Negociar para repartir daños: qué supone el “pacto de rentas” que pide Pedro Sánchez ante la guerra en Ucrania

Sin haber dejado atrás la pandemia que llegó a paralizar el mundo, el 24 de febrero se dinamitó el avance a la “normalidad” tras la COVID. El presidente Putin ordenaba la invasión de Ucrania, lo que ha desatado una guerra en el seno de Europa que muy pocos esperaban. Junto al drama humanitario para la población ucraniana, las consecuencias del conflicto van mucho más allá y tocarán el bolsillo de las empresas y trabajadores en muchos países. También en España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido un “gran pacto de rentas” para hacer frente y mitigar las consecuencias negativas, donde la subida de precios se coloca como principal riesgo. Este gran acuerdo alcanza a empresarios y sindicatos, pero también a las administraciones públicas. 

“Voy a ser franco”, advirtió Sánchez el miércoles en el Congreso. “Las medidas que hemos adoptado y las que podamos adoptar en el futuro en el seno de la UE y la OTAN van a tener un coste y van a exigir sacrificios”, adelantó el presidente sobre la respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Putin. Aunque para algunos el conflicto pueda parecer lejano, la guerra ha tocado a Europa y eso tendrá una repercusión en la economía española. No solo con efectos macroeconómicos, avisó el líder del Ejecutivo en el Parlamento, “va a tener lógicamente un impacto sobre la economía de las familias” y de las empresas.  

Aunque los daños aún están por determinar, ya se dan por sentados. “Puede haber una ralentización de la recuperación y un impacto claro en los precios”, ha sostenido este jueves la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. De momento, la esperada moderación de precios en primavera ya se da por perdida y también está clara la afectación a las relaciones comerciales con Ucrania y Rusia, aunque en España no son muy relevantes. También se esperan “menores inversiones”, afirmó Pedro Sánchez, en un momento en el que la economía aún se está recuperando de la crisis por la COVID.

Un acuerdo clave ante el riesgo inflacionista

¿Qué significa en la práctica ese “gran pacto de rentas” al que urge el presidente? Pedro Sánchez dio algunas líneas generales en su comparecencia. 

Los primeros emplazados a este acuerdo de reparto de daños son los agentes sociales: los sindicatos y patronales mayoritarios. El Gobierno les pide que alcancen un pacto en el AENC (Acuerdo de Negociación Colectiva y para el Empleo), una hoja de ruta a nivel estatal para las negociaciones sectoriales y en empresas sobre cuestiones laborales clave. Las subidas salariales concentran todas las miradas y este jueves, en la primera reunión técnica entre CEOE, Cepyme, CCOO y UGT se han confirmado como el “principal escollo” en la negociación. 

Pedro Sánchez reclamó el miércoles que las dos partes, empresas y trabajadores, logren de nuevo ponerse de acuerdo como han hecho en numerosas ocasiones durante la pandemia. El “gran pacto de rentas” supone que se pongan de acuerdo y ambas hagan “sacrificios”. Tanto del lado de “los costes salariales”, apuntó el presidente, lo que se entiende como menores incrementos en las remuneraciones de los deseados, como mediante “la moderación de los márgenes y beneficios de las empresas”. Todo ello para “evitar caer en una espiral inflacionaria, que mine el poder de compra de las familias, de los ahorradores y que ponga en riesgo la recuperación económica”. 

El acuerdo salarial ya era relevante dado el contexto de alta inflación que se arrastra desde el año pasado. Pero, ahora que el conflicto en Ucrania supone otro riesgo más en este sentido, por lo que el pacto en el AENC se antoja clave. Así lo consideran en el Gobierno, tanto en público, mediante declaraciones del presidente y los ministros económicos, como también en privado. Miembros del Ejecutivo están urgiendo a los agentes sociales a alcanzar un pacto estatal como herramienta fundamental para dar “estabilidad” y “confianza” a las empresas y trabajadores en estos momentos de incertidumbres. 

Sánchez pide el pacto para "evitar caer en una espiral inflacionaria, que mine el poder de compra de las familias, de los ahorradores y que ponga en riesgo la recuperación económica

El Gobierno, como el resto de instituciones nacionales y europeas, ha desistido ya de defender una inflación “transitoria” provocada por la escalada de la energía. En primer lugar, porque el impacto de la guerra de Ucrania en los precios de las materias primas, y principalmente en el petróleo y en el gas, niega una moderación de los avances de los últimos meses. Incluso apunta a nuevos máximos, como ya se han visto en estos días.

Y segundo, porque los mayores avances no se concentran solo en los elementos más volátiles de la cesta de productos y servicios con los que se calcula el IPC, precisamente la energía y también los alimentos. Ya está apareciendo el riesgo de una espiral de precios y salarios, con el peligro de que acabe en estanflación, inflación sin crecimiento económico, o, incluso, en un proceso de hiperinflación y recesión en un escenario extremo.

