Más sueldo medio por empleado que la mayoría del Ibex 35, millones invertidos en inmuebles, nula información sobre los sueldos de su cúpula, 5 millones en una sicav y uno de los mejores resultados de su historia gracias a una operación inmobiliaria. Son detalles de las últimas cuentas de Euroconsumers SA, sociedad mercantil radicada en Luxemburgo y controlada desde una fundación en Holanda que ejerce como matriz de diversas empresas de la red de asociaciones de consumidores a la que pertenece la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
La OCU, que como avanzó este medio, ha congelado sus subastas colectivas de electricidad tras cobrar 15 euros por usuario captado a Repsol, última energética que se la adjudicó, forma parte junto a otras homólogas “independientes” de “la estructura europea Euroconsumers (Consumidores Europeos)”. Este grupo europeo fundado en 1990 “desarrolla en todos los países una misma acción de información y de defensa de los consumidores y tiene como objetivo que la Europa del futuro esté al servicio del consumidor, aportando mejoras en lo que respecta a su posición jurídica y económica”, indica en su web la OCU.
Euroconsumers “agrupa a más de un millón y medio de consumidores europeos y brasileños y publica 32 revistas de información al consumidor, en 5 idiomas distintos”, añade la española, que forma parte de esa estructura europea junto con la asociación belga que se hizo con el control de la OCU en los 80 (Test-Achats), la italiana Altroconsumo, la lusa Deco y la brasileña Proteste.
Euroconsumers es también una sociedad anónima radicada en Luxemburgo que consolida las participaciones en empresas vinculadas a esas asociaciones en varios países europeos. Aunque, según sus responsables, la actividad empresarial de la OCU no consolida en sus cuentas, en su consejo de administración se sienta desde hace años Miguel Ángel Feito, presidente de la OCU desde 2020.
El 99,97% de las acciones de Euroconsumers (11.567 títulos) pertenece a Stichting International Consumers Interests, fundación con sede en Holanda, otro país de baja fiscalidad en el que, como Luxemburgo, esas asociaciones no tienen actividad. Los otros cinco títulos pertenecen a la belga Association for the Advancement of Consumerism in the World (ASBL).
Según sus cuentas consolidadas, Euroconsumers “tiene por objeto la defensa de los intereses de los consumidores, con exclusión de toda ideología filosófica o política”, pero también “la toma de participaciones de cualquier forma en otras empresas luxemburguesas o extranjeras”, su gestión y “puesta en valor”, y “diversas actividades inmobiliarias”.
“Hemos invertido en una Sicav por un importe de 5.000.000€ a partir de la sociedad Euroconsumers sa”, indican sus últimas cuentas, recientemente presentadas en Luxemburgo, que no especifican dónde se encuentra ese vehículo de inversión. Tampoco lo precisan OCU ni Euroconsumers.
Su director Financiero, Philippe Chaboteaux, dice por correo electrónico que la empresa tenía “mucho efectivo disponible” tras vender una filial inmobiliaria en Italia. Y “en 2021” se decidió invertir ese excedente en ese vehículo de inversión colectiva, pese a que la inversión en esa sicav ya figuraba recogida en las cuentas de 2020.
2021 fue uno de los mejores ejercicios de la historia de esa mercantil luxemburguesa, con 4,5 millones de euros de beneficio. Solo por debajo de los de 2018 y 2012, pese a que la cifra de negocios bajó un 3,4%, hasta cerca de 110 millones, la menor desde 2013.
La explicación, según Chaboteaux, es la venta de una filial inmobiliaria en Italia. Las cuentas individuales recogen la venta de Euroconsumers Immobili a Altro Consume Edizioni, editora de las publicaciones de la homóloga italiana de la OCU, con 9,5 millones de plusvalías.
Mientras, el gasto de personal de Euroconsumers (incluyendo cotizaciones sociales y compromisos de pensiones) alcanzó en 2021 los 47 millones, la cifra más elevada desde 2017, con la plantilla más pequeña desde 2013: 555 empleados. A una media de 85.125 euros por cabeza, un récord absoluto y superior a la mayoría de compañías del Ibex.
En 2019, el año previo a la pandemia, el gasto salarial medio por empleado de las empresas del Ibex fue de poco más de 47.000 euros, según CCOO. Casi la mitad que la remuneración media de la organización a la que pertenece la OCU, que ha criticado reiteradamente los sueldos de las cúpulas del Ibex cargando contra sus “sueldazos injustificados”.
Según el responsable financiero de Euroconsumers, en esos 555 empleados “no está incluido el personal español” ya que “España no forma parte” del perímetro de consolidación de Euroconsumers. En 2021, OCU tenía 237 empleados, según su última memoria anual.
A diferencia de las cotizadas, obligadas a publicar al detalle los sueldos de sus consejeros, Euroconsumers lleva años sin aportar ninguna información de las retribuciones de sus órganos de administración, algo que en España le valdría una salvedad de su auditor. En sus cuentas argumenta que esos datos “se han omitido, dado que permitirían identificar la situación de un miembro determinado de estos órganos”.
Según Chaboteaux, los pagos a los miembros del consejo “no están incluidos en el coste de personal total”. Los vocales “reciben una asignación por consejero que no se publica por razones personales privadas”.
