La oposición y el PNV maniobran en el Congreso para rebajar la tasa que tienen que pagar los bancos para financiar la nueva autoridad de defensa del cliente financiero. El plazo de enmiendas ha culminado en el Congreso y entre las más de 250 que se han planteado, destacan las de PP, Ciudadanos, PDeCat, Junts o el PNV con distintas propuestas para rebajar la carga sobre los bancos por cada reclamación que reciban de sus clientes.
La nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero se encamina a un nuevo trámite tras haber esquivado hace unas semanas las enmiendas a la totalidad, presentada por Vox. Se tratará de un nuevo organismo independiente que aglutinará todas las vías de los supervisores para reclamar por parte de los clientes. Estos servicios se unificarán en uno solo, en lugar de estar divididos entre el Banco de España (banca), CNMV (servicios de inversión) y Dirección General de Seguros (aseguradoras).
El debate parlamentario dejó en evidencia un punto de la nueva ley que generaba incomodidad para distintos grupos parlamentarios y para el propio sector: el modelo de financiación. La redacción inicial del proyecto de ley señala que serán los bancos quienes financien este nuevo organismo, pagando 250 euros por cada reclamación que se admita contra ellos. Este punto generó un nuevo punto de fricción entre la banca y el Gobierno, tal y como se plasmó en la última reunión, hace dos semanas.
El nuevo trámite parlamentario tendrá que analizar las enmiendas presentadas por estos partidos que coinciden en aplicar rebajas sustanciales a este importe o eximir del pago si finalmente la autoridad le da la razón a la entidad y no al cliente. La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, se abrió a estudiar una reforma de este punto durante el trámite parlamentario.
El Partido Popular es uno de los que ha presentado un cambio respecto a este modelo de financiación. El principal partido de la oposición plantea que esta tasa sea de 100 euros, en lugar de los 250 euros que marca la ley. El PP, que fue especialmente crítico con esta cuota durante el primer debate parlamentario, mantiene en su enmienda buena parte de la naturaleza de la misma. Será igualmente abonada cuando se registre una reclamación en su contra. Si bien, añade un cambio. En el caso de que la resolución sea favorable para la entidad “la Autoridad procederá al reembolso del 50% de la tasa a dicha entidad”.
Mayor es la rebaja que plantea Junts. El partido, que plantea que sean las comunidades las que gestionen esta autoridad en su territorio, defiende que sea de 50 euros y que iría a la Junta Arbitral de Consumo de Catalunya. Ciudadanos también considera “desproporcionada” la tasa y defiende su rebaja a 50 euros. Si bien, el partido presenta una segunda enmienda que plantea el mantenimiento de la tasa de 250 euros, aunque con un cambio. “En los casos en los que la cuantía de la reclamación sea inferior a la cuota, la Autoridad procederá a la devolución de oficio de la diferencia del importe de la tasa pagada”, apunta la formación. “Asimismo, si la resolución de la reclamación fuera favorable a la entidad financiera la Autoridad procederá a la devolución íntegra del importe de la tasa”, añade.
El PDeCat aboga por mantener la cantidad de los 250 euros, pero plantea que se pague únicamente si además de ser admitida a trámite se le da la razón al cliente. “En el momento de admisión de la reclamación, las entidades financieras vendrán obligadas a ingresar el importe de 50 euros a cuenta del eventual pago de la tasa”, asegura la enmienda planteada por la formación catalanista.
De entre los socios habituales del Gobierno, también hay enmiendas para cambiar esta tasa. Es la que ha planteado el PNV, que ya en el primer debate parlamentario abogó por revisar este artículo de la ley. La formación nacionalista vasca presenta dos modelos para revisar esta tasa. La primera corresponde a vincularla con el gasto efectivo en el que incurra la nueva autoridad. El PNV plantea que esta tasa resulte de aplicar el importe de los gastos el porcentaje que individualmente representan las reclamaciones resueltas frente a cada una de las entidades.
El PNV considera que esta tasa es “excesiva e injustificada”. Por ello, en su segunda enmienda sobre el mismo artículo plantea llevarla a 50 euros, como Junts y Ciudadanos. Además, “se efectuará de oficio una devolución del importe de la cuota de la tasa, que en ningún caso dará lugar al devengo de intereses de demora, cuando, la resolución de la Autoridad sea desestimatoria de las pretensiones del reclamante”.
Se abre ahora el turno del debate en la comisión de Asuntos Económicos entre los grupos parlamentarios para redactar el texto definitivo de la ley. Tras este proceso, el texto definitivo volverá al pleno para su votación y aprobación, para su envío al Senado. El PSOE ha aprovechado esta norma para incluir enmiendas para aumentar las sanciones a directivos y empresas que incurran en cárteles y sean sancionados por la CNMC.
El PNV también ha presentado enmiendas sobre otro de los puntos relevantes de esta ley. Una de las principales novedades de la nueva autoridad es que sus decisiones serán de obligado cumplimiento por las entidades cuando las cantidades reclamadas no superen los 20.000 euros. Hasta la fecha, los bancos no estaban obligados a aplicar las decisiones de los supervisores. El PNV plantea que este límite se rebaje hasta los 2.000 euros.
El PP, por su parte, también incluye una batería de enmiendas encaminadas a ampliar los plazos para la respuesta de las entidades, de 15 a 30 días y la reducción del periodo para poder reclamar, de un año a 3 meses, por parte del cliente. Además, plantea eliminar la posibilidad de las asociaciones de consumidores puedan plantear reclamaciones ante la nueva autoridad. Al igual que el PNV, el PP también plantea rebajar el límite de las decisiones vinculantes, de 20.000 euros, a 1.000 euros.
Por el contrario, otros partidos proponen elevar este límite o directamente eliminarlo. Es el caso de ERC, que en una de sus enmiendas plantea que no exista una limitación para las decisiones vinculantes. De mantenerse, en ERC plantean que el límite se ubique en los 100.000 euros.