El Gobierno va a aprobar una subida del salario mínimo para el final de 2021, pero su negociación tiene la atención más puesta en el incremento de 2022. Lo que el presidente Pedro Sánchez anunció como una subida “inmediata” del SMI se le está complicando al Ejecutivo, que se abrió a acordar la cuantía con los sindicatos y empresarios. Las patronales se niegan a una subida en 2021, por pequeña que sea, lo que podría parecer que les saca de la ecuación de las conversaciones. Pero no es así: los sindicatos exigen al Ejecutivo que, junto al SMI de 2021, concrete ya la senda de subida de 2022 y los empresarios siguen con los contactos porque no se resignan a perder influencia en el incremento del año que viene.
“Está todo muy abierto”, sostienen fuentes del diálogo social, que no descartan ningún escenario en los próximos días. Ni que el Gobierno acabe aprobando el salario mínimo en solitario, que se alcance un acuerdo bipartito entre el Ejecutivo y los sindicatos o, incluso, un pacto a tres bandas en el que se incluyera a los empresarios. Esta última es la opción más complicada y menos probable en estos momentos.
La negociación se está alargando, sobre todo a cuenta de la cerrazón de las patronales, pero también debido a la insistencia del Gobierno de coalición en aprobar con acuerdo la subida del SMI, ahora situado en los 950 euros al mes en 14 pagas. El incremento de los salarios más bajos es competencia del Ejecutivo, que solo está obligado a someterlo a consultas del diálogo social. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz está intentando por todos los medios que la subida sea respaldada por empresarios y sindicatos, como tantas otras medidas laborales tomadas hasta la fecha, como las prórrogas de los ERTE y la Ley Rider, entre otras.
El acuerdo social siempre dota de estabilidad a las medidas laborales y funciona muchas veces como un escudo legitimador ante las críticas de la oposición. Y no solo puede aplacar diferencias externas, sino también internas, como las de un Gobierno que ha estado dividido durante meses sobre si era oportuno o no subir los salarios más bajos.
Órdago sindical de los 1.000 euros en 2022
Aunque los sindicatos también tienen un papel en la demora de las negociaciones. Cuando el Gobierno decidió no subir el salario mínimo interprofesional en enero por la crisis desatada por la pandemia, como defendía Nadia Calviño y respaldó el presidente Pedro Sánchez en contra del criterio de Yolanda Díaz, CCOO y UGT se lanzaron a la calle. Protagonizaron varias movilizaciones e insistieron mes tras mes en la necesidad de una subida, como había hecho la inmensa mayoría de países europeos.
Con la buena marcha de la recuperación del empleo y ante el incremento de los precios, especialmente de la luz, el ala socialista del Gobierno se abrió a la subida del salario mínimo para final de año. Los sindicatos celebraron el cambio de opinión, pero también advirtieron de que sus exigencias en septiembre ya no eran las mismas que en enero. Si a comienzo de año, con un contexto de mayor incertidumbre, podían acceder a un aumento del SMI “testimonial”, esa opción ya no contaría con su respaldo en septiembre.
Ante un contexto diferente, CCOO y UGT han elevado sus pretensiones. Piden una subida para este año de entre 25 y 30 euros mensuales, para mantener el poder adquisitivo del millón y medio de personas que cobran el salario mínimo en un escenario de fuerte inflación, cercana al 3%.
Dado que el Gobierno no quería salirse de la horquilla de 12 a 19 euros de aumento recomendado por el comité de expertos, los sindicatos se abrieron a aceptar una subida de este calibre, pero siempre que incluyera la senda de aumento del SMI en 2022. El Ejecutivo se ha comprometido a llegar a un SMI del 60% del salario medio al final de la legislatura, en 2023. Tanto Unai Sordo como Pepe Álvarez, líderes de CCOO y UGT respectivamente, han reiterado que su horizonte son “los 1.000 euros en 2022”. Sin ese compromiso, que no cuenten con ellos para un tímido incremento en estos últimos meses de 2021, insisten.
Las pretensiones de unos y otros han complicado el pacto, incluso uno solo suscrito con los sindicatos. Como no parece probable que el Ejecutivo se decante por una subida como la que demandan (25 a 30 euros), para sumar a CCOO y UGT a un acuerdo el Gobierno tendría que definir qué va a hacer en 2022. Pero tomar esa decisión sin los empresarios es delicado, como denota la inquietud de las patronales, que insisten no obstante en el 'no' a cualquier incremento en 2021.
Presiones sobre la patronal
En el Ministerio de Trabajo insisten en que la negociación continúa. “Ya saben que nunca doy un acuerdo por perdido”, ha afirmado varias veces esta semana la vicepresidenta Yolanda Díaz. Los empresarios han guardado silencio en los últimos días y no han mandado aún el habitual comunicado oficial con la negativa, lo que se puede interpretar como que aún hay algún margen de actuación. La vicepresidenta segunda se ha apuntado acuerdos sociales que se antojaban muy complicados, como la Ley de Teletrabajo y la legislación sobre los riders, entre otros.
Aun así, Yolanda Díaz ha endurecido este viernes su discurso sobre la postura de los empresarios. Afeó a las patronales su negativa a negociar y su cerrazón en los “cero euros” desde el inicio de las conversaciones, una posición que considera que “no tiene argumentos” en un contexto como el actual.
Los empresarios sostienen que un incremento en estos momento podría dificultar la recuperación del empleo, pero se están barajando cifras bastante bajas (incluso se ofreció un alza inferior a los 12 euros al mes) y que solo tendría efecto en tres o cuatro meses. Por ello, los sindicatos han destacado que la posición de la patronal parece más “política” que basada en verdaderos temores económicos.
La CEOE y su líder, Antonio Garamendi, han recibido bastantes críticas internas por pactar tantos acuerdos con un gobierno progresista. También del principal partido de la derecha. Desde que Garamendi diera su opinión sobre los indultos de presos independentistas catalanes, el PP y Pablo Casado cambiaron su relación con la patronal y la han convertido en foco de ataques. Por ejemplo, por pactar la reforma de pensiones, que Casado tachó de “gran error”.
En este contexto, algunos veían que la subida del SMI en 2021 era una negociación de la que los empresarios podían descolgarse sin mucho coste y con la que podían atesorar un 'no' a Díaz y Sánchez. Sin embargo, si el incremento del SMI no solo alcanza a 2021, los empresarios tienen más que perder (y que ganar), lo que podría suponer un aliciente para entrar a un acuerdo. Antonio Garamendi siempre ha defendido los acuerdos desde un punto práctico, como el de la subida del SMI a los 950 euros en 2019. “Nos preocupaba mucho más la cantidad de mil euros”, dijeron las patronales en ese momento.
La vicepresidenta Nadia Calviño, pese a haber señalado que la subida tendría que retrasarse a octubre a principios de semana, se ha sumado también en los últimos días a la presión sobre los empresarios, con un recordatorio a las grandes sumas de dinero público que el Estado está destinando en ayudas al tejido empresarial en esta crisis. “Los ciudadanos no entenderían que desde el mundo empresarial no haya ningún tipo de sensibilidad con la necesidad de mejorar las condiciones de los trabajadores que tienen los salarios más bajos. Sobre todo, cuando en el curso del mes de septiembre vamos a tener también que decidir qué hacemos con los ERTE y la prestación de los autónomos”, deslizó.
Los próximos días acabarán con la incertidumbre sobre cómo sale adelante la subida del salario mínimo y, de manera más estratégica, sobre cómo comienza el diálogo social de este otoño cargado de negociaciones laborales, como la prórroga de los ERTE y la reforma laboral.