En 2021, Euroconsumers acumulaba 86,5 millones en activos, con 34 millones en terrenos y construcciones. La vinculación con el ladrillo viene de atrás, sobre todo a partir de 2004. En 2013, la partida de inmuebles llegó a alcanzar los 55 millones, tras dispararse un año antes un 77%, después de que la filial belga (de la que depende la OCU española) firmase un préstamo bancario de 18,5 millones con vencimiento en 2032. Con ello, la deuda de Euroconsumers con entidades financieras se disparó en 2012 por encima de 25 millones, aunque en los últimos años ha ido reduciéndose. En 2021, bajó de 10 millones por primera vez en casi una década.
Por el perímetro de consolidación de Euroconsumers han desfilado en los últimos años varias inmobiliarias: la italiana Euroconsumers Immobili, creada en 1995, con sede en Milán y 1,5 millones de facturación en 2021, según datos de Insight View; o la portuguesa Porimol Lda, domiciliada en la sede en Lisboa de la homóloga lusa de OCU, Deco, y que en 2005 compró un edificio en Brasil, según se recogía en las cuentas de ese ejercicio. O una nueva filial abierta en Portugal en enero de 2022, Proteste Casa, dedicada a la mediación inmobiliaria y con 100.000 euros de capital.
Unos meses antes, en septiembre de 2021, Euroconsumers creó en Bélgica la sociedad Synallagma, que según el Registro Mercantil de ese país se dedica entre otras cosas a realizar estudios de mercado y sondeos de opinión. “Los recientes desarrollos en el dominio de la colaboración internacional y la adopción de acuerdos con los actores del mercado llevaron a la reflexión sobre la oportunidad de crear una nueva estructura jurídica mejor adaptada para una explotación más óptima de las oportunidades que se presentan”, indica Euroconsumers en sus cuentas.
La creación de esa filial es “la solución más adecuada para desarrollar las colaboraciones y beneficiarse de vías de financiación alternativas”, añade.
Sí ha desaparecido la filial que Euroconsumers tuvo durante muchos años en Hong-Kong, Worldcado LTD. Figuraba desde 2003 en sus cuentas y se liquidó en 2020, tras vender en enero de 2018 dos apartamentos que tenía en ese territorio asiático. En 2016 la OCU demandó a Economía Digital por publicar que esa filial hongkonesa se dedicaba a importar desde allí productos baratos chinos para utilizarlos como anzuelo para captar nuevos socios de las asociaciones de Euroconsumers. Según ese medio, esa filial tenía un administrador que aparecía en los Papeles de Panamá y movía 15 millones al año. La Justicia desestimó la querella en 2018.
Las cuentas de 2021 de Euroconsumers recogen la apertura de una sucursal en España y un beneficio de 2,92 millones procedentes de la pata belga, la más fuerte. Allí una sociedad dedicada a la edición de revistas facturó 84,8 millones en 2021, según sus últimas cuentas, con 4,49 millones de beneficio. Y de allí depende la española OCU Ediciones, que factura unos 30 millones al año y edita las publicaciones que la asociación de consumidores envía a sus socios.
Esta filial colgaba directamente de Euroconsumers hasta junio de 2007. Tras aprobarse la ley española de Consumidores y Usuarios, esa firma luxemburguesa vendió su 75% a entidades asociadas. El 51% lo recompró la Association Belge des Consomateurs Test-Achats ASBL y el 24%, la OCU. La española pasó a estar “vinculada” a Euroconsumers pero “se encuentra fuera del perímetro de consolidación”, como explicaba el grupo en sus cuentas de 2006. El peso de los belgas ha ido creciendo. Actualmente esa entidad controla el 90% de OCU Ediciones. El otro 10% pertenece a la OCU.
OCU Ediciones canaliza la inmensa mayoría de los ingresos de la OCU, incluyendo las comisiones que cobra por las compras colectivas que realiza. Estos pagos, según la asociación, permiten financiar la operativa de esas subastas. El Ministerio de Consumo dice que está “estudiando” si comprometen la independencia de la asociación respecto a las empresas, tal y como exige la normativa española.
La ley de Consumidores española prohíbe a las asociaciones “percibir ayudas económicas o financieras de las empresas o grupo de empresas que suministran bienes o servicios a los consumidores o usuarios”, salvo que se articulen a través de convenios que garanticen la debida “transparencia” e “independencia”. También les prohíbe toda “comunicación comercial”, entendida como “todo acto, conducta o manifestación, incluida la publicidad, no meramente informativa, que se relacione directamente con la promoción o venta de bienes y servicios”.
Creada hace casi medio siglo, OCU es una entidad privada, independiente y sin ánimo de lucro y es la mayor organización de defensa de los consumidores de España, con 203.506 socios en 2021, según su última memoria anual. En los años 90, tuvo un papel clave al destapar casos tan sonados como una trama de fraude de empresarios de estaciones de servicio en la que fue condenado un alto cargo del gobierno de José María Aznar y ex alcalde franquista que, muchos años después, se acogería a la amnistía fiscal del PP.
El actual presidente de la OCU, técnico comercial del Estado y ex secretario de Comercio con Felipe González, es consejero de esa sociedad luxemburguesa desde hace más de una década. Feito tomó el relevo como representante español en Euroconsumers del economista y expresidente de la OCU Carlos Sánchez-Reyes de Palacio, que administró esa firma en el Gran Ducado hasta 2009.
Sánchez-Reyes fue presidente de las Cortes de Castilla y León con el CDS (1987-1991). En 2015 tuvo un fugaz regreso a la política como candidato de Podemos por Palencia en las elecciones generales de ese año.
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