Oliver Röpke: “No deberíamos volver al viejo modelo de la austeridad”

Oliver Röpke, austriaco de 52 años, es el recién elegido presidente del Comité Económico y Social Europeo (CESE), un órgano consultivo de la Unión Europea encargado de trasladar a las instituciones comunitarias los dictámenes de los agentes sociales en relación con las políticas europeas. Röpke dirigió la oficina en Bruselas de la Federación Sindical Austriaca (ÖGB) y presidió el Grupo de Trabajadores del CESE. Ahora estará al frente de la entidad de la UE que representa a la sociedad civil organizada durante los próximos dos años y medio.

El pasado 28 de mayo se impusieron las derechas en España. Las encuestas apuntan a un cambio de Gobierno. ¿Puede eso influir en la relación de su Comité con España?

A menudo nos preguntan si las elecciones en España durante la presidencia del Consejo de la UE son un problema importante para Europa. Nosotros confiamos plenamente en que España y el Gobierno cumplirán con sus obligaciones. No es la primera vez que tenemos esta situación. La tuvimos varias veces el año pasado con Francia, aunque fue un poco diferente, también presidió el Consejo de la UE con elecciones parlamentarias y presidenciales. Lo que sé es que podemos confiar plenamente en España y en que todas las iniciativas se llevarán a cabo como hasta ahora. No tenemos ninguna duda en cuanto a la participación de nuestro Comité.

Estamos muy contentos de que el Gobierno español nos haya involucrado en una fase muy temprana y de una manera tan amplia. Nos han pedido 22 dictámenes explicativos. Lo que significa iniciativas políticas que el Gobierno español pretende incorporar sobre un gran abanico de temas: agenda social, democracia en el trabajo, negociación colectiva, políticas verdes, trabajo precario y salud mental. Pero también sobre otros temas como la competitividad, la industria, el refuerzo de la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya hemos aprobado varios dictámenes y otros los aprobaremos en julio y en septiembre. Esperamos trabajar con el Gobierno español, aunque no tenemos influencia en su composición.

Hablando de esta agenda social, ¿le preocupa que pueda cambiar si hay un partido de extrema derecha en el Gobierno?

El presidente Pedro Sánchez va a posponer la presentación de las prioridades de la presidencia española en el Parlamento Europeo. Tenemos que esperar a después de las elecciones. Es una cuestión de respeto de las instituciones, hay que respetar el resultado. Sabemos lo que planea el Gobierno actual, pero no sabemos lo que va a hacer el futuro Gobierno. Por el momento confiamos en que esas opiniones que nos pidieron serán utilizadas por el Gobierno español, lo demás son especulaciones.

La reforma laboral es uno de los hitos de los fondos Next Generation EU. ¿Cómo cree que está funcionando en España?

Nuestra posición en el Comité es no hacer comentarios sobre cuestiones de política nacional. Siempre pedimos una fuerte implicación de la sociedad civil y de los interlocutores sociales. Esto es clave para nosotros en todos los ámbitos políticos y, especialmente, si se trata de reformas del mercado laboral.

Muchas de estas reformas fueron acordadas con los interlocutores sociales. Espero que sirva de modelo para el futuro. Cuando los interlocutores sociales deciden sobre la política teniendo en cuenta la crisis del coste de la vida, pero también las tendencias de la productividad, nos encontramos con el mejor modelo.

Hay una directiva de salario mínimo. Hay otra directiva pendiente sobre los riders, que se bloqueó en el Consejo. Se esperaba que fuera uno de los de los objetivos de la presidencia española. ¿Cómo espera que se desarrollen estas negociaciones?

Espero que puedan llegar a un resultado lo antes posible. Apoyamos una directiva sólida sobre el trabajo en plataformas para evitar cualquier discriminación en el mercado laboral, y que se adopte lo antes posible.

También se está discutiendo cómo serán las futuras reglas fiscales de la UE.

Tenemos una propuesta sobre la mesa de la comisión. Hemos establecido previamente una serie de demandas para la futura reforma del pacto de estabilidad. Una de las exigencias es asegurarse de que hay suficiente flexibilidad para que los Estados miembros puedan hacer las inversiones necesarias. España y los Países Bajos tienen este mismo enfoque. Personalmente prefiero soluciones más a medida para los distintos países y no una solución única para todos. Ojalá lleguemos pronto a un acuerdo. Es muy difícil pero necesario. La presidencia española del Consejo de la UE es una buena oportunidad para encontrar una solución.

