Pablo Carmona: “Si no hay un control público efectivo de los alquileres habrá más desahucios, más familias en la calle”

“Detrás del lobby inmobiliario no solo se esconden los poderes financieros, sino también amplias capas de la población que aseguran sus estatus económicos a través de sus propiedades inmobiliarias”. Esta es una de las cuestiones que disecciona Pablo Carmona Pascual, doctor en historia y miembro del colectivo Traficantes de Sueños y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallekas, en el libro 'La democracia de propietarios. Fondos de inversión, rentismo popular y la lucha por la vivienda', editado por Traficantes de Sueños.

Sobre la Ley de Vivienda, en el libro dices: “La legislación impulsada por los movimientos de vivienda fue rápidamente traicionada”. ¿Quién la traicionó?

En el juego político que se ha abierto en el campo de la izquierda, al final ha habido una rebaja de expectativas por todos los lados. No tanto en las de Unidas Podemos como en las que traía el PSOE de fábrica. Eso ha hecho que cuestiones que son fundamentales, que proponía el movimiento de vivienda en su ley, quedasen fuera, como que los precios del alquiler se fijen en torno a los ingresos reales que tienen los hogares y las familias. No tiene ningún sentido que las economías con menos renta estén gastando en la vivienda y en suministros como luz y calefacción el 60% o el 70% de sus ingresos.

¿Entonces es una ley descafeinada?

Veremos qué es lo que definitivamente sale, pero desde luego es una ley descafeinada. Si no hay un control público efectivo de los precios de alquiler y una defensa real de las familias hipotecadas, sobre todo de aquellas con menor renta, va a ser un nuevo desastre. Se volverá a traducir en más desahucios, en más familias en la calle y en la incapacidad de las administraciones públicas para solucionar el drama social que se va a generar y que ya se está generando. 

Una de las claves de la ley es la limitación de los alquileres en zonas tensionadas en función de un futuro índice de precios. ¿Cómo lo ves?

Ya existe un índice público que aprobó [el exministro José Luis] Ábalos. El problema que tiene este índice es que se fía de los precios del mercado. Entonces, si las administraciones públicas y el Estado fijan los precios en torno a lo que realmente se está cobrando, que son precios inflados, lo único que estás haciendo es dar carta de naturaleza a la especulación. La administración pública debería fijar los alquileres en relación al poder adquisitivo real.

¿Del poder adquisitivo que haya en cada barrio? 

Efectivamente, que el precio del alquiler se fije en torno a lo que pueden pagar los vecinos y vecinas de ese barrio porque, de otra forma, la relación entre salarios y precios del alquiler se dispara. 

El tope del 2% a la revisión de rentas de los alquileres es un parche, un 'ni quiero, ni puedo'

¿Cómo ves el actual tope temporal, del 2%, a la revisión de rentas?

Este tipo de medidas son parches. Gran parte de las medidas del Gobierno las podemos definir como un “ni quiero, ni puedo”. Es un “no quiero”, porque políticamente estoy muy atado a las clases propietarias. Y es un “no puedo” porque estoy demostrando todo el rato que son esas clases propietarias las que marcan el paso de las políticas del Gobierno. Y eso, evidentemente, en un régimen que se diga mínimamente democrático, no debería ser así. Se debería hacer un análisis detallado de cuál es la situación. Una realidad social que es de amplísima precariedad, que no es solo no tener trabajo. La precariedad actual es que hay un 25% de la población que tiene un trabajo y, con lo que cobra, no le da para pagar el alquiler, la comida, los suministros. Si partes de un precio del alquiler ya inflado, si fijas un crecimiento de un 2% cuando los salarios no están creciendo, lo que estás haciendo es aumentar la brecha social.

En el libro analizas la evolución de lo que pasó después del pinchazo de la burbuja. ¿Una vez se superó, cambió algo?

