Nacho Álvarez: “Hay que huir de triunfalismos con los Presupuestos, tenemos que estar alerta de los efectos sociales de esta crisis”

Con el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 aún caliente, presentado hace unos días por el Gobierno de coalición, el secretario de Estado de Derecho Sociales, Nacho Álvarez, destaca en esta entrevista por igual los elevados incrementos de inversión social de las cuentas públicas y el enorme reto que ha supuesto la pandemia para un sistema de protección social debilitado por una década de recortes. Los Presupuestos son fundamentales para responder a la emergencia de la COVID-19, defiende, pero llama a no caer en celebraciones precipitadas: “Vivimos una situación muy preocupante, tenemos que estar alerta de los efectos sociales que pueda tener la crisis económica”.

Aunque los servicios sociales y la dependencia se gestionan desde las Comunidades Autónomas, el Estado también tiene poder para impulsar, coordinar y financiar estas políticas. Esta responsabilidad está sobre la mesa de Nacho Álvarez, que destaca medidas que ya ha tomado la Vicepresidencia, como la subida histórica del 5% del IPREM, un indicador clave para la cuantía y el acceso a ayudas sociales, plasmada en los Presupuestos para 2021 y que pondría fin a una década de congelación. 

El Gobierno ha presentado su proyecto de Presupuestos, que usted destacaba por “enterrar la austeridad” y por su carácter progresista. Aunque suben impuestos para rentas muy altas, ¿el incremento de los impuestos indirectos no amenaza la capacidad redistributiva de las cuentas públicas?

En absoluto. Estos Presupuestos son muy ambiciosos y claramente progresistas. Fundamentalmente, por las partidas que incorporan a la inversión, que van a fortalecer el Estado del Bienestar: 3.000 millones de euros para reforzar la sanidad, más de 2.000 millones para robustecer la educación pública, 1.300 millones de euros para mejorar el sistema de dependencia y de atención a las residencias. También se incorporan inversiones importantes en transición ecológica o en cohesión social. Son nítida y claramente unos Presupuestos progresistas y expansivos.

¿Cuándo cree que debería llevarse a cabo una reforma más en profundidad de la fiscalidad, para afianzar ese carácter redistributivo por el que los que más tienen aporten más y que acerque a España a niveles de presión fiscal del entorno europeo?

Estos Presupuestos tienen lugar en un contexto de fuerte crisis y de pandemia, por lo que no pueden ser ajenos a dicha realidad. En materia de tributación gradúan en parte el acuerdo de coalición al que habíamos llegado el Partido Socialista y Unidas Podemos. 

Aun así, se da un primer paso importante. Se avanza en la necesidad de reorientar la carga fiscal de las familias de forma que las que más patrimonio y más renta tienen soporten una mayor carga. Por ejemplo, con un aumento de un punto en el Impuesto de Patrimonio para los superiores a los 10 millones de euros y subiendo tres puntos el impuesto sobre el IRPF sobre las rentas del capital de más de 200.000 euros... Se dan pasos hacia una mayor justicia fiscal.

¿Y cuándo se podrá abordar esa reforma fiscal más en profundidad que reclaman desde Unidas Podemos? ¿Hay que esperar a un contexto de recuperación?

El Gobierno va a nombrar ya una comisión de expertos para abordar una reforma fiscal en profundidad, que creo que empezaremos a ver en los Presupuestos Generales del año que viene. 

Los Presupuestos contemplan un incremento del 5% del IPREM, un indicador clave para muchas ayudas sociales y subsidios. ¿Por qué es tan relevante la subida de este indicador? ¿A quién va a repercutir?

Es muy importante por dos motivos. El primero, porque como consecuencia de las políticas de austeridad el IPREM llevaba una década completamente estancado, lo que significa una pérdida de capacidad adquisitiva superior al 15%. Y, en segundo lugar, porque afecta a más de dos millones de personas que en este momento tienen prestaciones sociales o ayudas vinculadas a este indicador. 

Que de una sola tacada se suba a un 5% es relevante para estas más de dos millones de personas, pero también para otras que se podrán beneficiar de prestaciones como consecuencia del incremento de este índice, que también es la puerta de entrada a las ayudas sociales en nuestro país.