Se ha hablado mucho del cambio de enfoque de la Comisión Europea y las instituciones europeas con la pandemia, con la guerra en Ucrania y con la inflación. ¿Cree que este cambio de paradigma se mantendrá?

Eso espero. Una de las lecciones positivas que hemos aprendido es que las soluciones europeas funcionaron mejor que las soluciones nacionales. También que necesitamos solidaridad para hacer frente a estas crisis y soluciones europeas como el modelo SURE (Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia). Fue todo un éxito impulsar este modelo de trabajadores temporales que, al mismo tiempo, también proporcionó ayuda financiera para aquellos países que no tenían los medios. Es el camino a seguir, no deberíamos volver al viejo modelo de la austeridad.

El comisario Paolo Gentiloni ha hablado de poner en marcha un nuevo fondo, financiado con deuda común, para la transición ecológica y para hacer frente a nuevas crisis.

Primero sería necesario ver qué medidas son necesarias. Y luego, cómo podemos financiarlas. La deuda común no es un objetivo en sí mismo. Hay que ir con mucho cuidado, ya que hay países cuyos ciudadanos son muy sensibles respecto a este tipo de medidas y necesitamos tener a todos a bordo, también a los países frugales [Dinamarca, Suecia, Austria, Países Bajos y Finlandia]. Respecto a la transición ecológica, se han dado pasos, pero realmente no son suficientes.

¿No son suficientes?

La aplicación concreta de las medidas del acuerdo de transición ecológica es difícil. Incluso en los países ricos hay mucha resistencia. Esto se traduce en que el acuerdo verde debe ser un acuerdo social y que las consecuencias de esas medidas deben ser para todos los ciudadanos, no sólo deben afectar a los trabajadores. Por eso insistimos en que nadie se debe quedar atrás.

¿Hay que buscar otras soluciones para algunos sectores de la población?

Puede ser, pero de momento no las tenemos. Vemos que cuando se trata de implementar las medidas en cada país hay falta de implicación de la sociedad civil. Por este motivo pedimos una regulación o directiva vinculante a nivel europeo para asegurar que la sociedad civil está realmente implicada.

¿Hay que dar participación en el diseño de las medidas de transición ecológica?

Sí, absolutamente. Un gran acuerdo entre tres grupos: empresarios, sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil. Las medidas sólo tienen éxito si tenemos una amplia participación de la sociedad.

¿La política del BCE debe ser seguir subiendo los tipos de interés, aunque en algunos países la gente tenga problemas para pagar las hipotecas?

Los tipos de interés son un instrumento, pero no el único. La inflación está muy impulsada por los precios de los alimentos, porque ahora los precios de la energía están disminuyendo. La inflación está cayendo, pero sigue siendo alta. Es necesaria una mezcla de medidas, incluyendo la lucha contra la especulación alimentaria. No podemos abordar esta inflación sólo con la política del BCE y subiendo los tipos de interés.

La Comisión Europea también pide que se retiren algunas ayudas.

Hay que ser cautelosos. Nuestra línea es clara, las medidas no pueden tener consecuencias que afecten aún más a las capas de población más débiles.

Usted ha pedido que los interlocutores sociales tengan voz en el proceso legislativo.

Sí. Hay voluntad por parte de la Comisión Europa para que sea así. Un ejemplo reciente fue el Foro Social Europeo, donde admitieron nuestras ideas para asegurar que la garantía infantil se implementará en los Estados miembros...

Usted, que viene del movimiento sindical, ¿cómo ve el papel de los sindicatos en la sociedad?

Las organizaciones sindicales son bastante diferentes en cada Estado miembro.

¿No tienen los mismos objetivos?

Durante la crisis ha habido un renacimiento de los sindicatos. La gente se da cuenta de que hay derechos que son mejor defendidos colectivamente y que todos los interlocutores sociales tienen que adaptarse a las nuevas realidades. Esto vale tanto para los sindicatos como para otros interlocutores sociales.

¿Para las empresas también?

Sí. La presidencia española nos ha pedido una opinión sobre la democracia en el trabajo. No se debería copiar y pegar el modelo alemán [los trabajadores tienen un asiento en el consejo y, a veces, una participación accionarial], sino encontrar un modelo europeo.