Lo que no ha cambiado es que las clases propietarias siguen marcando el paso de la economía política del país. Eso hace que los sectores privados estén todo el rato apretando para que eso siga siendo así. Esto se está redoblando en los últimos años con todas estas campañas anti okupas. Son campañas que toman una realidad social prácticamente inexistente, marginal, porque la legislación es extremadamente dura y rápida con la ocupación, y la elevan a problema nacional. La intención es dar la vuelta a la tortilla, poner como víctimas a las clases propietarias y poner como enemigo público número uno a quien se ve en la calle y, por extrema necesidad, tiene que verse ocupando una vivienda vacía, normalmente de bancos y de entidades financieras que están a la espera de que ciertas zonas de las ciudades se revaloricen. Otra de las cosas que decimos en el libro es que este nuevo ciclo inmobiliario tiene una característica añadida, negativa: que no genera empleo. 

En la burbuja sí se creó empleo, pero también se construyeron pisos en zonas donde nadie quería vivir. 

Se creó empleo, aunque fuera muy de pan para hoy y hambre para mañana, pero la diferencia es brutal, cuando los volúmenes de facturación, por así decirlo, son similares. 

En unas recientes jornadas del sector inmobiliario, una representante de las empresas promotoras vino a decir que unos años de comportamiento inadecuado se habían llevado por delante el buen hacer de los promotores durante décadas. ¿El sector promotor ha cambiado desde la burbuja? 

En el libro echamos un ojo al sector promotor. Vemos que han entrado fondos de inversión, pero mayoritariamente el sector promotor que sobrevivió a la crisis de 2008, porque evidentemente mucho de ese tejido desapareció, sigue siendo muy similar. La diferencia es que ahora, además, quieren más dinero público. Una de sus grandes propuestas es que se construyan viviendas con dinero público y que sean ellos los que gestionen y se lleven los beneficios con la excusa del alquiler asequible.

El Gobierno se ha comprometido a construir 100.000 viviendas de alquiler a precios asequibles, que se construirán, sobre todo, de la mano del sector privado.

En primer lugar, hay que poner en duda que se puedan construir esas 100.000 viviendas. Ese tipo de cifras se llevan prometiendo a lo largo de prácticamente toda la democracia y jamás se han construido. Hay que tener en cuenta que, en todo el Estado, hay prácticamente medio millón de familias inscritas en listas de espera de vivienda pública. Ni aunque las hiciesen de hoy para mañana servirían. 

Además, hay otro elemento. Estas viviendas saldrán a precios por debajo de mercado pero hay cientos de miles de familias que no pueden pagar ni los 800 euros de mercado, ni los 400 que les piden desde el ámbito público. Lo que se está haciendo es un efecto que ya se ha visto en el mundo anglosajón, porque cuando las familias no pueden pagar, lo hace el Estado. Es una rueda, porque estas entidades privadas van a estar gestionando vivienda pública durante 75 años y llevándose los beneficios que se garantizan por contrato.

El sector privado, si gestiona, quiere un beneficio.

Es obligatorio. En los pliegos está fijado el margen de beneficio que tienen que tener, porque evidentemente tanto la operación de construcción como de gestión del propio alquiler genera un beneficio para el sector privado. El tener una línea de licitaciones públicas les puede garantizar una base, tanto de construcción como de gestión inmobiliaria, para mantener sus cuentas a flote. Por eso están tan animados, por primera vez en décadas, a participar de este tipo de proyectos. Pero todo ello va a ser a un ritmo muy bajo, insuficiente, que no va a solucionar nada. 

En el libro desgranas el papel de Sareb, que se ha convertido en una especie de cementerio de inmuebles que nadie quiere. ¿Le ves solución?

El objetivo de Sareb era rescatar la economía del ladrillo, mantener los precios, tanto de las entidades financieras como del conjunto del sistema inmobiliario. Este funciona porque los precios están hinchados y todo el mundo tiene eso en la cabeza, desde el propietario más pequeño hasta los grandes. Sareb cumplió la función de comprar a precios hinchados y el gap con lo que realmente valían esas viviendas se asumió por el Estado. Hay que recordar que toda la operación Sareb se avala con 50.000 millones del memorándum con la Unión Europea. A día de hoy, aparte de las pérdidas anuales que ha ido teniendo Sareb, que ha sido un auténtico desastre, quedan 35.000 millones de euros que pertenecen ya a la deuda pública española. Eso hace que, a día de hoy, aunque no se vea, tengamos una posible crisis de deuda pública y está en manos de los mercados financieros hacerla estallar. 

