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El Gobierno rechaza devolver el “dinero rojo” incautado por Franco
El 13 de julio de 1939, tres meses después de terminar la Guerra Civil, Emiliano Rodríguez, vecino de Cabezamesada (Toledo), fue a casa de su hermano. “Trae todo el dinero que tengas”, le pidió. Lo colocó junto al suyo propio y al de su padre y se fue al ayuntamiento del pueblo. Allí entregó los tres fajos de billetes a las autoridades franquistas, que le devolvieron sendos recibos a cambio. Guardó el suyo y el de su padre, por valor de 9.000 y 9.500 pesetas, respectivamente. Cuando le dio a su hermano el que le correspondía, éste lo quemó.
El que relata este episodio, ochenta años después, es uno de los hijos de Emiliano, Roberto Rodríguez, que conserva esos pagarés. Apela al Estado español a que le devuelva las 18.500 pesetas, con intereses acumulados, como se hizo en Alemania con algunos bienes incautados a los judíos o en España con las posesiones de partidos políticos y sindicatos al llegar la democracia. “No pararé de reclamar que me devuelvan el dinero que Franco le robó a mi padre y a mi abuelo hasta que me muera”, advierte en una entrevista con eldiario.es en la pensión que regenta en la calle Mayor de Madrid. Y confía en que si él no llega a verlo, sea su hija, jueza, la que tome el relevo en la demanda.
Roberto es uno de los alrededor de mil descendientes que guardan los recibís del dinero republicano con el encabezamiento “fondo papel moneda puesto a circulación por el enemigo”, y que esperan aún un resarcimiento del Estado.
El bando franquista exigió que todo aquel que tuviera dinero republicano lo depositara en instituciones como los ayuntamientos, comandancias militares o entidades bancarias. La cantidad entregada pudo ascender a 35 millones de pesetas. El Banco de España, en cuyo archivo histórico se conserva un libro de registro de estas operaciones, dice no tener un cálculo sobre la equivalencia actual de esta cantidad, que algunas asociaciones elevan a 3.000 millones de euros actuales. No obstante, la moneda republicana durante la guerra estuvo afectada por una gran inflación que complica estos cálculos.
“La gente que tenía ese papel tenía más miedo que otra cosa. Hasta que no han muerto las personas que aparecen en los recibos no hemos podido reclamarlo”, explica Laureana Cervera, presidenta de la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista, donde se agrupan unas 700 familias afectadas. Por ejemplo, el tío de Roberto Rodríguez directamente destruyó el recibo, algo que se repitió en multitud de casos de personas deseosas de romper cualquier vínculo con la antigua legalidad por miedo a la represión.
Según Laureana Cervera la situación fue tan común y generalizada que los recibos se pueden comprar en algunos mercadillos. “Creemos que para poder recuperar el dinero se debe demostrar la relación de parentesco con el expoliado”, opina al respecto.
La entrega del “dinero rojo” fue una de las instrucciones del aparato de incautación que puso en marcha el régimen de Franco en plena guerra para ir acabando con la economía de la zona republicana.
“Cuando tienen que optar entre las lógicas económicas y las represivas, al contrario de lo que se pudiera pensar, a menudo optan por las lógicas represivas”, relata el decano de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación y profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, Manuel Álvaro Dueñas.
Según explica en una conversación con eldiario.es, el decreto de 1936 que dispone la incautación de los bienes de las organizaciones y personas desafectas al franquismo provocó un verdadero caos económico, hasta el punto de que la patronal bancaria y los propios organismos centrales de incautación advirtieron a las autoridades golpistas del perjuicio económico nacional que estaban generando.
Por ejemplo, se intervienen los saldos bancarios en las sucursales de la zona franquista que pertenecían a empresas y particulares en la zona republicana y se aplicó la presunción de culpabilidad. No podía haber movimientos en esas cuentas hasta que todos los titulares demostraran ser afectos al régimen a través de certificados y con testimonios exculpatorios de personas “limpias” que ya hubieran mostrado su adhesión a los golpistas.
En el caso de las empresas, este proceso debían llevarlo a cabo todos los miembros de sus consejos de administración. Llegaron a bloquear cuentas de Siemens, que por otra parte estaba proporcionando armamento al propio bando sublevado, y tuvo que mediar el gobierno alemán de Adolf Hitler para resolverlo.
