Un narcotraficante gallego, Ángel Toirán, condenado en firme por el Tribunal Supremo en 2007, se acogió en noviembre de 2012, semanas después de salir de prisión por una de sus condenas, a la polémica amnistía fiscal aprobada ese año por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Toirán, el primer narco conocido en la lista secreta de amnistiados, no es uno de los grandes nombres del narcotráfico gallego, como los Miñanco, Oubiña o Dorado, el de las famosas fotos con Alberto Núñez Feijóo, actual líder del PP.
Su historia ocupa unos párrafos en Fariña (Libros del KO). El libro del periodista Nacho Carretero que inspiró una serie de televisión definía a Toirán como “un narco de Lugo sin recorrido en los 90” al que cazaron como cabecilla de una frustrada descarga en 2001 de dos toneladas de cocaína procedentes del cártel de Cali con destino a la Ría de Arousa.
En 2007, el Supremo condenó a Toirán a 14 años de cárcel por un delito contra la salud pública. Fue considerado el máximo responsable de la llegada de ese alijo de 2.197 kilos procedente de Colombia que Vigilancia Aduanera interceptó en noviembre de 2001 a bordo de un pesquero, el Rapanui, a 400 millas del cabo de San Vicente.
Que esté en esa lista de amnistiados por el Fisco, cuya identidad nunca se hizo pública, es llamativo por tratarse del primer narco del que se sabe que se acogió a esa medida de gracia de Montoro. Su “declaración tributaria especial”, el eufemismo que el Gobierno de Rajoy utilizó para esa amnistía, posteriormente declarada inconstitucional, consta en una sentencia dictada el 17 de octubre por la Audiencia Nacional.
En ella se recoge que el 27 de noviembre de 2012 Toirán presentó una “Declaración tributaria especial (Regularización con la Hacienda pública-Modelo 750)” con la que regularizó 90.000 euros de dinero en efectivo “de ignorada procedencia” tras obtener la libertad condicional en agosto de ese año, después de ocho años en prisión.
Como recuerda la sentencia, Toirán “se ha venido dedicando durante los últimos años al tráfico ilícito de drogas a gran escala”. En 1992 ya fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a 9 años. Tras la aprehensión del alijo del Rapanui, fue puesto en busca y captura por el juzgado número 3 de la Audiencia Nacional.
Finalmente fue detenido en 2004 en un control rutinario de la Guardia Civil en una carretera de Asturias. Llevaba 25.000 euros en metálico, documentación falsa y dos pistolas. Tenía detrás a la Justicia española y a sicarios colombianos.
La Sala de lo Penal acaba de condenarle a dos años de prisión y multa de 1.110.641,08 euros por el blanqueo de más de 2,2 millones procedentes del narcotráfico a través de varias empresas dedicadas a la venta de gasoil y al inmobiliario.
Las diligencias se incoaron tras una denuncia de funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, al detectar 447.816 euros de ingresos declarados que “no son reales o no tienen justificación económica legal”.
De los informes de ese organismo se desprende que hasta 2012 Toirán “no obtenía apenas rentas significativas. Durante los años 1998 al 2004 estuvo de alta en el régimen especial agrario de la Seguridad Social y entre 1998 y 2011 no declaró rendimientos ni por trabajo personal ni por rendimientos de ninguna actividad económica”.
“Desde el año 2000 hasta el año 2010 no presentó declaración por IRPF y en el año 2011 presenta la declaración del IRPF, declarando únicamente la obtención de un rendimiento de capital mobiliario de 1,90 €”.
Tras acogerse a la amnistía fiscal, “constituyó y capitalizó con dinero procedente del narcotráfico” varias sociedades con “dinero de ilícita procedencia”, porque “en las fechas en que comenzó a crearlas carecía de ingresos o rentas de procedencia lícita, ya que acababa de salir de prisión”.
Entre ellas estaba una empresa de distribución de gasóleo, Gasogal, SL, que adquirió en 2013 por poco más de 500 euros y que entonces arrastraba “importantes deudas”, según la sentencia.