El BCE y los mercados financieros tienen en su mano el hacer estallar una nueva crisis de deuda, donde España está entre la espada y la pared

¿En qué medida puede estallar?

El Banco Central Europeo y los mercados financieros tienen en su mano el hacer estallar una nueva crisis de deuda donde España, con un 120% o un 125% de deuda pública está entre la espada y la pared. El día que corten el grifo comenzará, de nuevo, el problema de los recortes. Por ahora, no se ha hecho estallar porque evidentemente son intereses y cuestiones políticas.

¿Y con Sareb también hay cuestiones políticas? ¿Se podía haber aprovechado para hacer un parque público de vivienda?

Todo ese parque de viviendas podría haber sido reabsorbido como parque público. Los 100.000 millones que se depositaron en las entidades financieras en forma de rescate, si hubiesen sido pagados en parte con esas viviendas, desde luego que el parque público de vivienda actual sería infinitamente mayor. Habría un colchón para esas 100.000 viviendas, como poco. Lo que pasa es que no se quiso hacer, porque eso significaba desbaratar esa economía de mantenimiento de precios hinchados del mercado inmobiliario.

En esta nueva realidad post burbuja también están los servicers. ¿Qué son?

Los fondos de inversión intervienen sobre los territorios prácticamente sin mojarse, sin aterrizar. Generan estructuras que son bastante fantasmagóricas, porque tienen muy poquitos empleados. Ahí aparece esta figura de los servicers, que se hacen cargo de enormes carteras de inmuebles, de decenas de miles de pisos, que empiezan a comercializar y a gestionar. También empiezan a aparecer las socimis como sociedades de inversión que, además, solo se desarrollan si los gobiernos legislan fiscalmente en su favor para que no tengan que pagar impuestos y puedan repartir sus dividendos. Al final son figuras de una economía ultraextractivista, que no rinden cuentas y que solo se pueden revertir con políticas fiscales agresivas. 

En este caso, estamos pagando dinero público a Blackstone y KKR, porque se les ha contratado para que sean los servicers de Sareb.

Sí, porque luego ese mercado especializado de gestión inmobiliaria es utilizado por la Sareb. También cuando se licitan empresas públicas o se hacen empresas mixtas, como es el caso de Habitatge Metròpolis Barcelona que, al final, quien se lo lleva es Neinor Homes. Son las marcas de las que al final acaba dependiendo la política pública de vivienda, lo que es como poner al zorro cuidando a las gallinas.

En el libro hablas de las socimis. ¿Se podría cambiar su régimen fiscal, plantearlas de otra forma?

Es difícil porque la gran misión de las socimis es sacar muchos dividendos con poca estructura. De hecho, las socimis, fundamentalmente, no se dedican al mercado residencial, sino a los nuevos grandes sectores inmobiliarios que son el hotelero, el logístico, los centros de datos o las oficinas. Tendría que haber una línea de intervención fiscal en la que se entienda que a estas economías especulativas hay que intentar ahogarlas fiscalmente. Es decir, si usted quiere hacer este tipo de operaciones, que son operaciones relámpago en el tiempo, que no tienen ninguna tradición en nuestro territorio, que lo único que buscan es maximizar beneficios, tiene que haber una línea fiscal específica que desincentive ese modo de actuar. Al final, lo que hacen es dibujar una sociedad que se rompe, entre quien tiene esas posiciones propietarias y quien no las puede alcanzar.

El libro se titula 'La democracia de propietarios'. ¿Es por eso?

Eso es. La idea era entender por qué nunca se legisla de manera profunda y fuerte en el ámbito de la vivienda. La explicación de que es el poder de los fondos de inversión me parecía insuficiente, porque solo controlan un 8% o un 10% del mercado del alquiler. La explicación es que no solo son los fondos de inversión, sino que también las clases medias y altas están participando de manera muy activa en la compra de viviendas con fines especulativos. Vemos que un 15% de la población está jugando a ese juego. Es una parte de la sociedad que está muy pendiente de que los valores inmobiliarios mantengan su precio, que se suma a esa economía extractiva de los fondos de inversión. Juntos hacen un frente de propietarios al que defienden intereses políticos, parlamentarios. De hecho, muchas veces se está interviniendo más sobre los grandes propietarios e inversores que sobre esas clases medias y altas propietarias, que tienen exenciones fiscales enormes.

