Las conversaciones sobre el llamado Estatuto del Becario avanzan en el diálogo social. El Ministerio de Trabajo intenta aprobar la reforma de las prácticas antes del parón legislativo del verano. Hay puntos en común y acercamiento en varias cuestiones, pero hay dos elementos clave que marcan y condicionan la negociación: las dudas sobre si los empresarios estarán dentro de este acuerdo, por la distancia mostrada en materias propias de la esencia misma de la reforma, y por otro lado cómo quedan las prácticas extracurriculares, aquellas en las que se concentra la mayor parte del fraude de falsos becarios y donde los sindicatos están poniendo todos sus empeños.
El departamento que lidera Yolanda Díaz inició la negociación del Estatuto del Becario el pasado abril, para regular un “catálogo de derechos” a los estudiantes que realizan prácticas no laborales, adelantó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Por ejemplo, se quiere garantizar por ley la compensación de gastos a los estudiantes en conceptos como transporte y manutención, para que las prácticas no salgan a pagar.
Pero la reforma que tiene Trabajo entre manos busca mucho más que eso. El Gobierno quiere impedir algo que hoy en día está muy extendido: que los becarios hagan funciones de trabajadores durante sus prácticas formativas, lo que el Ministerio de Trabajo y los sindicatos resumen como el fraude de los “falsos becarios”.
Este abuso, aunque se repite con frecuencia, se da sobre todo en las llamadas prácticas extracurriculares, recogen los estudios y encuestas realizadas por los sindicatos. Se trata de prácticas que no forman parte de los planes de estudios de universidades, FP, cursos o másteres, sino que se realizan gracias a convenios de colaboración entre los centros educativos y empresas.
La reforma del Gobierno pretende acabar con la cultura de las prácticas como trabajo barato (o incluso gratis) para que –como dice su nombre– realmente sean “prácticas no laborales”. Es decir, que los estudiantes entren a las empresas a formarse, aprendiendo un oficio o profesión con tutorización, sin que asuman la responsabilidad sobre tareas productivas propias de trabajadores de la plantilla.
Porque para eso último, acudir a trabajadores en formación que están dando sus primeros pasos en el mundo laboral, las empresas ya tienen otra herramienta (ahora sí) laboral: los contratos de formación. Hay dos tipos, que se revisaron en la última reforma laboral. Estos contratos formativos apenas se utilizan y los sindicatos responsabilizan de ello en gran parte al abuso de las prácticas y los falsos becarios.
Resistencia a prescindir del trabajo barato (o gratis)
Este cambio de cultura de las prácticas, que en realidad supone que se cumpla lo que está legislado y evitar el fraude, es lo que más distancia a los empresarios de la reforma que hay sobre la mesa. No es poca cosa. Se trata de una pieza de base del Estatuto del Becario, sobre la que se articulan el resto de medidas. Por lo que, si no se comparte la premisa de partida, es complejo que las patronales entren en un acuerdo.
En la última reunión presencial de la mesa de diálogo, el pasado 27 de junio, las patronales CEOE y Cepyme presentaron sus resistencias y propuestas, que pasaban por mantener el status quo de las prácticas, explican fuentes de la negociación. Con ciertos límites, más garantías de tutorización, pero sin restringir que los becarios puedan hacer trabajo productivo como un trabajador, tal y como pretende Trabajo y los sindicatos.
Fuentes de CEOE responden a este medio que la negociación “va lenta”. “Para empezar porque no hay acuerdo sobre el ámbito objetivo de aplicación; es decir, sobre a quién o a qué becas afecta”, reconocen en la organización empresarial. “La intención es seguir negociando”, insisten en CEOE, donde recuerdan que “en esto, como en todo, el Gobierno tiene potestad legislativa para ir adelante si lo considera sin acuerdo”.
La patronal afronta a final de año elecciones internas, lo que complica a la dirección que lidera Antonio Garamendi llegar a acuerdos con el Gobierno de coalición progresista, foco de presión en el pasado. Y más en cuestiones en las que en ciertos sectores empresariales pueden entender que pierden más que ganan, al perder trabajo barato o incluso gratis en muchas ocasiones.
Las becas extracurriculares, en cuestión como foco de fraude
La negociación del Estatuto del Becario está explorando dos vías para ese cambio cultural contra el abuso de falsos becarios. Por un lado, acotar más legalmente la definición de las prácticas no laborales, lo que pueden y no hacer los estudiantes. Así, se regularía la “presunción de laboralidad” si se dan ciertas condiciones, en las que quedaría claro que esa persona tendría que ser contratada laboralmente, no como becaria.
Por otro, los sindicatos están centrando sus esfuerzos en eliminar las prácticas extracurriculares. CCOO y UGT subrayan que que son un foco de fraude y de puestos que deberían estar ocupados por contratos formativos laborales, con más garantías y remuneración. El Ministerio de Trabajo está estudiando esta posibilidad, que negocia también con el Ministerio de Educación y el de Universidades, que se verían afectados por la medida.
La idea sería suprimir esta modalidad extracurricular, pero que se garantizaran más prácticas dentro de los planes de estudios para que los estudiantes no se quedasen sin acceso a becas. Para ello haría falta tiempo, por lo que en la última reunión se planteó una moratoria de tres años hasta su eliminación. Las centrales sindicales explican su voluntad de que todos los estudiantes que quieran puedan hacer prácticas, pero rechazan que mantener un sistema que consideran una puerta abierta a la precarización del trabajo y al fraude.
Desde CCOO comparten con Trabajo en que se pueda acordar una moratoria que permita que los centros educativos adapten sus cursos para incluir más prácticas en los currículos de asignaturas, explica Adrià Junyent, responsable confederal de Juventud del sindicato, para que “todos los estudiantes que lo deseen tengan acceso a prácticas”.
En este punto, los sindicatos advierten de que no solo los empresarios recelan de eliminar las prácticas extracurriculares sino también el Ministerio de Universidades y los rectores, a través de la CRUE. “El interés de mantener las prácticas extracurriculares no se basa en el bien de los estudiantes, sino en un interés económico!, critica Eduardo Magaldi, portavoz de RUGE, la organización de jóvenes de UGT.
Hay varios flecos más pendientes, pero en los que hay una mayor coincidencias entre los actores. Por ejemplo, parece que no se fijará un suelo mínimo de compensación para los becarios, ya que los negociadores han compartido que, si los becarios no realizan un salario, tampoco se puede obligar a las empresas a abonar un salario. Eso sí, se prevé fijar la obligación a compensar todos los gastos que se deriven de ellas a los estudiantes. La cotización de todos los becarios, prometida desde hace un año y que lleva meses de retraso, también se incluirá.
Además, las partes coinciden en que hay que flexibilizar más los límites al número de becarios por empresa que propuso el Ministerio de Trabajo en un inicio, ya que pueden resultar demasiado restrictivos. Especialmente para las empresas de menor tamaño, las más numerosas en España. Todas las partes seguirán negociando con la mirada puesta en la próxima reunión, el día 13 de julio. Esta podría adelantarse si se logra cuadrar agendas antes, explican fuentes del diálogo social.