Ese año, siendo todavía un asalariado y sin fondos de origen legal que pudieran respaldarlo, constituyó una sociedad en el paraíso fiscal de Seychelles en la que desembolsó 100.000 dólares.
Su objeto social era “elaborar un plan estratégico y de marketing para sociedades que estén interesadas en ampliar su cartera de productos con propuestas sobre diferentes metodologías para adquirir medios de comunicación”.
Con ella abrió dos cuentas en el banco austríaco Meinl Bank en las que se detectaron ingresos realizados en 2014 por compañías offshore de Chipre, Isla de Nieves e Islas Vírgenes Británicas. Ese año, en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional incoó diligencias previas para investigar a Toirán a partir de un informe-denuncia de los funcionarios de vigilancia aduanera.
Entretanto, entre los años 2013 y 2015 realizó aportaciones en efectivo a Gasogal SL por importe total de 237.940,76 €, más dos préstamos personales de más de 60.000 euros.
También utilizó esta sociedad para contraer un préstamo de 364.000 euros con una firma del usurero Antonio Arroyo, calificado hace años por la policía como “uno de los mayores estafadores de España”. Y, siempre según la sentencia, luego Toirán “descapitalizó totalmente” esa empresa de gasoil en favor de otras sociedades que llevan años intervenidas por un Administrador judicial.
En 2016, se lanzó a comprar bonos venezolanos. También “aparentó cobrar 200.000 €” de un décimo agraciado con el primer premio de la Lotería del Niño que había adquirido una vez celebrado el sorteo.
Los fondos blanqueados los destinó a comprar inmuebles en Galicia, Madrid o Sotogrande (Cádiz). A finales de 2021 se dictó auto de apertura de juicio oral contra él y varias de sus sociedades, que también han sido condenadas.
La amnistía, tal y como advirtió entonces el Ministerio de Hacienda, dejaba fuera del perdón fiscal a las actividades no declaradas al Fisco que tuvieran origen ilícito.
En 2015, por ejemplo, trascendió que la Agencia Tributaria había remitido al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) los expedientes de 705 contribuyentes VIP acogidos a la medida sospechosos de haber lavado dinero negro. Entre ellos, el exvicepresidente Rodrigo Rato. La oposición exigió entonces la publicación de ese listado, sin éxito.
Meses después, se acercaban los cuatros años de prescripción y Ciudadanos (entonces clave para mantener a Rajoy en el poder) reclamaba que los amnistiados pagaran un 10%, en lugar del 3% del que disfrutaron gracias a un polémico informe sin firma de la Dirección General de Tributos y el artífice de la amnistía.
Entonces, Cristóbal Montoro, anunciaba el envío de cartas a los más de 30.000 contribuyentes que se acogieron a la medida para informarles de que no había “caducidad en ese procedimiento” y no existía “prescripción al respecto de posibles y futuras investigaciones”. Para entonces, la Audiencia ya llevaba años detrás de Toirán.
A la amnistía se acogieron 31.484 particulares y empresas que legalizaron dinero negro pagando al Fisco, en ocasiones, incluso menos de un 3%. El resultado fue que la medida afloró 40.000 millones ocultos pero apenas recaudó 1.200 millones. Fue declarada inconstitucional en 2017, aunque sin efectos prácticos para quienes regularizaron esos fondos.
Pedro Sánchez prometió antes de llegar a Moncloa publicar la lista de beneficiarios, pero lo descartó nada más ser investido en 2018, con el argumento de que no había soporte jurídico para hacerlo con carácter retroactivo. Después el Gobierno socialista aprobó una reforma legal para prohibir las amnistías por ley que muchos calificaron de brindis al sol.
En los últimos años, solo han trascendido unas decenas de nombres de beneficiarios de la amnistía gracias a procesos y sentencias judiciales, investigaciones periodísticas y alguna filtración.
En esa lista hay numerosos políticos, nombres como los de la familia Franco y muchos empresarios y algunas de las mayores fortunas españolas. Ahora acaba de sumarse un narco. Pero la identidad de más del 99% de los agraciados permanece oculta bajo llave.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.