Nuclear y gas con etiqueta verde: rechazo ecologista, victoria de los lobbies y apoyo de la derecha en España

La propuesta de la Comisión Europea de otorgar temporalmente la etiqueta verde a la energía nuclear y al gas ha suscitado el rechazo del Gobierno y de los grupos ecologistas y el apoyo de las formaciones de derecha en España.

Mientras Unidas Podemos pide al Ejecutivo que sea “más ambicioso” en su rechazo al plan, la propuesta fue celebrada el pasado fin de semana por la ultraderecha de Vox y este lunes, la Comunidad de Madrid salía en defensa de la nuclear, al asegurar que “ningún dato científico” avala que “sea una energía especialmente contaminante”. Horas después, Ciudadanos cargaba contra el “sectarismo” del Gobierno por rechazar que esta fuente se catalogue como verde.

La propuesta de considerar sostenibles a la nuclear y el gas pese a sus efectos nocivos sobre el medio ambiente, impulsada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, está en línea con las peticiones de los lobbies del sector.

El borrador filtrado al filo de la medianoche de la pasada Nochevieja despierta recelos en la parte ecologista del nuevo Gobierno alemán y en otros países como Austria, y deberán ratificarlo ahora los Estados miembros y el Parlamento Europeo. La formación ultraderechista de Santiago Abascal no tardó en darle la bienvenida: el pasado fin de semana, celebró en Twitter que “el sentido común y la necesaria soberanía energética se impone al ecologismo radical”. Vox, única formación que apoya construir nuevas centrales nucleares en España, asegura que el rechazo del Gobierno al borrador va “en contra de los españoles”. “Nos gobiernan lobbies”, tuiteó su eurodiputado y vicepresidente, Jorge Buxadé.

Ya el lunes, la consejera madrileña de Medio Ambiente, Paloma Martín, sostenía que “no hay ningún dato científico que acredite que la nuclear sea una energía especialmente contaminante”. Según la responsable de la Comunidad de Madrid, un territorio sin nucleares que depende de los reactores de Almaraz (Cáceres) y Trillo (Guadalajara), “la ideología radical no puede impregnarlo todo. Cuando un Gobierno no tiene un modelo energético claro nos lleva a situaciones muy comprometidas como las que estamos viviendo”. “Lo que hay detrás es mucha ideología y presión de socios más independentistas y más radicales”, señaló la alto cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Horas después, Edmundo Bal, portavoz de nacional de Ciudadanos, anunciaba que su grupo ha pedido la comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para “que explique la oposición frontal del Gobierno de España a la propuesta de la Comisión Europea de incluir la energía nuclear en la taxonomía verde”. Según Bal, esa decisión de “contradecir” a Bruselas “solo se explica por la arbitrariedad o el exceso de sectarismo”.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha reiterado su rechazo a la propuesta de la Comisión, que considera “un paso atrás”. Pero el departamento de Teresa Ribera defiende que estas fuentes queden recogidas en una categoría intermedia, bajo la etiqueta “ámbar”. Una propuesta que rechaza Alianza Verde, el partido ecologista que integra Unidas Podemos, que pidió este lunes a Ribera que no haga “trampas” y excluya a esas tecnologías “de cualquier categoría intermedia que les permita seguir siendo objeto de inversión”.

Así, Unidas Podemos ha remitido una proposición no de ley al Ministerio que solicita “enmendar la propuesta de la Comisión Europea que otorga el reconocimiento de verde a las centrales nucleares que ya están en marcha y a las que se construyan al menos hasta 2045, y a las plantas de generación de electricidad con gas al menos hasta 2030, excluyéndolas de cualquier categoría intermedia para evitar, así, que se puedan seguir acometiendo inversiones en una u otra”.

Transición Ecológica sostiene que las emisiones de metano de la generación por gas natural y la cuestión sin resolver de los residuos de la energía nuclear (que no emite CO2) deben dejarlas fuera de la taxonomía verde de la UE. Asignarles esa etiqueta envía “una señal errónea para los mercados financieros y no aporta la necesaria claridad para enfocar los flujos de capital hacia la economía descarbonizada, resiliente y sostenible prevista en el Pacto Verde Europeo”. Pero no cierra la puerta a que sigan recibiendo financiación.

Los defensores de la propuesta de la comisión creen que responde a las necesidades que hay en el conjunto de la UE, con países en el Este mucho más dependientes del carbón, como Polonia, que van a necesitar recurrir a las centrales de ciclo combinado (que queman gas natural) para sustituir esa fuente, y con Francia enganchada a la nuclear, que supone una potente industria en el país vecino. El borrador se ha conocido coincidiendo con el apagón de tres de las seis nucleares de Alemania, que prevé despedirse este año de la energía atómica. Y en el arranque de la presidencia europea de Emmanuel Macron, que el pasado otoño anunció un plan multimillonario para construir nuevas centrales nucleares en el país.

“Licencia para el greenwash”

La propuesta permitiría ser elegibles como inversión verde a los proyectos nucleares autorizados antes de 2045. Un plazo largo, aunque hay que tener en cuenta que la construcción de la primera nuclear puesta en marcha en Europa en los últimos 25 años, el reactor Olkiluoto-3 en Finlandia, se ha demorado durante 20 años (acaba de inaugurarse, cuando estaba planificada para ponerse en marcha de 2009), tras un sobrecoste superior al 400% respecto al presupuesto inicial.

