterior crisis de 2012, CCOO recibió una orden de desahucio a instancias de Hacienda, que entonces quería desafectar el inmueble de Muface de cara a una posible venta. El ministerio llevó el caso a los tribunales por la vía civil en 2013 y el sindicato tuvo que desalojar el edificio por orden del Juzgado de 1ª Instancia 53 de Madrid. Pero CCOO recurrió y la Audiencia Provincial de Madrid acabó dándoles la razón en mayo de 2015.

“Yo mismo llevé el proceso”, afirma Crespo en esa oficina en una zona muy céntrica de Madrid, de aire muy espartano y con escasa luz natural donde, explica, CCOO entró desde finales de los 80 y que pertenecía a la antigua Mutualidad Nacional Agrícola. Tras esa sentencia favorable, CCOO volvió a establecerse en ese espacio, que sometieron a un lavado de cara, renovando por ejemplo el suelo, explica Crespo, señalando una tarima de láminas grisáceas de aspecto reciente. 

El inmueble, dice, está pendiente de ser incluido en la relación de activos del Patrimonio Sindical, pero esa operación todavía “no se ha firmado”. Una portavoz de Hacienda confirma que la cesión está “pendiente de formalización. Para ello, se está trabajando con el Ministerio de Trabajo”.

Haciendo caja

Muface desglosa los inmuebles que tiene ocupados de forma irregular desde 2017 y nunca hasta ahora había tenido tantos en esta situación. Ese año, 2017, fue el primero del denominado Plan de Impulso 2017-2020, que se puso en marcha para la “racionalización y puesta en valor” del patrimonio inmobiliario de la entidad “en beneficio de los empleados públicos y mutualistas usuarios”, según explicaba entonces en sus cuentas.

En aquel momento, la entidad se fijó como meta que la desocupación de sus inmuebles se redujera a un máximo del 50% en el periodo 2017-2020. Desde entonces, el organismo ha ido haciendo caja con ese importante patrimonio inmobiliario, a través de varias subastas.

La última hasta ahora se realizó a finales de 2021, cuando la empresa estatal Segipsa sacó a la venta 16 inmuebles en Sevilla, Zaragoza, Barcelona o algunas de las zonas más caras de Madrid. Se colocaron 11 activos cuya venta fue escriturada a lo largo del pasado ejercicio. La cura de adelgazamiento de los últimos años ha hecho que su cartera pase de 331 fincas a cierre de 2016 a las 294 viviendas, locales y garajes de 2022.

Con unos 765 empleados, según su web, Muface es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Hacienda creado hace casi medio siglo. Es una mutualidad financiada con fondos públicos que cubre la asistencia médica de cerca de 1,5 millones de personas. Es obligatoria para los funcionarios de carrera, que pueden elegir cada año entre ser atendidos por un seguro médico privado o en la sanidad pública. El servicio se presta mediante un sistema de gestión indirecta, a través de conciertos con entidades privadas o públicas.

Además, son beneficiarios de los mutualistas sus familiares y asimilados que se determinen reglamentariamente (cónyuge, hijos, ascendientes, hermanos, etc.), siempre que reúnan determinados requisitos.

La entidad, que también concede subsidios por enfermedad, embarazo o invalidez, gestiona un presupuesto de más de 1.800 millones de euros anuales. Se integra en la Oficina del Partícipe del Plan de Pensiones de la Administración General del Estado, que es, por número de partícipes, el mayor plan de pensiones de empleo de Europa, con un patrimonio neto de 634 millones de euros y 512.136 partícipes.

Muface se financia con una aportación obligatoria del Estado junto a los ingresos por cuotas de los funcionarios. Su Fondo Especial cuenta con la correspondiente subvención del Estado, con recursos del patrimonio inmobiliario procedente de las antiguas mutualidades del Fondo Especial y con ingresos por cuotas de los mutualistas, aunque en este caso representan un porcentaje muy reducido sobre el total, ya que se trata de un colectivo cerrado en el que, en cada ejercicio, disminuye el número de activos.