Entre la ortodoxia económica y la búsqueda de políticas para evitar que se profundice la desaceleración de la economía española, entre la obediencia a los preceptos de Bruselas y como principal dirigente de la política económica del Gobierno progresista de coalición, Nadia Calviño (A Coruña, 1968), economista y abogada, volverá a dirigir la cartera de Economía en el Ejecutivo pero en esta legislatura lo hará como vicepresidenta. Además de coordinar los asuntos económicos, según Moncloa, tendrá que “abordar la gran transformación digital que necesita España e impulsar el proyecto de digitalización de toda la Administración Pública, comprometido por el nuevo gobierno”.
El destino político de Calviño ha estado en el alero hasta la campaña electoral. En un principio, Pedro Sánchez la colocó entre los puestos para ser directora gerente del FMI, pero la imposibilidad de su designación obligó al Gobierno a retirar su candidatura. En plena campaña electoral, Sánchez anunció que la tecnócrata europea volvería a encabezar el Ministerio de Economía como vicepresidenta en un claro movimiento político para tranquilizar a la clase empresarial y elevar el compromiso del Ejecutivo para combatir el enfriamiento económico.
Mantener el crecimiento del PIB será uno de sus principales objetivos. Su departamento estima que el crecimiento económico se situará en el 1,8% en 2020, una previsión similar a la del FMI, pero algo más optimista que la del Banco de España, que la coloca en el 1,7%. Aunque la ralentización es evidente, con una bajada de la demanda externa y el sustento del consumo interno, son unos datos que duplican las sendas de crecimiento de los países del entorno europeo.
Calviño tendrá un duro papel en el nuevo Ejecutivo ya que tendrá que coordinar la política económica con unos socios de Gobierno que la colocaron entre sus principales objetivos por su posicionamiento frente a la reforma laboral. De hecho, Calviño ha sido la principal defensora de las esencias marcadas por las políticas ortodoxas de Bruselas y la auténtica muralla para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez derogara aspectos de la reforma laboral que no tenían costes. La titular de la cartera de Economía se convirtió en el principal obstáculo en el consejo de ministros para reestablecer la ultraactividad de los convenios colectivos (ahora si no se llega a un acuerdo en un año los empleados se tienen que regir por el Estatuto de los Trabajadores, cuyas condiciones suelen ser peores) y recuperar la primacía del convenio de sector sobre los convenios de empresa, dos medidas que se anularían según el acuerdo programático entre el PSOE y el partido de Pablo Iglesías.
Más difícil aún para Calviño será de convencer a sus socios de Unidas Podemos en el Gobierno para implantar la mochila austriaca (un sistema de protección individual, en el que el trabajador acumula fondos mientras está empleado a los que puede recurrir cuando se queda en paro y de cara a la jubilación) que se incluía en el Plan Nacional de Reformas que diseñó el anterior Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Sus conocimientos como alta funcionaria de la Comisión Europea de los entresijos de Bruselas (entre 2014 y 2018 fue directora general de Presupuesto de la UE), su amplia lista de contactos entre la élite tecnócrata y el rol que asumió como garante de la estabilidad como solicitaron los empresarios españoles —con CEOE claramente posicionado frente a la coalición de izquierdas— le han otorgado un papel predominante en Moncloa frente a la desaceleración económica.
Casada y con cuatro hijos, uno de sus retos será ampliar su cintura política para que el Gobierno de coalición no salte en pedazos e incrementar su protagonismo ante los medios de comunicación para tener más presencia pública y dar más explicaciones ante las decisiones que tomen en el ámbito económico en un momento de incertidumbre.
Además de encabezar la dirección de las políticas económicas del nuevo Gobierno —con toda probabilidad seguirá al frente del organismo que aúna toda las decisiones económica: la Comisión Delegada de Asuntos Económicos—, Calviño deberá conjugar el incremento del gasto público (incremento del 0,9% en pensiones, subida del gasto en servicios sociales, mas presupuesto destinado a dependencia, etc) que se presupone del Ejecutivo progresista con las exigencias de bajar el déficit público que reclama la Comisión Europea.
De hecho, Bruselas mandó un claro mensaje a España el pasado mes de diciembre con el Informe del Mecanismo de Alerta (AMR) donde identificaba a España junto con otros 12 Estados miembros sujetos a una revisión en profundidad en 2020 por las altas tasas de paro, deuda y déficit: La reprimenda de Bruselas fue en la línea que expresó en las últimas opiniones de los presupuestos que mandó el Gobierno en funciones, cuando reclamó a España 9.617 millones en ajustes estructurales.
La tasa media de paro durante los últimos tres años es del 17,4%, más de siete puntos por encima del umbral, fijado en el 10%; la deuda pública se encuentra lejos del 60% del PIB exigido –está en el 97,6%– y el objetivo de déficit para 2020 es del 1,7%, aunque el cálculo de Bruselas es que este año se acaba con una desviación en las cuentas del Reino de España del 2,2%.
En el terreno de los deberes hechos, Calviño consiguió en los meses en los que ejerció como ministra de Economía la puesta en marcha del 5G en España, la creación de la Autoridad Macroprudencial para prevenir y mitigar crisis económicas y la trasposición de varias directivas europeas que el Gobierno de Mariano Rajoy había dejado en el cajón y por las que el Estado español estaba siendo multado por la UE como la de crédito hipotecario, Mifid II o la de servicios de pago, entre otras.