Según el borrador de la Comisión, también se consideraría sostenible hasta 2030 al gas natural siempre que provenga de energías renovables o tenga bajas emisiones: por debajo de 270 gramos de CO2 emitido por cada kWh producido para las de nueva construcción, frente a los cerca de 1.000 gramos de CO2 que emite una central de carbón y los algo menos de 500 gramos de los ciclos combinados actuales. “Con esta nueva propuesta, para que un ciclo pudiera ser considerado sostenible, tendría que añadir alguna nueva tecnología como el biogás o el hidrógeno en una proporción potente”, indica el consultor en energía Francisco Valverde.

Para organizaciones como Greenpeace, esto equivale a una “licencia para el greenwash” o blanqueo verde de actividades que se venden como sostenibles sin serlo. Javier Andaluz, responsable de cambio climático en Ecologistas en Acción, afirma que nuclear y gas “no deben ser considerados ni verdes ni ámbar”, aunque por motivos diferentes. “El gas tiene un elevado impacto climático ya que, aunque la emisión directa de CO2 es menor que el carbón, está asociado a las pérdidas de metano que, en sus primeros 20 años de vida en la atmósfera, tiene un efecto invernadero mucho mayor”, indica.

De hecho, uno de los acuerdos (voluntarios) más publicitados en la última cumbre del clima de Glasgow fue acerca de las reducciones de metano. “También toda la logística del gas, con el cierre, por ejemplo del gasoducto por el norte de África, hace que se transporte por mar y el sector marítimo está fuera del control del Acuerdo de París”, dice.

“El gas es un combustible fósil y es la principal fuente de gases de efecto invernadero del sector de la energía en Europa”, subraya Tatiana Nuño, encargada de crisis climática en Greenpeace. “Fomentar las inversiones en gas fósil dándole una etiqueta verde no hará sino agravar los impactos del cambio climático”. “Las empresas contaminantes estarán encantadas de tener el sello de aprobación de la UE”, afirma.

La nuclear es un problema de residuos y coste económico. Andaluz recuerda que “no existe solución para los residuos nucleares. Es una hipoteca para las generaciones futuras”. Tatiana Nuño añade que esta fuente “es una ruina: genera residuos radiactivos, renovar el parque nuclear es muy caro, es la energía más costosa y por tanto no es una solución comercialmente viable”. “En los pocos casos de centrales nucleares de reciente creación se ha comprobado cómo se han incrementado exponencialmente los costes”, apunta Andaluz.

Ambos coinciden en que mantener estas inversiones socava la lucha contra el cambio climático. “Las energías renovables son más baratas y rápidas de desplegar”, dice Nuño. Andaluz subraya que las nucleares “no son flexibles; no permiten apagar o encender en función de la renovable y el gas se come el dinero necesario para esas renovables”.

El exdiputado europeo y miembro de Equo, Florent Marcellesi, avisa de que “los Verdes alemanes [ahora en el Ejecutivo germano] van a liderar un contraataque para intentar revertir la decisión de la Comisión”. Mientras Francia apoya esta clasificación de energía verde para la nuclear y Alemania planea el deseganche atómico total, Berlín es favorable a que las inversiones en gas natural reciban la etiqueta verde durante la transición. Marcellesi entiende que esta clasificación “es un Greenwashing que no puede ir de la mano del Green Deal”.

“Profunda preocupación”

El plan de la Comisión no ha sido una sorpresa. Bruselas presentó en abril una primera propuesta con una amplia lista que dejó fuera de la conocida como taxonomía verde al gas natural y la nuclear, ante la falta de consenso entre los países, y pospuso su decisión para más adelante.

Durante el proceso de consulta pública, en diciembre de 2020, varias asociaciones europeas vinculadas a la industria del gas mostraron su “profunda preocupación” por los efectos de esa taxonomía. Pedían que, teniendo en cuenta los diferentes puntos de partida de cada Estado miembro, tuviera “suficiente flexibilidad para considerar el desarrollo tecnológico actual, la infraestructura existente y las combinaciones energéticas actuales”.

En el caso de la energía atómica, el presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, lamentó este lunes en declaraciones a Europa Press que el Gobierno se haya “adelantado” con una “rápida respuesta” al borrador, que reconoce el papel “fundamental” de esta tecnología en la transición energética. En julio, España ya remitió a la Comisión una carta junto a los gobiernos de Alemania, Austria, Dinamarca y Luxemburgo en la que pedían dejar fuera de la nuclear a la taxonomía. Según criticó entonces el Foro Nuclear, “esta postura pone en riesgo la financiación de la actividad de generación eléctrica nuclear en España y, por tanto, su continuidad durante la transición energética hasta el 2035”. Ese año se cerraría el último reactor en España en el marco del calendario de cierre nuclear paulatino pactado por el Gobierno con las eléctricas, que debe comenzar en 2027.

Tras la cumbre europea de octubre, en la que los líderes de los 27 abordaron la crisis energética que vive la UE desde el pasado otoño por el encarecimiento exponencial del gas natural, Von der Leyen ya abrió la puerta a introducir ambas actividades en la denominada Taxonomía. Ahora, los Estados miembros y los expertos de la Plataforma de Finanzas Sostenibles tendrán hasta el 12 de enero para enviar sus contribuciones a Bruselas. Después, el texto deberá aprobarse por mayoría simple en la Eurocámara y por mayoría cualificada en el Consejo: deberán respaldarlo al menos 20 países de la UE y que representen al 65% de la población de la UE. Fuera de Europa, recientemente Corea del Sur ha incluido al gas natural en una taxonomía similar para considerarlo una inversión sostenible.