El número de superricos se ha triplicado en España en una década
El número de “superricos” en España, aquellos que declaran poseer bienes susceptibles de pagar el impuesto de patrimonio por valor de más de treinta millones de euros, alcanzó los 611 en 2017 según los datos publicados este martes por la Agencia Tributaria.
Este es uno de los tributos cedidos a las comunidades autónomas, que pueden llegar a evitar por completo su cobro. Es el caso de la Comunidad de Madrid, acusada habitualmente de aprovechar las ventajas de la capitalidad para atraer a millonarios y empresas (lo que se conoce como “dumping fiscal”).
Si se compara la cifra de superricos de este año con la que se recogió en 2007, los grandes patrimonios se han casi triplicado, al crecer más de un 162%. Un año antes, en 2006, sólo hubo 200 contribuyentes en ese tramo, con lo que la subida ha sido de más del triple. Durante ese mismo periodo se ha producido una crisis económica que, entre otras cosas, ha supuesto un aumento de la brecha de desigualdad de la riqueza en España.
De esos 611 multimillonarios, un total de 413 se ahorraron 406 millones de euros en concepto de bonificaciones autonómicas, la mayoría en la Comunidad de Madrid, donde nadie paga impuesto de patrimonio, no importa cual sea su riqueza.
Si se tiene en cuenta al total de potenciales declarantes, no solo los que tienen más de 30 millones, las bonificaciones autonómicas ese ejercicio ascendieron a 1.008 millones. Casi el 99% de las mismas se produjo en la Comunidad de Madrid (cuyo nuevo gobierno ha prometido otra bajada “histórica” de impuestos). Es prácticamente la misma cantidad que se recaudó en toda España en 2017, que ascendió a 1.112 millones de euros.
Así, en la región que ahora preside Isabel Díaz Ayuso, 16.856 potenciales declarantes del impuesto de patrimonio (con carácter general aquellos con un patrimonio de más de 700.000 euros exceptuando hasta 300.000 euros de la vivienda habitual) dejaron de pagar a Hacienda en 2017 995,5 millones.
Las otras comunidades que bonificaron este impuesto en 2017, aunque en mucha menor medida, son La Rioja (donde dejaron de ingresarse 7,6 millones) y Catalunya (donde se bonificaron casi 200.000 euros).
Precisamente, Catalunya y Madrid absorben más del doble de toda la riqueza nacional declarada en Patrimonio (669.062 millones), un 29% del total en el primer caso y un un 26% en el segundo.
Es posible eludir el pago de este impuesto a través de mecanismos como tener la fortuna invertida en una sicav, uno de los instrumentos preferidos por los ricos para pagar menos a Hacienda. Pero además, no se paga impuesto de patrimonio por el total de la riqueza. Así, para calcular la base imponible, o riqueza neta, que es por lo que se tributa, se suma el conjunto de los bienes y derechos con contenido económico de los que sea titular el sujeto pasivo (casas, tierras, joyas, depósitos, obras de arte...), y se le resta el valor de las cargas y gravámenes que recaigan sobre los bienes, como deudas e hipotecas. En el caso de la vivienda habitual, quedan exentos los primeros 300.000 euros, que también se restan.
Adicionalmente, cada comunidad puede establecer un patrimonio mínimo exento, pero en caso de no hacerlo, la norma común es que sea de 700.000 euros (500.000 en Extremadura y Catalunya; 600.000 en la Comunidad Valenciana, 400.000 en Aragón).
Por lo demás, en España hay 60.337 millonarios, personas que declaran tener un una base imponible en el impuesto sobre patrimonio superior a 1,5 millones de euros.
Una quinta parte concentrada en ladrillo
En cuanto a la naturaleza de estos patrimonios, aproximadamente una quinta parte de los casi 700.000 millones declarados por los españoles más ricos en 2017 se concentraba en bienes inmuebles, informa EFE. Dado que el impuesto lo declararon 202.437 contribuyentes, el patrimonio medio se situó en 3,3 millones de euros.
La mayor parte de este patrimonio -497.281 millones, un 74,3 % del total- se encuentra en capital mobiliario, es decir, en acciones, deuda pública o depósitos en cuentas bancarias. La siguiente partida son los bienes inmuebles -130.771 millones, un 19,5 % del total-, la mayoría de naturaleza urbana.
Estos contribuyentes declararon asimismo 12.424 millones de euros en seguros y rentas; 11.318 millones en patrimonio afecto a actividades económicas y 1.370 millones en bienes suntuarios, que se distribuyen en objetos de arte y antigüedades (571 millones) y otros como vehículos o joyas (800 millones).
Aumenta la brecha de la desigualdad
En paralelo a esta radiografía de la riqueza en España, según un informe de Intermón Oxfam, desde el año 2008, la participación en la riqueza neta del 50% de personas más pobres ha disminuido en España en más de 4 puntos porcentuales, mientras que la del 1% de personas más ricas “se ha ampliado en casi 7 puntos”.
En los años de recuperación económica, desde 2014 a 2018, “esta distribución de la riqueza apenas ha variado”, denuncia Oxfam. El estudio arroja una cifra de la desigualdad actual: el 10% de las personas más pudientes en España concentra más riqueza neta (un 55%) que todo el resto de la población junta. En 2009 concentrada un 47%.
Casi la mitad de toda esa riqueza del 10% más rico está en manos del 1% con más ingresos. Acumulaban el 24% de la riqueza neta nacional en 2018, apunta Oxfam, un porcentaje que ha engordado desde la crisis. En 2009 era del 17%.
La otra cara de la moneda es la participación del 50% con menos ingresos en la riqueza nacional. En su caso, su acumulación de riqueza se contrae: del 11,5% en 2009 al 7% el año pasado.
El de patrimonio es otro de los impuestos de la discordia en España. Denostado (como el impuesto de sucesiones) por quienes creen que supone una doble tributación –primero cuando se obtiene el bien, después por mantenerse– y considerado como un mecanismo redistributivo por otros.
Entre los años 2008 y 2010 este impuesto quedó suprimido, pero luego, y a raíz precisamente de la crisis, se restableció. Este tributo a la riqueza nació en España en 1977, junto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y se regula por una ley de 1991.
