Los empleados públicos olvidados por el Gobierno: trabajadores en el exterior acumulan nueve años de sueldos congelados
Sus nóminas se quedaron congeladas en 2009, en medio de la crisis, y nueve años después así siguen. Alrededor de 7.000 empleados públicos que ostentan puestos de personal laboral en organismos españoles en el exterior encadenan casi una década de congelación salarial. Trabajan en embajadas, consulados, oficinas de diferentes ministerios en otros países y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), entre otros organismos. El Gobierno celebra que en los Presupuestos para 2018 hay una subida de los sueldos de los empleados públicos. Los sindicatos recuerdan que no beneficia a todos y denuncian la discriminación del personal laboral fuera de nuestras fronteras, muchos de ellos en países con una fuerte inflación: “Es sangrante, en algunos destinos la situación es límite”.
Así se expresa Osmany Llanes, del Servicio Exterior de CCOO, que lamenta “cómo es posible que por tercer año consecutivo se suba el salario de los empleados públicos, que encima se llegue a un acuerdo –el primero en casi una década– de aumento a 3 años, y se deje fuera al ámbito del exterior”. El sindicalista se refiere al pacto para la mejora del empleo público, suscrito en marzo, que cerró aumentos salariales de hasta un 8,8% hasta 2020. Este año, los funcionarios y empleados públicos se han llevado una de las “zanahorias” de Montoro, con una subida del 1,75%, pero que no afecta a los trabajadores laborales que trabajan en el exterior (que tienen un marco propio).
“Estamos en una situación muy difícil. Hay gente que está multiempleada para solventar los gastos, como es mi caso. Si no aumento mis ingresos mensuales, no puedo hacer frente a costes tan básicos como la alimentación, salud, teléfono...”, explica Carlos (nombre falso), trabajador laboral de la administración española en Uruguay. El país latinoamericano, como Argentina, se ha visto afectado por una fuerte inflación en los últimos años. En Uruguay, aunque el IPC internanual ahora está en el 6,65%, en los últimos años nueve años ha llegado a alcanzar el 11%. En Argentina, la inflación de este marzo respecto al mismo mes de 2017 alcanza el 25,4%.
Carlos subraya el efecto que la inflación supone en estos casos. “En 2009, el litro de combustible estaba en 25 pesos uruguayos. Ahora está en 50, pero yo sigo cobrando lo mismo”, explica. En CCOO destacan que, hasta 2009, “históricamente se producía la actualización del personal laboral en el exterior en función de las fluctuaciones del IPC de los países de destino”. El trabajador laboral de la administración española recuerda que, además, España no está respetando la legislación del país, que establece subidas salariales cada seis meses, acordadas entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal para evitar la pérdida de poder adquisitivo de la población.
Afectados: 7.000 empleados públicos
El personal laboral supone el 70% de los trabajadores de la Administración General del Estado en destinos extranjeros. “De los 10.000 empleados en el exterior, 3.000 son funcionarios y unos 7.000, personal laboral”, afirma Gonzalo Sáenz, secretario de organización de la Federación Exterior de UGT. Sobre qué tipo de funciones realizan, Sáenz explica que “hay mucha variedad: salvo personal directivo, encontramos trabajadores laborales en puestos administrativos, auxiliares, chóferes, personal de servicio de las embajadas, jardineros, vigilantes...”.
Desde Guinea Ecuatorial, Antonio Fama, trabajador laboral de la Aecid y representante de UGT, asegura que hay personal que, “a pesar de llevar más de 30 años de servicio, sus salarios no alcanzan ni siquiera los 500 euros mensuales”. Fama destaca que muchos “no pueden llegar a mediados de mes manteniendo a sus familiares”.
En Australia, el personal laboral del consulado de Sidney cobra el salario mínimo y lleva 10 semanas consecutivas de paros, explica Javier Sastre, coordinador de Exteriores de CSIF. “El chófer del cónsul en Sidney se ha marchado, no podía vivir con lo que ganaba”. En sus casos, además de la congelación, viven otra de las denuncias de los sindicatos: las diferencias de retribución respecto a otras regiones. “El personal laboral de Sidney gana 10.000 dólares australianos menos que sus compañeros en Canberra, cuando es una ciudad más cara”.
Sastre sostiene que la situación de muchos empleados públicos en Sidney es insostenible debido al elevado nivel de vida en la ciudad: “El alquiler de un apartamento de una habitación cuesta unos 645 dólares a la semana. Los empleados públicos gastan en transporte público unos 170 dólares al mes y la cesta de la compra ronda unos 700 euros al mes”.
“El Gobierno ni nos responde”
Los trabajadores laborales en el exterior se rigen por un marco propio, un acuerdo interministerial de 2008 firmado con los sindicatos que aborda específicamente sus condiciones, explica Gonzalo Sáenz. Los tres sindicatos mayoritarios, CCOO, CSIF y UGT, han exigido al Gobierno una revisión salarial de este personal en los últimos años. “Durante la crisis, se entendió y asumió, pero hoy por hoy clama al cielo”, enfatiza Osmany Llanes. 2017 fue un año clave, de gran movilización, con protestas en diferentes países y una huelga a nivel mundial el pasado 16 de octubre. Pero este 2018 todo sigue igual.
El pasado noviembre, las tres centrales sindicales solicitaron por escrito a Función Pública –dependiente de Hacienda– que convocase la Comisión Técnica para el Personal Laboral en el Extranjero, con el objetivo de abordar este punto como “objetivo número 1”. En esta Comisión tienen representación los ministerios que cuentan con personal en el exterior. Hasta el momento, el Ejecutivo ni siquiera les ha respondido, según explican los representantes sindicales.
Fuentes del Ministerio de Hacienda responden a este medio que este tema depende de Exteriores. En cambio, en el ministerio que dirige Alfonso Dastis remiten a Hacienda para dar explicaciones sobre por qué no han aumentado estos salarios en 2018. De hecho, fuentes de Exteriores explican que desde su ministerio han trasladado a Hacienda “la preocupación de los sindicatos sobre este tema” y han presentado expedientes de retribuciones a través de la CECIR, un órgano interministerial que se encarga de las retribuciones en la Administración pública.