La inyección presupuestaria recorta algo la diferencia entre lo que aporta el Estado al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y lo que aportan las comunidades, pero no lo suficiente. Actualmente está sobre el 16%, y con los 600 millones que se contemplan se pasaría, según sus previsiones, al 26%. Pero la Ley de Dependencia dicta que debería ser el 50%. ¿Cómo piensan llegar a ese 50% y revertir la década de recortes en dependencia que llevamos?

Efectivamente, con este incremento de 600 millones de euros en el sistema de dependencia revertimos en un solo año toda una década de recortes. La financiación que la Administración General del Estado aporta al sistema viene siendo muy mermada desde hace 10 años. Y, aunque abordamos un incremento muy ambicioso en este primer ejercicio, es necesario seguir planteando aumentos similares los años siguientes para, al final de la legislatura, habernos acercado a ese objetivo del 50% entre Estado y Comunidades del que estábamos muy lejos cuando entramos en el Gobierno.

¿Por qué se ha optado por financiar el sistema vía Presupuestos y no por real decreto por vía de urgencia? 45.000 personas han muerto en lista de espera en lo que va de año.

Se opta por un plan de choque en materia de dependencia que tiene dos grandes mecanismos de financiación y de implementación. En primer lugar, los 600 millones de euros que servirán para reducir listas de espera, mejorar prestaciones y aumentar las ayudas a las familias y los servicios. Y, en segundo lugar, unos 700 millones de euros adicionales de los fondos europeos, para reforzar el sistema de cuidados de larga duración y el sistema residencial, que también afecta lógicamente a las personas dependientes. La primera de las inyecciones debe tener un efecto inmediato en el muy corto plazo. El segundo permitirá ir transformando poco a poco nuestro modelo de cuidados de larga duración.

Se verán los efectos de esos 700 millones extra de los fondos europeos más a largo plazo entonces, no tanto en las listas de espera.

Son de implementación y ejecución en 2021, incorporados en los Presupuestos de 2021. Pero los efectos los veremos un poco más adelante, seguramente a lo largo de la legislatura.

El proyecto estrella con el que llegaron al Ministerio es la Ley de Infancia. Ya está en proceso de tramitación parlamentaria, pero ¿cuándo calculan que esté lista? ¿Qué es lo que destaca de la ley?

Es una ley que nuestro país llevaba años esperando y que debe servir para tener un marco integral de defensa y de protección de los menores frente a la violencia. Este Gobierno ha tratado de acelerar todo lo posible, la tramitación se está haciendo por vía de urgencia. Ahora la llegada de los Presupuestos al hemiciclo puede ralentizar un poco el resto de proyectos legislativos pendientes, pero esperamos que en los próximos meses vea la luz, a la mayor brevedad.

El Ministerio de Igualdad ha dado el primer paso en los PGE en el proceso de establecer un Sistema Estatal de Cuidados. ¿Cómo será este sistema? ¿De qué manera el Estado puede favorecer la conciliación? 

El programa Corresponsables trata de facilitar una de las asignaturas pendientes en esta pandemia que es la conciliación de la vida personal y la vida laboral y, en particular, el cuidado de las criaturas menores de 14 años. Está específicamente orientado a esta finalidad. Estoy pensando, por ejemplo, especialmente en familias monoparentales. Lo impulsará el Ministerio de Igualdad, está dotado con 200 millones de euros y, lógicamente, tendrá que desarrollarse en colaboración con las Comunidades.

Desde la Vicepresidencia de Derechos sociales se ha insistido mucho en la necesidad de aprobar una prestación ya para los padres que tengan que cuidar a sus hijos durante cuarentenas preventivas, que no se ha llegado a aprobar pese a los anuncios. ¿Esto queda aparcado y el Gobierno se va a centrar en el mencionado Plan para el próximo año?

Esta prestación en este momento queda puntualmente aparcada y por eso hemos planteado la necesidad de avanzar en este Plan Corresponsables para facilitar a lo largo de la legislatura una conciliación efectiva.

