Un juzgado ha estimado íntegramente una demanda del comité de empresa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en Barcelona por considerar que la entidad vulnera el derecho a la promoción profesional de sus cerca de cien empleados en la capital catalana, en su inmensa mayoría, personal laboral (no funcionario) de la extinta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), que fue absorbida por la entidad en 2013 junto al resto de reguladores sectoriales.
La sentencia del juzgado de lo social 33 de Barcelona, dictada el 28 de diciembre, es la segunda condena que recibe el organismo en menos de un año por vulnerar los derechos laborales de su personal en Barcelona y exhorta a la entidad “a acordar con los representantes de los trabajadores el sistema de ascensos dentro del sistema de clasificación profesional del centro de trabajo de Barcelona”; declara infringido el derecho a la promoción profesional de sus trabajadores y le emplaza a que, “sin demora, inicie el procedimiento de promoción profesional para cubrir las plazas vacantes” en esa sede.
En la sentencia, el juez Albert Rodulfo critica la “falta de voluntad” y el “dudoso ánimo negociador que ha mostrado la dirección de la Comisión” a la hora de acordar en los dos últimos años con sus trabajadores de Barcelona un sistema que garantizase el derecho a promocionar a otras plazas, “manifestando de forma retirada diversas excusas dilatorias” que “han servido de excusa para impedir, hasta ahora, iniciar las correspondientes reuniones bilaterales para llegar a un acuerdo”.
La CNMC, el organismo que vela por el buen funcionamiento de los mercados, carece de un convenio colectivo en vigor que regule las relaciones laborales de su personal no funcionario, mayoritario en la entidad. Una “situación atípica”, según el juez, en una entidad en la que convive un heterogéneo colectivo de funcionarios y trabajadores contratados como personal laboral procedentes de las extintas Comisión Nacional de la Energía (CNE), la CMT y de las ofertas públicas de empleo de 2016 y 2017.
“Falta de transparencia”
Las promociones se realizan “mediante la cobertura de las vacantes que surgen dentro de los extintos organismos reguladores sectoriales, sin que los trabajadores de nuevo ingreso tengan la posibilidad de optar a esta promoción”, dice la sentencia, que refleja que en junio de 2016 el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, aprobó un procedimiento de promoción profesional del personal laboral procedente de la antigua CMT que no llegó a aplicarse ya que el Comité de Empresa en Barcelona lo rechazó aduciendo “falta de transparencia en la asignación de vacantes”.
Fuentes internas de la CNMC en Barcelona recuerdan que, en los últimos cinco años (desde que se creó), el organismo ha tenido otros tantos secretarios generales. “Vamos a uno por año y cada uno ha hecho lo que mejor le ha parecido porque no hay una política de recursos humanos clara”, critican.
En mayo, el organismo ya fue condenado por otro juzgado de lo Social de Barcelona por no aplicar el convenio colectivo que pactó con su plantilla de Barcelona en diciembre de 2016, sentencia que está recurrida por la CNMC, que en 2015 también fue condenada por incumplir el convenio del personal laboral de la antigua CNE en Madrid, sentencia que fue revocada parcialmente en segunda instancia y está pendiente de resolución.
La CNMC lleva más de un año sin convocar la comisión negociadora de Madrid y la negociación del convenio colectivo está, de facto, en punto muerto, según fuentes sindicales.
Como excusa para no aplicar el convenio que llegó a pactar en Barcelona, el organismo siempre se ha escudado en las reticencias de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) a abrir la mano con un presupuesto que es “limitativo” y que requiere del visto bueno de Hacienda para aplicar las mejoras salariales que reclama su personal laboral, mayoritario en la entidad.
Esa insuficiencia de medios choca tanto con el conjunto de medidas de apoyo a la transición energética conocido como ‘Clean Energy for all’ (Energía limpia para todos, en inglés), popularizado en el sector como ‘paquete de invierno’ e impulsado por la Comisión Europea, como con la reciente directiva europea 2019/1, aprobada el mes pasado y “encaminada a dotar a las autoridades de competencia de los Estados miembros de medios para aplicar más eficazmente las normas sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior”.
La directiva, publicada esta semana, señala que “los Estados miembros se asegurarán, como mínimo, de que las autoridades nacionales de competencia tengan efectivos suficientes de personal cualificado y recursos financieros, técnicos y tecnológicos suficientes necesarios para el desempeño efectivo de sus funciones y para el ejercicio efectivo de sus competencias”.