El de Patrimonio es otro de los impuestos de la discordia en España. Denostado (como el impuesto de Sucesiones) por quienes creen que supone una doble tributación –primero cuando se obtiene el bien, después por mantenerse– y considerado como un mecanismo redistributivo por otros, se trata de un tributo autonómico. Por tanto depende de cada comunidad su regulación o bonificación.
Solo tres comunidades, Madrid, Cataluña y La Rioja, mantienen bonificaciones autonómicas para el impuesto de Patrimonio. En el caso de la Comunidad de Madrid, esta bonificación es del 100%.
Estas bonificaciones autonómicas supusieron un ahorro para los declarantes de 805 millones de euros en 2015, según la estadística difundida esta semana por la Agencia Tributaria (AEAT).
La mayor parte de este ahorro fue para un grupo selecto de contribuyentes: 350 personas con un patrimonio superior a los 30 millones de euros (la mayoría en la Comunidad de Madrid) se ahorraron 273 millones en ese impuesto, promediando un ahorro de casi 800.000 euros por contribuyente. La recaudación total que obtuvieron las autonomías fue de 1.003 millones de euros.
Este tributo a la riqueza nació en España en 1977, junto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y se regula por una ley de 1991. Fue eliminado en 2008, y recuperado en 2011 mientras se despeñaban los ingresos tributarios en plena crisis económica. La intención era volver a acabar con él, pero la necesidad de reducir el déficit público ha obligado al Gobierno a posponer esta decisión por el momento.
Cada comunidad puede establecer un patrimonio mínimo exento, pero en caso de no hacerlo, la norma común es que sea de 700.000 euros. De este modo, se establece un doble límite: hay que declarar Patrimonio si la base imponible supera 700.000 euros, pero también hay que declarar si la base es inferior, o nula, como en Madrid, pero el valor de los bienes y derechos a efectos del impuesto, que no son todos, supera los dos millones. En comunidades como Cataluña o Extremadura, el mínimo exento es de 500.000 euros.
Para calcular la base imponible, o riqueza neta, se suma el conjunto de los bienes y derechos con contenido económico de los que sea titular el sujeto pasivo (casas, tierras, joyas, depósitos, obras de arte...), y se le resta el valor de las cargas y gravámenes que recaigan sobre los bienes, como deudas e hipotecas. En el caso de la vivienda habitual, quedan exentos los primero 300.000 euros.
A pesar de todas estas salvedades (por ejemplo, es posible eludir su pago a través de mecanismos como tener la fortuna invertida en una sicav), la estadística publicada por la AEAT ofrece una cierta radiografía de las tendencias de los grandes patrimonios españoles.
Cada vez hay más “superricos”
El número de declarantes con una base imponible con más de 30 millones de euros ha pasado de 352 en 2011 (año en que se recupera el impuesto y Mariano Rajoy gana las elecciones) a 549 en la actualidad (41 más que un año antes). No obstante, la inmensa mayoría de los declarantes (127.125) dispone de una base imponible entre 300.000 y 1,5 millones de euros.
En España hay 57.218 millonarios, personas que declaran tener una base imponible en el impuesto sobre patrimonio superior a 1,5 millones de euros. Han aumentado un 1% respecto a 2014 y un 28% desde 2011.
Este aumento entre las personas que acumulan un patrimonio superior a los 30 millones de euros va ligado con un aumento de la desigualdad en España, tal y como apuntan otros estudios.
Los datos de la Encuesta Financiera de las Familias, de 2014, indican como los estratos más pobres de la sociedad española perdieron más riqueza durante la crisis que el 10% más rico. La riqueza neta media del 25% más pobre de la población perdió un 108% de su patrimonio entre 2008 y 2014 (de tener 14.800 euros a promediar deudas por 1.300 euros) . El 10% más rico apenas perdió un 4% de su riqueza.
Madrid y Cataluña concentran la mayoría de la riqueza
Según la declaración de Patrimonio, Cataluña y Madrid concentran más de la mitad de la riqueza en España. Entre las dos comunidades autónomas se declaran 323.000 millones de los 583.000 millones de todo el país.
Sin embargo, mientras en Cataluña se recaudaron 464,5 millones de euros por este impuesto en 2015, Madrid no ingresó nada al aplicar la bonificación total. En la comunidad madrileña el tipo efectivo (lo que realmente se pagó en impuestos) para patrimonio fue del 0%. Galicia y Baleares fueron las comunidades que más gravaron la riqueza de sus contribuyentes.
La mayor parte de lo declarado, más de 442.000 millones, está colocado en capital mobiliario, es decir, deuda, acciones, depósitos y obligaciones, en tanto que 102.500 millones provienen de bienes inmuebles, entre ellos, viviendas, locales y terrenos.
Cataluña fue el territorio que aunó a un mayor número de contribuyentes, con casi 73.000, seguida de lejos por la Comunidad Valenciana (19.600), Andalucía (17.700) y Madrid (16.977), informa Efe.
En total, 188.680 contribuyentes pagaron el impuesto de Patrimonio de 2015, un 3,7% más que el año anterior. Está por ver si en las futuras reformas tributarias se mantiene el impuesto o, como planeaba el PP, se vuelve a eliminar.