Un tribunal belga condenó hoy a 11 activistas del Movimiento de Liberación del Campo a penas de entre tres y seis meses de cárcel y multas de 25.000 euros por la destrucción de un campo cultivo de patata transgénica en Wetteren, norte de Bélgica.
Los activistas, que fueron condenados por asociación criminal, resistencia al arresto y daños, no tendrán que ingresar en prisión puesto que sus penas han sido suspendidas.
Entre los condenados hubo “cierta sensación de alivio” al oír el veredicto, pero también “preocupación” por el “peligroso precedente para todos aquellos que valoran la libertad de expresión de los ciudadanos”, indicó en un comunicado el Movimiento de Liberación del Campo, una organización belga de activistas contra los transgénicos.
Los miembros de este movimiento recurrirán la sentencia emitida, que supone la primera vez que se condena en Bélgica a activistas del medio ambiente por asociación de malhechores.
Una de las acusadas, Barbara Van Dyck, aseguró que “esta condena por asociación criminal es completamente desproporcionada ante el 'crimen' de arrancar unas cuantas patatas de cosecha de transgénicos”, señaló en el comunicado.
“El objetivo de la acción era comenzar el debate público sobre la introducción de los productos transgénicos en la agricultura”, declaró Van Dyck, y añadió que “el juicio fue después encontrado ilegal por un juzgado distinto” por considerar que la cosecha no contaba con los permisos necesarios.
La abogado de los 11 activistas, Mieke van den Broek, señaló que “el fallo es contradictorio” por “condenar a alguien por algo tan serio como crimen organizado y después darles sentencia puramente simbólicas”.
Otro de los condenados, François de Saint-Georges, afirmó que la “criminalización y la dureza de la sentencia a los activistas distraen la atención sobre el auténtico problema: la introducción de los organismos genéticamente modificados en la agricultura”.
Saint-Georges explicó que “patentar semillas genéticamente modificadas quita el control del sistema alimentario a los agricultores y a las comunidades y se lo entrega a un pequeño número de empresas multinacionales”.