Una anciana de 82 años, su hija y sus dos nietas menores fueron desahuciadas este miércoles en Fuenlabrada (Madrid). El piso era de la abuela: la hija, Maite, lo había usado como aval para pedir un préstamo y montar un bar. “Funcionaba bien hasta que su pareja empezó a pegarla, tanto en el bar como en casa. Bajaron los ingresos y tuvo que cerrar”, relata Valentín Hernández, portavoz de la PAH de Fuenlabrada. Al no poder hacer frente a los pagos, el prestamista se quedó con el piso y, tiempo después, lo vendió a tres fondos. Aunque en él vivían menores y entre la madre y su hija ingresan menos de 800 euros al mes, la secretaria judicial autorizó el desahucio.
“Servicios sociales presentó un documento abrumador a favor de la afectada. Pero han seguido adelante”, continúa Hernández. Maite y las niñas durmieron en casa de una amiga; la abuela, en la de una vecina.
El secretario general de Vivienda del Gobierno, David Lucas, se puso el jueves al tanto del caso. Habló con el Ayuntamiento de Fuenlabrada para ver qué solución habitacional podían ofrecer. “Un poco tarde”, dicen desde la PAH. La primera propuesta fue que la abuela fuera a una residencia y la madre y las niñas a una vivienda compartida para víctimas de violencia de género. La rechazaron al entender que ninguna de las opciones es segura en tiempos de COVID. “La segunda opción es que el Ayuntamiento les deje una fianza para alquilar otra vivienda, o que la Sareb [el 'banco malo'] suelte algún piso vacío. Parece que se pondrán en contacto con la Sareb”, relata el portavoz.
Según el Gobierno, los desahucios están suspendidos hasta el 31 de enero. Pero el de Maite y su familia no encaja en los supuestos decretados, que solo contemplan los desahucios de alquiler a personas vulnerables por causa COVID (gente que esté en ERTE o se haya quedado en paro y lo demuestre). Aunque desde Podemos han pedido al PSOE que amplíe las causas y prohíba por decreto todos los desahucios, fuentes del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana señalan que analizarán la situación “cuando llegue el momento”; esto es, cuando concluya la suspensión actual. Queda la posibilidad de que la vicepresidencia de Pablo Iglesias alcance un acuerdo directo con el presidente, Pedro Sánchez, y se 'salte' a Ábalos.
Solo esta semana había programados seis desahucios en Madrid. Tres se han suspendido gracias a la presión vecinal y asociaciones de vivienda. Uno de ellos es el de Arturo y Soledad, una pareja de Arganda del Rey que espera un bebé. Su caso, explican desde la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad, es un “desalojo” porque ocupan la vivienda, que es pública. Es relativamente parecido al de la familia con cuatro menores desahuciada la semana pasada en Carabanchel, donde tampoco había contrato de alquiler. Y es una casuística habitual de la que el Gobierno se desmarca por cuestiones de “seguridad jurídica”. También la Comunidad.
“No olvidemos que ocupan una vivienda social y que hay una familia que la está esperando”, dice el director del área social de la agencia, Eusebio González. “Mi obligación es recuperarla. Nosotros pedimos informes a los servicios sociales y si hay menores se adoptan medidas de protección. Los adultos suelen decir que tienen dónde ir para no perder la custodia, porque cuando se desaloja solo se protege a los menores”. Según sus datos, hay 2.000 viviendas sociales ocupadas en Madrid y este año han desalojado 53. A Arturo y Soledad les llegará en un mes una nueva orden de desalojo.
Los seis desahucios de esta semana solo son, según el sindicato de inquilinas, la punta del iceberg. “Son los que llegan a nuestras redes”, dice el portavoz Fernando Bardera. “En el primer estado de alarma los juzgados no funcionaron. En junio se reactivó. Lo que notamos es que hemos vuelto al ritmo de antes y que se suman los casos que se acumularon durante el cierre”.
Los datos que da el Consejo General del Poder Judicial aún no están actualizados: llegan hasta junio. En el segundo trimestre (abril, mayo y junio) hubo 1.383 lanzamientos en toda España, lo que da una media de 21 diarios si tenemos en cuenta los días hábiles (65). La estimación de la PAH tiene en cuenta el cierre de juzgados. Como estos reabrieron el 4 de junio, en el segundo trimestre solo hubo 18 días hábiles, lo que da una media de 77 desahucios diarios. Es, en cualquier caso, mucho menos de lo habitual. 2019 cerró con 54.006 desahucios, unos 216 diarios si contamos días laborables.
El Ayuntamiento de Barcelona ofrece datos propios y actualizados. Según un informe de la Unidad Antidesahucios adelantado por El País y al que ha tenido acceso este diario, entre el 14 de septiembre y el 23 de octubre —en plena segunda ola— hubo 443 lanzamientos que afectaron a 748 personas adultas con 463 niños a cargo. El 80% estaban por debajo del umbral de pobreza y el 40% ocupaban viviendas vacías de bancos o empresas. Más de la mitad de las órdenes fueron impulsadas por grandes propietarios (222) y al menos 161, por “pequeños propietarios” (hasta 15 viviendas). El resto están aún sin identificar.
“El criterio del Gobierno ha sido acertado”
Aunque los datos digan que hay menos desahucios que en 2019, entonces no había pandemia ni el Gobierno pedía que nos quedáramos en casa. Bajo este argumento, el secretario de vivienda defendió su gestión en su última comparecencia en el Senado. Terminó pasando la bola a las comunidades.
“El criterio del Gobierno, que creo que ha sido acertado, es establecer equilibrio entre arrendadores y arrendatarios. El 85% de los arrendadores son pequeños, con dos o tres viviendas. Y ellos también sufren las consecuencias de la pandemia”, dijo Lucas. “Las competencias en vivienda son de las comunidades y el Estado va a ser cuidadoso y respetuoso con ello. Quiero recordar que el Plan Estatal de Vivienda articula medidas. Es vital que las comunidades habiliten recursos para solucionar los problemas habitacionales”.
Lucas se refiere a los 446 millones de euros transferidos para que las autonomías den ayudas directas, de hasta 900 euros, a personas desahuciadas, vulnerables o víctimas de violencia de género.
Pero algo falla cuando todos los días hay noticia de algún desahucio. Los casos más mediáticos consiguen, a veces, sensibilizar al gran propietario para que ofrezca un alquiler social. Sin embargo, las entidades sociales avisan de dos cosas.
La primera, las multas a los activistas que intentan pararlos por “desobediencia a los agentes de la autoridad”. Ha sucedido en Barcelona, donde el sindicat de llogaters acumula ya 20.400 euros en multas (de 600 euros cada una). “Al poder inmobiliario le sienta fatal que no paremos de impulsar y cambiar leyes. Las multas tienen un objetivo: desarticular a un movimiento sindical”, dicen.
La segunda, el perfil de los desahuciados. “La mayoría de familias son trabajadoras. Generalmente en sectores esenciales, como hospitales o cuidado de mayores. En plena pandemia, se desahucia a quienes cuidan del resto”, añaden. El informe de Barcelona concluye que los ayuntamientos están desbordados y que carecen de las “miles de viviendas públicas necesarias para alojar dignamente a las familias necesitadas”. Por último, alerta: el preocupante nivel de desesperación y crispación de las familias hace temer un “estallido social”.