Hablemos del ingreso mínimo vital. Usted y el vicepresidente Iglesias están siendo muy críticos públicamente con la gestión de la ayuda, mientras el ministro Escrivá argumenta que los tiempos de tramitación son los esperables en este tipo de prestación y que son inferiores a los de las rentas mínimas regionales cuando arrancaron en muchas Comunidades. ¿Qué esperaban ustedes de la tramitación de la ayuda? ¿Cree que se generaron demasiadas expectativas sobre una inmediatez en el cobro que no podía darse?  

Vaya por delante que me consta que la Seguridad Social está haciendo un esfuerzo muy ambicioso para el desarrollo de esta prestación, pero es normal que un Gobierno de coalición tenga debates. Aquí hay uno de fondo, sobre la propia concepción del ingreso mínimo vital y que tuvimos desde el primer momento. Mientras que ha habido quien defendía que el ingreso mínimo vital tenía que ser una renta destinada fundamentalmente a proteger a las personas que se encuentran en una situación de pobreza estructural y que se encontraban en ella ya antes de la pandemia, desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales hemos defendido que además debe de ser capaz de captar a la población que entra en una situación de pobreza sobrevenida a consecuencia de la pandemia y que carece de otras prestaciones contributivas.

Es en este segundo objetivo donde estamos encontrando, diría, algunas deficiencias mayores y algunas inconsistencias que el trámite de enmiendas al ingreso mínimo vital tiene la oportunidad de solucionar.

El ministro Escrivá ha mostrado sorpresa ante las críticas públicas que tachan de “inaceptable” la gestión del ingreso mínimo desde la  Vicepresidencia. ¿Consideran leal llevar estas críticas al terreno público? ¿Lo hablan en privado para que estos cambios que reclaman salgan adelante? 

Llevamos meses trabajando con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social en esta materia. Insisto en que un gobierno de coalición tiene debates y son legítimos. La mayor lealtad es la lealtad con las propias personas que han de beneficiarse de la prestación. Aquí es donde deben ponerse todos los esfuerzos. Este Gobierno es un gobierno unido, que ha demostrado por todas sus partes una fuerte lealtad.

La protección social de las personas en situación de gran vulnerabilidad ante una emergencia de este calado va más allá del ingreso mínimo vital. ¿Cómo valora la respuesta de los servicios sociales en la pandemia, que nos ha mostrado las llamadas “colas del hambre” de ciudadanos para recoger alimentos? En muchos casos han sido satisfechas por la solidaridad vecinal y no por el Estado. ¿Qué se está haciendo para mejorarla en un futuro?

Si algo ha evidenciado esta pandemia, es la fragilidad que tenía nuestro sistema de servicios sociales. Cuando entramos en el Gobierno, el llamado Plan Concertado –que financia los servicios sociales en España– estaba dotado este ejercicio con 40 millones de euros. En su momento tuvo una financiación de 100 millones de euros. Los recortes del pasado se han notado y, en particular, cuando ha llegado la pandemia. 

Estos Presupuestos consagran un incremento de 60 millones de euros en el Plan Concertado para revertir toda una década de recortes que han lastrado mucho su capacidad. Además, el Consejo de Ministros del martes aprobó un fondo extraordinario para entidades del Tercer Sector de Acción Social con 26 millones de euros adicionales.

Vivimos una situación muy preocupante, tenemos que estar alerta de los efectos sociales de esta crisis. Si los Presupuestos no son suficientes, tendrán que desarrollarse nuevas prestaciones e inyecciones de renta para garantizar el escudo social

¿Será suficiente? Hay cálculos que dicen que en febrero había seis millones de personas que necesitaban servicios sociales y que cuando entremos en 2021 se alcanzarán los diez millones. ¿Cómo va a hacer frente el Estado a todo lo que se viene?

Estos Presupuestos consagran una financiación muy importante para tratar de garantizar la cohesión social e impulsar la recuperación económica. También para que, una vez que ésta se produzca, llegue al conjunto de la sociedad. Contemplan 13.000 millones de euros de financiación a las Comunidades, que son las que tienen las competencias junto con los ayuntamientos en materia social.