De hecho, preguntas al lector si conoce algún rentista. ¿Por qué esa pregunta?

Porque creo que todo el mundo que esté en cierto estrato social, a lo largo de su vida, si va a heredar una casa, se pregunta cuánto va a obtener de eso. Es algo extendido en la sociedad de clases medias. Y luego mucha gente tiene una vivienda alquilada o conoce a alguien que la tiene. Es una reflexión, porque la especulación inmobiliaria está más socializada de lo que pensamos. También para entender que hay que decidir si intervenir y explotar esa burbuja de precios. Si queremos mantener un mercado de la vivienda con ciertos precios, con estándares especulativos, eso es incompatible con que otra parte de la sociedad tenga una vivienda digna.

¿Por qué?

Porque las políticas públicas de vivienda nunca han existido en el Estado español. La solución pasa por intervenir el mercado privado de manera clara. En el libro me atrevo a decir en un horizonte comunista, no de Partido Comunista, sino de poner en común esa riqueza que está privatizada y que debería cubrir una necesidad central, que es tener un techo. 

Hay países que no son precisamente comunistas, como Austria, donde hay una gran parte del parque de vivienda que es de alquiler asequible. ¿Por qué han sido capaces de hacerlo?

Porque son políticas que ya cumplen más de un siglo con ese perfil de tener un parque público de vivienda. Entienden que no es un negocio. En España nunca ha habido un verdadero sector público de vivienda y la mayoría de intervenciones han ido a que rentas bajas, al final, tengan una vivienda en propiedad. La diferencia es enorme. Aquí, cuando sube el Euribor, se habla del 20% de propietarios precarios que no van a poder pagar la hipoteca. No se piensa en los alquileres. Es decir, se está parcheando, se está posponiendo, pero los datos de desahucio están ahí, los datos de pobreza están ahí.

¿Y los fondos buitre también están ahí?

Claro, los fondos buitre están ahí. Saben que su gran escudo de protección es que la mayoría del mercado inmobiliario está en manos de particulares, que son los votantes. Lo ponen en juego y fomentan asociaciones de propietarios como Asval, que juegan el papel de lobby de defensa, que recuerda que si se interviene este mercado, se está interviniendo también sobre una buena parte de los votantes.

Hay una frase del libro: “El ahorro y la inversión se han convertido en el medio más eficaz para mantener el estatus social. Esta posición intocable ha quedado retratada en todos los intentos que ha habido por trastocar, aunque fuese mínimamente, las reglas del juego del puro mercado en el ámbito de la vivienda”. Entonces, ¿intervenir la propiedad es una utopía?

Es difícil porque el capitalismo tiene cada vez más una clara forma rentista, es decir, cada vez más el beneficio se forma a partir de las posiciones de propiedad. Eso es todo un debate que hay ahora en torno al capitalismo rentista, al tecnofeudalismo. Todo el mundo que tiene oportunidad trata de tener esa posición rentista, tener una propiedad que te genere unos ingresos simplemente por ponerla en circulación. Eso hace que en una sociedad de capitalismo precario, que genera cada vez empleo de peor calidad, empleo con menor salario, contornos inflacionistas, se genere un posible estallido social y un horizonte de pobreza. La propiedad y las posiciones rentistas marcan una línea divisoria entre quién caerá en el pozo, por decirlo así, y quién va a poder sobrevivir ante una nueva crisis. 

¿Y ahí hay un ápice de optimismo?

Yo creo que sí. El ápice de optimismo es que quienes están en contra de estas políticas se están organizando. Existe un tejido social de lucha sindical en el ámbito de la vivienda, representado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, por los sindicatos de inquilinos que tienen nodos en multitud de ciudades. El propio libro surge de ahí porque yo participo en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Es la idea de denunciar, de pelear, de desobedecer y de conseguir que los gobiernos también se giren hacia políticas mucho más ambiciosas y que realmente aborden el fondo del problema de la vivienda.