“Todo el proceso de incautación tuvo un efecto práctico inmediato pero también punitivo: amedrentar, controlar, tocando algo tan básico como las economías familiares. Están tan obsesionados con que no se les escape un desafecto, que generan en ocasiones un verdadero caos económico”, incide Manuel Álvaro Dueñas.
En este proceso que se produce tras partirse en dos lo que hasta entonces era un espacio económico único, el bando franquista quiere acabar con el dinero republicano. En un primer momento, utilizan el método del estampillado, es decir, colocan unos sellos en los billetes emitidos por el gobierno legítimo para otorgarles vigencia, tal y como refiere en su obra José Ángel Sánchez Asiaín, citado por Álvaro como referente en la materia. Después, los franquistas directamente reclaman su entrega, a cambio de unos recibos. Son los descendientes de quienes conservaron estos comprobantes los que ahora reclaman su devolución.
Demanda ante el Tribunal de Estrasburgo
Una parte de ellos, unos 130, han interpuesto varias demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, representados por el despacho de abogados de Baltasar Garzón, ILOCAD.
“Es difícil que estimen una pretensión de esta naturaleza”, admiten fuentes del despacho. No obstante, han presentado cuatro recursos ante la Corte Europea de Derechos Humanos y tienen otros dos pendientes de registrar una vez que el Tribunal Constitucional español inadmita, previsiblemente, los recursos de amparo que anteriormente llevaron ante esta instancia.
Son los últimos pasos que se están dando en un largo proceso en el que ni el Consejo de Ministros, ni el Congreso, ni los distintos tribunales a los que se ha apelado en España han aceptado las demandas de este colectivo. No niegan la existencia de un daño, pero alegan que solo tenían derecho a reclamar entre el 27 de diciembre de 1978, cuando se aprueba la Constitución, y el mismo día de 1979. Las responsabilidades patrimoniales al Estado se pueden reclamar en el plazo de un año, y se considera que el periodo se inicia al entrar en Democracia, ya que durante la dictadura se entiende la imposibilidad de reclamar. Para el despacho ILOCAD, esta resolución es “arbitraria” y colisiona con el artículo 6 del Convenio de Derechos Humanos.
La Ley de Memoria Histórica como freno a sus demandas
La Ley de 2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, llamada comúnmente “ley de memoria histórica”, paradójicamente cierra la posibilidad de que los particulares recuperen los bienes expoliados, según señala el magistrado José Antonio Martín Pallín y recuerda Manuel Álvaro en el artículo La justicia de Franco. Naturaleza y legitimación de la represión franquista, publicado con motivo del I Congreso de Víctimas del Franquismo, que se celebró en 2012.
Esto es así porque la ley exime de responsabilidad patrimonial al Estado y a cualquier administración pública. “Es decir, se puede obtener un resarcimiento moral, pero no reclamar la restitución de los bienes incautados o una compensación económica por su expolio”, afirman.
Antes de la aprobación de la ley sí hubo casos conocidos de reclamación de bienes incautados con fortuna, como los de la familia del naviero vasco Ramón de la Sota, cuyos bisnietos recuperaron en 1982 un palacete. Es decir, después del plazo de un año que supuestamente habrían tenido para reclamarlo según las alegaciones dadas por distintos tribunales a los reclamantes del “dinero rojo”.
El edificio, que había sido incautado en 1940, fue sede del Gobierno Militar de Vizcaya durante el franquismo y ahora lo es del Athletic de Bilbao.
“Consideramos que la sociedad civil es víctima de un agravio comparativo muy grave con sindicatos y partidos políticos”, dice Laureana Cervera. “Si hubiera una justicia honesta, ese dinero ya lo tendría yo, porque aquí se hizo una guerra para robar. Y muchos son millonarios ahora gracias a ese dinero. Hay quien dice que el dinero republicano fue más importante para ganar la guerra que los aviones alemanes”, lamenta Roberto Rodríguez, hijo, sobrino y nieto de miembros del bando perdedor. Asegura que ve una ventana de esperanza para su causa en caso de que el PSOE gobierne con apoyo de Unidas Podemos. “Yo no soy de ningún partido –concluye– Pero me doy cuenta de que ellos quieren poner las cosas en su sitio”.