Pero creo que hay que huir de los discursos triunfalistas y de una falsa percepción de que, como estamos inyectando una importante cantidad de dinero en los Presupuestos, se solucionan las cosas. No. Vivimos una situación muy preocupante, tenemos que estar alerta de los efectos sociales que pueda tener la crisis económica. Y, si los Presupuestos no llegan para alcanzar al conjunto de la sociedad y sobre todo a los grupos vulnerables, tendrán que desarrollarse nuevas prestaciones y legislarse nuevas inyecciones de renta para garantizar un verdadero escudo social.

Las cuentas públicas necesitan ahora los apoyos del Parlamento, que la ministra María Jesús Montero da por hechos. ¿Está tan avanzada esa mayoría parlamentaria? ¿Hay posibilidades de incorporar a Ciudadanos?

Soy optimista. Creo que los Presupuestos Generales del Estado efectivamente serán aprobados. Lo importante es que son unos Presupuestos fuertemente ambiciosos, nítidamente progresistas, y van a seguir siéndolo en su tramitación. Por eso hemos insistido en que de manera prioritaria han de negociarse con aquellas fuerzas políticas que sostuvieron a este gobierno en su investidura y que garantizan que estos presupuestos sigan manteniendo ese carácter progresista. 

Hablemos ahora de residencias. En primer lugar: ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué falló en marzo para que la COVID-19 nos golpease de esa manera en los centros de ancianos?

La primera ola de la pandemia mostró la fuerte fragilidad del sistema residencial de nuestro país y, en general, del sistema de cuidados de larga duración. Evidenció la desconexión entre las unidades sociales y las sanitarias y las dificultades que tienen las residencias para la sectorialización y el drenaje. A lo largo de los últimos meses, en particular en verano, el Consejo Interterritorial abordó un trabajo de prevención muy relevante que está evidenciando que en esta segunda oleada las residencias están más protegidas y en mejores condiciones para afrontar los rebrotes que ya estamos viviendo.

Comenta que en esta segunda ola todo está funcionando mejor y la Vicepresidencia ha elaborado protocolos con las Comunidades. Pero ya se registran brotes en residencias, Castilla-La Mancha tiene ahora mismo más de cien, por ejemplo. ¿Les preocupa? ¿Cuál está siendo el papel de la Vicepresidencia?

Nos preocupa mucho, y lógicamente les preocupa a todas las consejeras y consejeros. Que hoy estemos mejor de lo que estábamos en la primera ola en parte ha sido posible por los trabajos desarrollados, pero eso no quiere decir que seamos inmunes a lo que pueda pasar. Cuando empieza a haber transmisión comunitaria en una ciudad o pueblo es difícil que no afecte a los centros residenciales, porque hay personas que entran y salen diariamente y que, en ocasiones, inevitablemente pueden incorporar el virus. Toda precaución es necesaria, me consta que se ha reforzado enormemente desde las Comunidades, pero tenemos que estar vigilantes.

Sí hablan, al presentar estos Presupuestos, de un cambio de modelo del sistema residencial en España. ¿Cómo lo buscan? ¿Piensan en las privatizaciones, en la falta de medicalización? ¿Será posible en todas las residencias o solo en las de nueva creación?

La necesidad de un cambio de modelo residencial es evidente. La pandemia lo ha hecho más evidente, pero ya lo era hace un año, y por eso se va a dotar con una importante financiación. Lo tienen que ejecutar y protagonizar las Comunidades Autónomas, pero han de hacerlo en coordinación con esta Vicepresidencia e incorporando nuevos elementos de orientación de las políticas públicas. Para garantizar que vamos hacia un modelo más moderno, más centrado en la atención a la persona, con el que tengamos centros más pequeños y con una capacidad de sectorialización más fuerte. Con el que al mismo tiempo reforcemos también los cuidados de proximidad, como los centros de día, la teleasistencia avanzada, la atención domiciliaria. 

Los expertos vienen planteando desde hace años la necesidad de un modelo que respete más la voluntad de las personas mayores de vivir en los entornos donde han desarrollado toda su vida y de pasar a las residencias solo cuando sea estrictamente necesario. Y además hacerlo en residencias más pequeñas y más centradas en la atención a la persona. Creo que ha llegado el momento, es urgente avanzar en esa dirección. Para las unidades de nueva creación, pero también para la reconversión de las existentes. La financiación que este Ministerio negociará con las Comunidades va a ir precisamente en esa doble línea.

