Lucy buscaba piso y encontró uno con muy buenas condiciones por internet. “Me indicaron que fuera a la oficina porque me interesarían sus ofertas. Y allí, insistieron en que me ayudarían a buscar piso. Como hoy en día es difícil y decían que trataban directamente con los dueños, me convencieron y caí”, relata. “Me dieron cuatro teléfonos de propietarios: uno no existía, otro no me lo cogió. Y al final me dijo un señor: te han cobrado por darte mi número, que está en internet. Y ya van diez personas a las que se lo dan”.
Lucy había pagado 190 euros por acceder a números de teléfono, sin ni siquiera poder ver las fotos de los pisos antes de llamar. Al mismo tiempo, Javier, un casero que acababa de sacar su piso al mercado, no paraba de sospechar.
“Puse mi piso y me llamaron de la 'oficina de la vivienda' preguntando si quería que se lo dieran a inquilinos interesados. Como el nombre sonaba oficial, acepté. Empezaron a llamar interesados diciendo que les habían dado el contacto en la oficina de Goya”, explica. “Le comento a uno que ya lo teníamos apalabrado y me dice que qué mala suerte, que le está pasando lo mismo con todos los números de la oficina... y que ha pagado 190 euros para que le den teléfonos a los que llamar. Y dije: pero si el mío está gratis en Idealista”.
Cuando se enteró de que cobraban por su número, Javier se quejó. “Me contestaron que también daban teléfonos de propietarios con los que trabajan, no solo de Idealista. Yo no lo sé, pero mi sensación es que se aprovechan de gente intermediando de forma abusiva”. Cuando descubrió el engaño, Lucy reclamó su dinero y no se lo quisieron devolver. “Estoy muy molesta”, afirma. “Me dicen que no es un delito. Me da rabia: son 190 euros de los 700 que gano. Tengo dos niños, que comprar pañales...”.
Lucy y Javier habían caído en la “oficina de información de viviendas”, una inmobiliaria que trabaja como una intermediaria más, con la diferencia de que sus tretas llevan a engaño y podrían ser consideradas estafa, según varios abogados. La “oficina” está en Goya, Madrid, en la calle General Díaz Porlier y se publicita en portales inmobiliarios mediante pisos baratos, la mayoría de veces sin más fotos que una de la fachada (aquí hay un ejemplo; aquí otro). Hace unos años también salía en periódicos locales como Gente, donde ofrecía apartamentos por 450 euros, un auténtico chollo en la capital.
En el río revuelto inmobiliario, todos quieren pillar cacho. Y esta es la forma que se le ha ocurrido a Infoarlas SL, la sociedad de la “oficina” y a María del Carmen Lastra, su administradora única. Lastra es la señora que coge el teléfono y está detrás de este negocio: cobrar por teléfonos de caseros que anuncian su piso gratis en internet.
“Aparte de ser un fraude, seguramente haya un tratamiento de datos ilegal”, considera el abogado Borja Adsuara Varela, experto en derecho digital. En su opinión, podría denunciarse “al menos” ante la Agencia Española de Protección de Datos.
“Te damos los números y depende de ti”
“¿Es la primera vez que vienes, corazón?”, dicen al telefonillo. “Sube, que te atendemos”.
Lastra atiende en un piso viejo, en cuya puerta está la placa que lo reviste de oficialidad. En Madrid hay varias oficinas de vivienda reales —las de la Comunidad y las del Ayuntamiento— y ninguna está en Goya. La casa tiene dos salas y es en la principal, decorada como despacho, donde un chico joven suelta una retahíla sobre cómo trabajan.
“Estás sentada en la oficina de información de la vivienda. No soy agencia ni particular. No trabajo con comisiones. No enseño las fotos y no enseño los pisos, los enseña el dueño”, recita. “Como sabes, los pisos han subido en Madrid y en la Comunidad. Hay muy pocos, la mayoría están reservados, los jóvenes no nos podemos independizar...”.
Al poco, abre una carpeta con “casos reales” y enseña las fichas de varias personas (fotocopias del DNI incluidas) que consiguieron piso con ellos.
“Este señor visitó siete pisos en tres días y se quedó por uno de dos dormitorios por 750 euros. Un buen piso. Esta chica visitó 33 en trece días y se quedó con un dos dormitorios por 600 euros. Para poder enseñarte los pisos, tengo que abrir un expediente. Tiene un coste de 190 euros, a pagar en mano. Trabajamos con los dueños y partimos de la base de que te voy a enseñar los más económicos”.
El gancho del buen precio convence a la gente. Ahora mismo, hay exactamente cuatro pisos de dos dormitorios (ninguno de más de 40 metros cuadrados) por debajo de 600 euros ofertados en Idealista, así que la promesa de un dos dormitorios a ese precio suena atractiva. Para proceder, previo pago, hay que llamar a la oficina cada día y coger números de lo que vaya saliendo.
“Todos los días hay pisos nuevos”, dice Lastra al teléfono. “Luego ya depende de ti”. Ellos te dan el teléfono y tú llamas y te apañas con el dueño. Al preguntar sobre si esos anuncios son exclusivos y no se pueden conseguir en otro sitio, solo dicen que trabajan con los dueños. “Aquí ayudamos a la gente. Es todo legal y privado. No trabajamos con el Ayuntamiento ni la Comunidad”, inciden.
Benito González, abogado en el despacho Bonet Abogados, apunta que el engaño es uno de los elementos que se necesitan para constituir una estafa. “Lo primero es que simulan ser algo que no son, lo que puede llevar a equívoco. Eso, sumado al perjuicio económico, puede ser considerado estafa”, explica. Respecto a la reventa de números públicos, señala que solo si en el contrato pone que recibirás información selecta o que tienen relación directa con los caseros se considera delito. De palabra, María del Carmen y sus trabajadores lo dicen, pero el “contrato” indica únicamente que te ayudarán a buscar piso durante seis meses.
La actividad principal de Infoarlas es la de “agentes de la propiedad inmobiliaria” y se constituyó en 2010. Todos los años que ha presentado cuentas ha declarado pérdidas y su facturación apenas alcanza los 40.000 euros. Define su actividad como “oficina de información de viviendas” y “relaciones públicas, promoción y asesoramiento de ventas”, además de servicios comerciales.
¿Cuántos afectados hay? A Javier le han llamado varios interesados procedentes de la “oficina”, al tiempo que a Lucy varios caseros le han dicho que no era la única que contactaba de ahí. Prácticamente todas las reseñas de la empresa en Google alertan de que se aprovechan de personas que buscan piso con desesperación. “Si el perjuicio es de 190 euros, el código penal establece que es un delito leve de estafa”, concluye González. “Pero si se juntaran varios afectados en perjuicio de una cantidad superior, podría ser considerado un delito grave”.