Desde el 6 de noviembre, Sealeer es una más de de las miles de cooperativas que existen en España, pero con una peculiaridad: las cooperativistas son prostitutas y su objeto social incluye la oferta de sexo. Once trabajadoras del sexo residentes en Ibiza han conseguido constituir la primera cooperativa de trabajo asociado de estas características. Sus integrantes cotizan ya a la Seguridad Social y pagan los correspondientes impuestos. Su iniciativa, que obtuvo el visto bueno de la consejería de Economía y Comercio de Islas Baleares, abre la puerta a que otras prostitutas puedan también cotizar mediante esta fórmula.
“Empezamos a mover papeles hace más de año y medio. Un amigo leyó el trabajo de Gloria Poyatos y nos sirvió para inspirarnos”, explica María José López Armesto, portavoz de la cooperativa. Gloria Poyatos es la jueza decana de Lanzarote y en un trabajo demostró que, a pesar de la alegalidad en la que se mueve la prostitución, las trabajadoras del sexo podían en la práctica darse de alta como autónomas.
Sin embargo, la primera vez que intentaron inscribir la cooperativa su solicitud fue denegada. El epígrafe bajo el que querían registrarse incluía las palabras “profesionales del sexo” . “La consejería consideraba que los servicios sexuales son una actividad no regulada y que por tanto no podía ser objeto de una cooperativa”, subraya la jueza Gloria Poyatos, que ha seguido de cerca el proceso. Las trabajadoras recurrieron la decisión: basaron su recurso en varias sentencias, tanto del Tribunal Supremo como de la justicia europea. Ganaron y consiguieron inscribir la cooperativa.
Poyatos afirma que cuando la prostitución se ejerce libremente por personas adultas para su propio aprovechamiento no debe tener cortapisas para estar cubierta por la Seguridad Social y puede acogerse al artículo 38 de la Constitución, que defiende el derecho a la libre empresa. “La prostitución no tiene una regulación concreta, pero todo lo que no está expresamente prohibido tiene acceso a la Seguridad Social”, defiende la jueza.
La decisión de la consejería abre la puerta a que puedan formarse otras cooperativas similares y, por tanto, a que muchas trabajadoras del sexo puedan cotizar a la Seguridad Social y tener derechos laborales, a pesar de que no haya una regulación de la prostitución. La competencia para conceder la licencia a las cooperativas es de las comunidades autónomas por lo que, no obstante, el criterio podría varias de unos lugares a otros.
Legalizar o no
El debate de fondo no es baladí: si la prostitución debe o no ser una actividad regularizada, y si esta fórmula podría ser aprovechada por proxenetas. Para María José López, miembro de la cooperativa, la iniciativa busca dignificar la situación de las trabajadoras. “Vigilaremos para que no haya situaciones de coacción. Nosotras solo queremos tener nuestros derechos y crecer lo más posible”, dice.
“Se encuentran a cien chinos encerrados en una casa forzados a trabajar doce horas al día y a dormir hacinados y no por eso se prohíbe en general el trabajo. Para eso está la Policía y la inspección, para perseguir los delitos que se produzcan. La explotación se debe sobre todo a la dependencia económica, si están dadas de alta podrán acceder a sus propias prestaciones. La fórmula cooperativa busca unir los esfuerzos de un grupo de trabajadoras sexuales para autogestionarse y poner sus propias condiciones a los clientes”, afirma la jueza Gloria Poyatos.
Las once cooperativistas ya están cotizando y tienen sobre la mesa otras cuarenta solicitudes pendientes. “Aceptamos todos los perfiles, solo pedimos que sean mayores de edad, no tengan ninguna discapacidad intelectual, y que actúen libremente y no estén coaccionadas”, asegura la portavoz de Sealeer. López Armesto explica que también les han llamado de otros puntos de la península: “Nos llaman dueños de clubes de alternes que quieren dar de alta a las chicas”. Además de las trabajadoras, la cooperativa tiene varios socios, con voz pero sin voto, “gente que tiene interés en participar y nos apoya”.