Uno de los motivos por los que no sabemos las cifras reales de fallecidos COVID-19 es porque no se pudo diagnosticar bien en residencias. Tampoco todas las Comunidades enviaron del todo correctamente sus datos. ¿Tendremos alguna vez datos fieles sobre los fallecimientos en residencias? ¿Se va a corregir el sistema de alguna manera?

Tenemos distintos mecanismos y formas de contabilidad. En el propio sector público, además de la información de las Comunidades Autónomas, el sistema MoMo también facilita una información sobre la evolución que ha tenido la pandemia, en particular en el sistema de dependencia y en las residencias. Y hoy sabemos que casi la mitad de las personas fallecidas durante la primera oleada lo hicieron en residencias. Esto es crucial. Son las Comunidades Autónomas las que ya han mejorado y han fortalecido su sistema de información y, en el marco del Consejo Territorial, se sigue coordinando este sistema entre comunidades y con la propia Administración General del Estado. También corrigiéndolo.

¿Qué pasó concretamente en la Comunidad de Madrid, cuál es su valoración? Si la COVID-19 vuelve a golpear a este sector, ¿van a poder evitar una orden como la que indicaba que no se trasladara a ancianos a residencias?

Eso ha de evitarse. Ya tenemos un protocolo de coordinación sociosanitaria aprobado por todas las Comunidades Autónomas que garantiza que todas las personas, sea cual sea su edad y su situación, van a ser atendidas en igualdad de condiciones por la sanidad pública.

La primera ola no solo revela una gestión claramente deficitaria de las residencias de personas mayores de la Comunidad de Madrid, no tanto de las autoridades sociales sino de las autoridades médicas. Sino que revela también, y aún en mayor medida, un modelo fracasado, un modelo que nos dejó Esperanza Aguirre, basado en la privatización y la precarización fuerte de las condiciones de trabajo que se ha evidenciado en Madrid aun más frágil que en otras Comunidades Autónomas.

Hablamos de protocolos, y de infraestructuras, pero lo que tenemos en realidad es también a miles de ancianos que llevan desde marzo prácticamente aislados, en residencias con visitas a cuentagotas. ¿Les preocupa el impacto emocional de todo esto? 

Nos preocupa mucho y es un tema que hemos hablado y trabajado en varias ocasiones en el Consejo Territorial. No se nos puede olvidar que en las residencias viven cientos de miles de personas. Es su lugar de residencia. Se han puesto en marcha protocolos que tratan de mantener un delicado, pero necesario, equilibrio entre la protección de la salud de estas personas y el respeto a su derecho a poder seguir teniendo una vida social lo más protegida posible, que mantenga el contacto fundamental con los familiares.

Los grandes propietarios y una persona que tenga un piso en alquiler son actores sociales y económicos nítidamente distintos y, por lo tanto, seguramente merezcan un trato diferente de la ley de regulación de los alquileres

Vamos a pasar ahora a la regulación de alquileres. Hasta ahora, todo lo que sabíamos es que se habilitará a las Comunidades Autónomas para establecer topes en base a un índice y en zonas tensionadas. Sin embargo, Ione Belarra afirmó en una entrevista el pasado fin de semana que se establecerán diferencias según el propietario sea grande (8-10 viviendas) o pequeño. ¿Se van a crear dos mercados diferentes, uno regulado y el otro no según sea el propietario? ¿No provocará esto un aumento de precios en pisos no regulados? ¿Podría aclarar esta cuestión? 

Estos detalles se irán viendo poco a poco en el proceso de elaboración de la ley, de la que va a ser proponente esta Vicepresidencia de Derechos Sociales junto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Pero a nadie se le escapa que en el propio desarrollo de las medidas vinculadas al escudo social, por ejemplo las moratorias de alquileres, no hemos tratado igual a los grandes tenedores que a una persona que tenga un piso en alquiler. Son actores sociales y económicos nítidamente distintos y, por lo tanto, seguramente merezcan un trato diferente de la ley. 

Hay grandes propietarios, pero también muchos pequeños. ¿Simplemente incidiendo en ese colectivo de grandes tenedores se puede realmente intervenir con fuerza en el mercado de alquiler para que no se disparen los precios?