Una amenaza, también denominada “inflación de segunda ronda”, difícil de prever en estos momentos, en los que la elevada incertidumbre impide medir las consecuencias de la guerra, pero que, según la teoría económica, podría entrañar importantes daños en la actividad: desde la pérdida de poder adquisitivo en la persecución de los salarios a los precios, el aumento descontrolado del gasto público y del endeudamiento, el deterioro de la competitividad de las empresas españolas en el exterior, hasta la escasez de ciertos productos y cortes de suministros.

“La inflación de bienes y servicios y el crecimiento de los salarios puede retroalimentarse”, reflexiona el equipo de analistas de BBVA Research. Y eso, añaden “tiene importantes implicaciones sobre otras variables macroeconómicas, como el bienestar de los hogares, la competitividad de las empresas o los niveles de deuda en términos reales”. Eso sí, estos economistas reconocen que, pese al fuerte crecimiento de la inflación interanual a finales de 2021, “la moderación salarial ha sido la pauta durante el año pasado, ayudada por el comportamiento tanto de los márgenes de precios como de salarios”, lo que consideran “un alivio” a la hora de evitar efectos de segunda ronda. 

Desde los gabinetes económicos de los sindicatos CCOO y UGT destacan que lo prioritario es abordar el foco principal de la inflación, el mercado de fijación de los precios energéticos. En este sentido, el Gobierno español suma apoyos en la cruzada que libra desde hace meses para intentar forzar una reforma del sistema de formación de precios de la luz y desengancharlo del gas natural. Es cierto que la guerra en Ucrania amplía ahora el foco, pero los sindicatos advierten de que los salarios se están quedando descolgados, con las repercusiones negativas que esto puede tener para el consumo interno, que también hay que proteger ante una crisis internacional. Además consideran que el incremento de los precios está recayendo ahora en su mayor parte en “los hombros de los trabajadores”, por lo que piden que las empresas pongan de su parte con un recorte en sus beneficios. “Un pacto de rentas no puede consistir en medidas que solo sean efectivas para contener los salarios”, advertía este jueves el líder de CCOO, Unai Sordo.

Esta misma semana se conoció el dato de IPC de febrero, con un crecimiento del 7,4% respecto al mismo mes del año anterior, por encima de las previsiones y registrando un récord en 33 años. En la misma línea, el informe del PMI -índice adelantado de actividad según encuestas a empresas- de febrero del sector servicios de España recoge un máximo histórico en los precios cobrados, como previamente había apuntando el mismo indicador para el sector manufacturero. Y eso sin incluir aún el impacto de la guerra en Ucrania, ya que el sondeo se realizó entre el 10 y el 23 de febrero.

“Los últimos datos señalaron que los costes operativos [de las empresas] aumentaron a un ritmo ligeramente inferior al récord del estudio registrado en noviembre del año pasado y los encuestados informaron que muchos gastos aumentaron, incluyendo los costes relacionados con el personal, la energía, el combustible y los suministros en general”, explica IHS Markit, que construye el indicador.

Lo público, al rescate de “los más vulnerables”

El “gran pacto de rentas” de Sánchez también tiene una tercera pata, que involucra a las administraciones públicas. Al dinero de todos como “escudo” de protección de “los más vulnerables”, dijo el presidente, como reiteró que ha hecho el Gobierno en los dos últimos años desde que estalló la COVID en España. Dado que estas personas están siempre más expuestas ante las crisis, como se ha podido ver de nuevo en la pandemia, este “pacto de rentas” también debería suponer una mayor protección desde lo público de este colectivo.

El presidente anunció la prórroga de medidas dependientes del Ejecutivo central, como del bono social eléctrico hasta el 30 de junio, de los tipos reducidos a la energía y anunció que durante 2022 se reducirán los peajes a la industria electrointensiva. Además, Pedro Sánchez adelantó que se prevé desplegar los nuevos ERTE de la reforma laboral, el Mecanismo Red, para empresas y trabajadores que se puedan ver afectados por las consecuencias de la guerra. 

Pero el presidente también “invitó” a otras administraciones públicas a actuar en sus ámbitos competenciales para proteger a quienes están más expuestos a las inestabilidades. Emplazó a las Comunidades Autónomas y entes locales a “redoblar los esfuerzos en la asistencia a colectivos más vulnerables y a adoptar medidas sociales adicionales que permitan mejorar y garantizar las condiciones para confrontar este shock económico en las familias”, entre otras medidas. El “gran pacto de rentas”, insistió Pedro Sánchez, debería ser un “pacto de país”, que requiere de unidad de acción de los actores políticos y sociales.