La ley va a plantear básicamente un marco regulatorio que garantice que no haya subidas abusivas en zonas tensionadas y esto, lógicamente, afectará al conjunto de las viviendas en esas zonas. Pero las medidas seguramente tendrán que estar más focalizadas en el caso de grandes tenedores, igual que ha sucedido con las del escudo social.

La regulación de los alquileres genera muchas tensiones entre miembros del Ejecutivo de Unidas Podemos y del PSOE. ¿Qué tal van las negociaciones? ¿Es tan complicado, como a veces parece, llegar a acuerdos en esta materia?

El acuerdo al que se ha llegado en los últimos días sobre alquileres es público. Es bastante satisfactorio para poner en marcha una ley que debe de servir para garantizar la función social de la vivienda. Un Gobierno como éste no funciona con piloto automático, tiene debates, pero los acuerdos alcanzados son sólidos y evidencian la voluntad de permanecer unidos y de legislar en materias tan relevantes como el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

Para terminar vamos a mirar el mercado de trabajo. ¿Cuál es su valoración de la evolución del empleo desde el batacazo registrado en marzo por la pandemia? La Seguridad Social ha destacado que es mejor de lo esperado. 

En esta crisis hemos visto una forma de gestionar los ajustes muy distinta de la que vimos en la década anterior. Entonces, se optó por reducir salarios para evitar los despidos y, al final, no evitamos los despidos y vimos una fuerte devaluación salarial. En esta ocasión hemos utilizado un mecanismo alternativo, los ERTE, ante una economía congelada. 

Su funcionamiento ha sido mucho más eficiente para proteger el empleo. Hemos llegado a sostener a 3,5 millones de trabajadores en ERTE y, buena parte de ellos, más del 80%, ya ha vuelto al empleo. El PIB se ha hundido mucho más que hace una década y la erosión del empleo ha sido mucho menor, así que destacaría que hemos desarrollado un mecanismo que, frente a la reforma laboral del 2012, ha permitido un ajuste mucho más eficiente, protegiendo el empleo, la renta de los trabajadores y la liquidez de las empresas.

¿Hasta dónde podemos soportar los ERTE en el tiempo?

Evidentemente va a haber que sostener este mecanismo en algunos sectores, los más afectados por la pandemia, para garantizar la liquidez de las empresas y la protección a los trabajadores. La llamada economía de proximidad se está viendo más afectada, como la hostelería, la restauración, el comercio minorista... 

Los jóvenes han sido uno de los colectivos más afectados por la pérdida de empleo. ¿Qué medidas se pueden aplicar para su inserción laboral? 

Estos Presupuestos van a financiar con más de 7.000 millones de euros políticas activas de empleo destinadas a la cualificación y a la inserción de la población desempleada y, en particular, también de los jóvenes. En todo caso, la situación en estos momentos revela la necesidad de avanzar hacia un nuevo marco laboral en nuestro país. Derogar la reforma laboral del 2012 y dar lugar a un nuevo Estatuto del Trabajo, en el marco del diálogo social, que ponga fin a la injustificada y extendida precariedad, y en particular al abuso de la contratación temporal. Es un reto ineludible y ha de producirse en los próximos meses.

Los sindicatos han mandado una carta a Pedro Sánchez exigiendo que se cumpla este compromiso de desmontar ya la reforma laboral. ¿Cuándo debería empezar el Gobierno este desmontaje? ¿Hay discusiones sobre este tema? ¿Se desdibujan estos cambios como temen los sindicatos?

El Plan normativo del Gobierno de 2020 incorpora el avanzar hacia este nuevo Estatuto del Trabajo para el siglo XXI, que desmonte aquellos elementos fuertemente lesivos de la reforma laboral del 2012. Hay que dejar que sea la ministra de Trabajo la que pilote el desarrollo de este plan normativo en el marco del diálogo social. Yolanda Díaz ha demostrado una enorme capacidad para avanzar en esta materia y es la hoja de ruta que debemos seguir.

¿Le consta que en el Consejo de Ministros haya diferencias en este aspecto? 

Insisto: está en el plan normativo del Gobierno. Podrá haber más o menos diferencias, unos acentos u otros, pero está en el plan del Gobierno y así ha de producirse.